La interrupción legal del embarazo: El caso de la Ciudad de México

Por Marta Lamas

Dividida en cinco apartados, esta obra expone un panorama general de las diversas luchas ideológicas y políticas, en la Ciudad de México, por la legalización del aborto. En el primer apartado se incluyen los antecedentes más destacables que dieron pie a la lucha en pro de la interrupción legal del embarazo, algunos de los cuales son tan lejanos en el tiempo como el siglo XIX. A continuación, se despliega toda una serie de posibilidades en torno a la despenalización, considerando desde la práctica médica a su inclusión en los derechos humanos. Los siguientes dos apartados hacen un recuento de los diferentes aspectos ideológico-políticos, que han formado parte del movimiento, tanto en pro como en contra. Al final, se ofrece un balance de las tareas a futuro y de los beneficios que podría traer la legalización y aceptación del aborto como una alternativa para los embarazos no deseados.

• Idioma: Español
• Editorial: Fondo de Cultura Económica
• Fecha de lanzamiento: 25 may 2017
• ISBN: 9786071649645

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I. ANTECEDENTES

SUELE creerse que la lucha por el acceso a una interrupción legal del embarazo es un fenómeno reciente, de finales del siglo XX. Sin embargo, en México la demanda de despenalizar el aborto tiene una historia que se remonta a los años treinta, cuando el Código Juárez, que dominó por muchos años la legislación penal mexicana, fue sustituido por el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales de 1931. No hay que olvidar que los antecedentes de esta legislación liberal respecto del aborto se encuentran en el siglo XIX. En efecto, en el proceso de separar al Estado de la Iglesia católica, la generación liberal —que, según Carlos Monsiváis, impuso a la nación un proyecto histórico y muy a medias un modelo de sociedad (2008: 14)— se dio a la tarea de formular leyes que plasmaran esa visión. Así, en 1871 se promulgó el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, el llamado Código Juárez, en el que por primera vez se clasificó el aborto en un apartado distinto al del delito de homicidio. Ese primer código penal netamente liberal (Barraza, 2003: 21) consideró necesario el aborto cuando, de no efectuarse, la mujer corriera peligro de muerte (art. 570). Además, no castigaba a la mujer cuando el aborto fuera imprudencial o culposo (art. 572). Pese a su origen liberal, entretejidas con las anteriores disposiciones se encontraban ideas sobre la honra de la mujer, que tenían gran peso social en aquella época. De tal manera, el aborto intencional podía tener atenuantes por razones de honor: si la mujer no tenía mala fama, si había logrado ocultar su embarazo y si éste era fruto de una unión ilegítima (art. 573).

La novedad del código de 1931 fue no considerar punible el aborto cuando el embarazo fuera resultado de una violación (art. 333). Esta exculpación de responsabilidad penal introdujo una importante variable de ética laica (De la Barreda, 1991: 41), producto del predominio de juristas de tendencia socialista, cuya apertura ideológica en la redacción del mencionado código provenía de los valores que signaron a la Revolución mexicana. La no penalización del aborto cuando el embarazo fuera producto de una violación significó un avance indiscutible que se sumaba a dos causas presentes en el Código Juárez: cuando el aborto fuera resultado de imprudencia y cuando se realizara para salvar la vida de la mujer. Sin embargo, el que no se aceptaran otras causas —económicas o psicológicas— favoreció la persistencia de la práctica clandestina y riesgosa a la cual recurrían miles de mujeres que tenían el deseo o la necesidad de interrumpir su embarazo. Y precisamente como resultado de esa negativa ocurrían las tragedias en torno al aborto ilegal.

Cinco años después, en 1936, durante la Convención de Unificación Penal celebrada en el Distrito Federal, la doctora Ofelia Domínguez Navarro propuso que se derogara la legislación penalizadora (Cano, 1990). Su texto, titulado El aborto por causas sociales y económicas, tomaba como eje la injusticia social, y concluía que el aborto era un problema cuya reglamentación competía a la salubridad pública y no al derecho penal. Las feministas de la época retomaron la argumentación y la llevaron a otros foros. Por ejemplo, la doctora Matilde Rodríguez Cabo (la tercera esposa del general Francisco Múgica) expuso la dimensión social del aborto ilegal ante el Frente Socialista de Abogados y repitió la argumentación de Domínguez Navarro: urgía despenalizar.

La reivindicación del aborto salió del debate político en la medida en que el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que había sido creado en 1935, se concentró en la consecución del sufragio femenino. Se le evitó tanto en las discusiones jurídicas como en las médicas. Hubo que esperar al resurgimiento feminista de la década de 1970, cuando el activismo de los grupos que se unieron en la Coalición de Mujeres Feministas se articuló en torno al reclamo del derecho sobre el propio cuerpo (Lau, 1987; González, 2001; Lamas, 2001b). La irrupción de la segunda ola del feminismo en la esfera pública puso en evidencia un enorme conjunto de experiencias y materialidades que no habían sido reconocidas y estaban ausentes de la agenda política —incluso de la izquierda—, las cuales estaban relacionadas con el cuerpo y los afectos. El feminismo abrió un espacio en el que era posible hablar de lo prohibido y estigmatizado, e introdujo en el discurso y el ámbito político cuestiones personales que no se consideraban propiamente políticas. Al mostrar la carga de opresión y discriminación que pesaba sobre las mujeres, la intención de la propuesta feminista no era solamente incluirlas en el catálogo de las personas marginadas y excluidas, sino dar un salto en la mismísima racionalidad política (Dominijanni, 2012). Por eso el lema fue lo personal es político.

Así, la lucha por la autodeterminación sexual y reproductiva caracterizó a la segunda ola del feminismo mexicano en la década de 1970. Las feministas mexicanas empezamos a hablar de derechos, a plantear reivindicaciones relativas a la sexualidad y la reproducción, y a expresar la legitimidad de nuestros deseos a partir de la premisa mi cuerpo es mío. La necesidad de modificar la legislación vigente sobre el aborto fue planteada desde el inicio por el grupo Mujeres en Acción Solidaria (MAS), durante la convivencia realizada en la escuela Cipactli, en noviembre de 1972. Las primeras conferencias públicas sobre el tema (de 1973 y 1974) nos enfrentaron con nuestros compañeros de la izquierda, en particular con los del Partido Comunista Mexicano (PCM), que nos acusaron de ser agentes del imperialismo yanqui por promover una medida tan malthusiana.

El derecho a decidir sobre el propio cuerpo fue la reivindicación que, como hilo conductor, unió a las distintas corrientes feministas que coincidieron en la Coalición de Mujeres Feministas (CMF), que se formó en 1976. Entre todas decidimos trabajar conjuntamente por tres propósitos: 1) contra la violencia hacia las mujeres, 2) por la maternidad voluntaria y 3) en favor del respeto a la opción sexual. Al plantear la lucha por la maternidad voluntaria pusimos mucho hincapié en los cuatro elementos indispensables para hacerla realidad:

educación sexual, dirigida con especificidad a distintas edades y niveles sociales;

anticonceptivos seguros y baratos;

aborto como último recurso, y

rechazo a la esterilización forzada (sin consentimiento).

En 1976 el grupo Movimiento Nacional de Mujeres¹ llevó a cabo la Primera Jornada Nacional sobre Aborto, y no sé si el alboroto que generamos las feministas fue lo que hizo que el gobierno de Echeverría decidiera estudiar las consecuencias del tema. Con ese objetivo, Luisa María Leal, la primera secretaria del Consejo Nacional de Población (Conapo), dependiente de la Secretaría de Gobernación, formó el Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México (GIA). Compuesto por más de 80 especialistas, demógrafos, economistas, psicólogos, médicos, abogados, antropólogos, filósofos, un sacerdote católico, un pastor protestante y un rabino judío, el GIA se reunió en la ciudad de Querétaro en 1976, y aunque la resolución no se publicó, varios participantes han escrito al respecto (véase Mateos Cándano, 1980). El GIA se pronunció por la supresión de toda sanción penal cuando el aborto fuera voluntario y por la expedición de normas técnicas sanitarias para ofrecer el servicio. A pesar de la postura progresista del GIA y de Luisa María Leal, el gobierno no difundió dicho pronunciamiento. Sin embargo, el tema ya estaba colocado. Carlos Monsiváis, que en ese entonces dirigía el suplemento La Cultura en México, de la revista Siempre!, alentó la discusión pública del tema con tres artículos sobre el aborto, y poco después publicó el manifiesto Por la legalización del aborto, firmado por más de 200 personalidades del mundo intelectual, artístico y feminista.²

El hecho de que la recomendación del GIA se orientara a suprimir toda sanción penal cuando el aborto fuera voluntario y a expedir un protocolo sanitario adecuado para ofrecer el servicio confirmó la justeza de nuestra demanda. El problema quedó entonces ubicado como uno de equilibrios políticos y correlación de fuerzas. Nos dimos cuenta de que, además de dar a conocer la legitimidad de nuestra causa, había que conseguir que más personas se pronunciaran abiertamente por ella, pues en privado casi todo el mundo lo hacía. Pero no todas las feministas pensábamos igual. En ese tiempo había un debate interno en la Coalición entre quienes se inclinaban por la simple despenalización y quienes señalaban que ésta era insuficiente, pues aún después de su despenalización el aborto podía ser inaccesible para la mayoría de las mujeres. Había que solicitar, por lo tanto, su legalización y lograr que formara parte de los servicios de salud pública en los hospitales del Estado. Esta posición ganó, y la Coalición adoptó el lema Por un aborto libre y gratuito; libre, porque bastaría la voluntad de la mujer para realizarlo, y gratuito, en tanto servicio de salud ofrecido en los hospitales públicos.

En 1977, frente a la Cámara de Diputados. Foto: Ana Victoria Jiménez.

En 1977, la Coalición de Mujeres Feministas presentó un proyecto de ley feminista sobre el aborto, que se llevó mediante una manifestación a la Cámara de Diputados. Allí se puso en manos de los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que entonces no había representación de la izquierda. El licenciado Rodolfo González Guevara recibió a las integrantes de la comisión feminista, nos escuchó y luego congeló el proyecto. No se discutió siquiera.

A partir de entonces la campaña por conquistar la legalización del aborto se volvió uno de los ejes centrales de lucha de todos los grupos feministas. Cualquier excusa era buena para manifestarse por la necesidad de legalizar dicha práctica. En 1978, el Movimiento Nacional de Mujeres propuso celebrar en el Día de la Madre una marcha de mujeres enlutadas que cargaran coronas fúnebres por la Avenida Reforma, desde la Columna de la Independencia hasta el Monumento a la Madre, en memoria de las mujeres muertas por abortos mal practicados. Esta marcha se convirtió durante algunos años en uno de los actos rituales del feminismo mexicano.

Con la creación del Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM), en 1979, la Coalición de Mujeres Feministas encontró importantes aliados entre los sindicalistas (STUNAM y SITUAM) y los militantes de partidos de izquierda (PCM y PRT). A pesar de sus diferencias, dichas organizaciones hicieron un intento de trabajar conjuntamente para reformar el proyecto de ley que las feministas habían presentado en 1977. Sin embargo, la elaboración del nuevo proyecto de ley resultó de una dificultad insospechada. El punto nodal del conflicto fue el plazo que debería fijarse para la interrupción del embarazo. Algunas feministas proponían que la mujer pudiera abortar en cualquier momento del embarazo, sin fijar un término; las demás estaban divididas entre quienes pensaban que había que limitarlo a tres meses y quienes argumentaban que cinco meses era el periodo fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para diferenciar el aborto del parto prematuro. Después de encendidos debates, se logró un consenso entre las distintas tendencias del feminismo, y el proyecto fue presentado a la fracción parlamentaria comunista en septiembre de 1980, con el límite de cinco meses. Los comunistas a su vez reformaron el proyecto y bajaron el límite a tres meses. Lo presentaron en la Cámara de Diputados (entonces no había Asamblea Legislativa del Distrito Federal) en noviembre de ese año con el mismo nombre que le había dado el feminismo: Proyecto de Ley sobre Maternidad Voluntaria. El nuevo proyecto tuvo la misma suerte que el anterior: fue congelado en los archivos parlamentarios.

Día de la Madre, 1978. Foto: Ana Victoria Jiménez.

La campaña conjunta de la Coalición y el FNALIDM marca uno de los periodos más dinámicos del movimiento de la lucha por el aborto (1980-1981). El 15 de diciembre de 1980 ambas organizaciones publicaron un desplegado titulado ¿Qué pasa con la legalización del aborto?³ Hay que subrayar que las feministas de la Coalición y del FNALIDM organizamos debates públicos, mesas redondas, conferencias y otros actos (obras de teatro y recitales de música, entre ellos) en torno del proyecto de ley. También es importante destacar que las feministas del PCM participaron en condiciones francamente peligrosas, pues la Iglesia católica desató un feroz ataque contra este partido a través de organizaciones fascistas como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) y de activistas que luego integraron el Comité Nacional Provida. Además, las pugnas internas de los partidos en el FNALIDM, el aislamiento de la Coalición, el congelamiento del Proyecto de Ley sobre Maternidad Voluntaria presentado por el PCM y, sobre todo, la campaña terrorista de la derecha provocaron una situación de decepción, frustración y miedo que desembocó en la desmovilización generalizada; el activismo prolegalización entró en un tiempo de reflujo. Fue tal la desmovilización que, en 1983, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid (PRI) presentó una iniciativa de despenalización en el Distrito Federal por medio del entonces procurador general de la República, Sergio García Ramírez, el movimiento no consiguió reorganizarse y estructurar una respuesta de apoyo. Sin esa resistencia, la Iglesia católica logró que se archivara la propuesta gubernamental (Tarrés et al., 1991).

El repunte del activismo feminista en el Distrito Federal se produjo después del terremoto de 1985. Alentado por la amplia movilización que generó el sismo, se manifestó el avance del movimiento de mujeres (Tuñón, 1997). A pesar de que las feministas surgimos como nuevos actores sociales desde la década de 1970, el movimiento feminista no había significado una opción política para las mujeres del sector popular. Gravitaba el hecho de que las feministas empezamos a ser estereotipadas como abortistas, lo que por supuesto malogró las pretendidas oleadas de seguidoras que esperábamos.

En 1986 se llevaron a cabo las jornadas Feminismo y sectores populares en América Latina, con la participación de feministas de 16 países latinoamericanos (VV. AA., 1987). También se conformó el grupo que coordinó en México la realización del IV Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se llevó a cabo en Taxco, en 1987. Sin embargo, el tema del aborto no fue prioritario entre las múltiples discusiones y propuestas que allí se dieron.

En 1987, las integrantes de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos acordaron proclamar el 28 de mayo como Día mundial de acción por la salud de las mujeres. Desde entonces, distintas organizaciones de mujeres han elegido ese día para hacer la denuncia de diversos aspectos de la morbilidad y mortalidad femenina, y han desplegado una variedad de actividades dedicadas a mejorar la calidad de la atención a la salud femenina.

Después de un largo silencio público de las feministas sobre el aborto, en 1989 la violación de derechos humanos por parte de elementos de la policía volvió a poner el tema en el tapete de la discusión. Durante la Semana Santa, un grupo de agentes judiciales irrumpió en una clínica del Distrito Federal en la que se practicaban abortos ilegales y detuvo tanto a mujeres que acababan de abortar como al personal médico. Los agentes los confinaron en los separos de Tlaxcoaque, donde los extorsionaron e, incluso, torturaron. A los pocos días una de las detenidas decidió denunciar el hecho. Esta vez, la violación de los derechos humanos fue el elemento central de la denuncia, lo que configuró una reacción diferente de parte de la opinión pública: la sociedad expresó su indignación en defensa de las mujeres víctimas de la policía. Y pese a la ausencia de una instancia colectiva de encuentro y discusión del movimiento feminista, unas pocas feministas organizamos la publicación de un desplegado cuyo encabezado decía: Ninguna mujer aborta por gusto. Ninguna mujer debería enfrentar, además del conflicto que supone un aborto, todo lo que implica la clandestinidad: el riesgo, la extorsión, la enfermedad y la muerte.⁴ La característica principal fue la pluralidad de las adherentes: funcionarias gubernamentales, artistas e intelectuales, políticas del PRD y del PRI, y activistas feministas. Fue una iniciativa posible debido a la existencia de una red informal de comunicación y relaciones personales con mujeres políticas y artistas.⁵

Los efectos de la movilización generada por lo sucedido en Tlaxcoaque y por el desplegado fueron revitalizados después por el debate sobre la legalización del aborto en Chiapas. A fines de diciembre de 1990, la prensa nacional dio a conocer que el Congreso de Chiapas, de mayoría priista, había ampliado las razones para que el aborto dejara de ser punible: lo podía solicitar una pareja con fines de planificación familiar, una mujer soltera o, simplemente, por razones económicas cualquier mujer. Ante la decisión del Congreso de Chiapas se desencadenaron las respuestas: primero las de los voceros oficiales y oficiosos de la Iglesia católica y a continuación las del movimiento feminista. El 8 de enero de 1991 se congregaron 62 organizaciones sociales, sindicales, femeninas, feministas y de otra índole que decidieron fundar el Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto. El 13 de enero de 1991, el PRD aprobó por unanimidad una resolución interna favorable sobre la despenalización del aborto, aunque a partir de ese momento —y durante años— guardaría un cauteloso silencio.

El primer acto público del Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria fue la marcha del 15 de enero en que protestamos por la suspensión de las reformas chiapanecas. El lema fue Yo he abortado y decenas de mujeres portamos un letrero con esa frase hasta la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde entregamos un escrito en el cual argumentábamos que el derecho a interrumpir un embarazo es un derecho humano de las mujeres.

El apoyo de intelectuales y científicos de primer nivel, como Carlos Monsiváis, Luis Villoro y Ruy Pérez Tamayo, fue notable. Como seguimiento periodístico de la polémica desatada por el caso de Chiapas, el 15 de febrero de 1991 se transmitió un debate en Televisa dentro del programa de discusión Usted, ¿qué opina? que conducía Nino Canún desde las 11 de la noche hasta la madrugada. La emisión sobre el aborto resultó una de las más largas (finalizó a las cinco de la mañana). Participaron como contrarios a la despenalización los representantes de