La culebra sigue viva: miedo y política. El ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010)

Por Luz Margarita Cardona Zuleta

Este libro analiza el papel de los sistemas de representación social en la vida política, mediante el estudio de las modalidades de legitimación y construcción del poder presidencial en Colombia, durante los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Para lograr este propósito, se estudia el proceso por el cual un personaje como Uribe Vélez —un outsider en política, como lo denominaron algunos analistas en su momento— llegó a construir, sobre la base de la apelación al orden, a la seguridad y al miedo que significaba "la amenaza terrorista" (representada sobre todo por la guerrilla de las FARC), un poder que le permitió imponerse rápidamente sobre los otros candidatos y, una vez convertido en jefe de Estado, intentar "encumbrarse" sobre los otros poderes y eludir su control. Los discursos sobre el orden y la seguridad, y la utilización del miedo como instrumento de movilización política, le posibilitaron a Uribe Vélez permanecer ocho años en el poder, tiempo que hubiese prolongado otros cuatro años (su popularidad entre los colombianos lo hacía posible), si la Corte Constitucional no hubiera declarado inexequible el referendo que pretendía reformar por segunda vez la Constitución, con el propósito de lograr su segunda reelección.

La investigación muestra de qué manera y por medio de cuáles mecanismos simbólicos, discursivos y propagandísticos, ese Gobierno logró producir un cambio en la representación del confliicto entre los colombianos y, paralelamente, construir un poder en cabeza de un líder con visos caudillistas.

• Idioma: Español
• Editorial: Universidad Nacional de Colombia
• Fecha de lanzamiento: 28 sept 2020
• ISBN: 9789587755497

Vista previa del libro

libro.

Introducción

1. COLOMBIA, ENTRE LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y LA VIOLENCIA

Es un lugar común, en la historiografía política reciente, el reconocimiento de que Colombia ha fluctuado en los últimos treinta años entre varias fuerzas: unas que tienden a la profundización de la democracia, a la instalación del pluralismo político y al fortalecimiento de las instituciones; y otras que empujan al país a la fragmentación social, al rechazo de la institucionalidad y a la violencia.¹ Las primeras fuerzas se expresan en la Constitución Política de 1991, que instauró diversas formas de participación y control ciudadano, y reconoció el carácter pluriétnico y la diversidad cultural de la nación, al tiempo que incorporó derechos de segunda generación. Las segundas fuerzas se manifiestan en el incremento de la criminalidad, en la proliferación y la superposición de distintas formas de violencia. Para decirlo en términos de Daniel Pécaut, orden y violencia se han superpuesto en diversos momentos, mezclándose estabilidad democrática y episodios de violencia de gran amplitud.² Esta combinación ha permanecido a lo largo del siglo xx y diferencia el devenir político de Colombia con respecto a los otros países latinoamericanos.

A finales de la década de los setenta, el fenómeno de la violencia se tornó más complejo. El narcotráfico hizo su irrupción y logró penetrar en forma paulatina las distintas esferas de la vida social, incluso las guerrillas, especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),³ se beneficiarán más tarde del auge de los cultivos ilícitos. Los primeros grupos paramilitares hicieron su aparición a principios de los años ochenta promovidos, al parecer, por narcotraficantes,⁴ como represalia al secuestro y la extorsión de las guerrillas.⁵ En un primer momento, las operaciones armadas de estos grupos tuvieron como blanco a las guerrillas izquierdistas; posteriormente, la violencia paramilitar alcanzó a otros grupos que consideraban base social o simpatizante de la insurgencia: organizaciones campesinas, oposición política de izquierda, dirigentes sindicales y sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos.

En los años ochenta, el fenómeno guerrillero continuó en expansión. Esta década fue especialmente importante para las FARC. A partir de su Séptima Conferencia y en el Pleno de Comandantes, realizado entre los años 1982 y 1983, esa guerrilla va a decidir dar un viraje estratégico y convertirse en un verdadero ejército revolucionario, de carácter ofensivo. Pretendían, por esta vía, superar la fase de guerra típica de guerrillas, caracterizada por lo que Waldmann denominó hit and run, algo así como golpear y correr, dada la debilidad de las fuerzas insurgentes frente a los ejércitos profesionales.⁶ Las FARC venían librando una guerra de guerrillas desde sus orígenes en los años sesenta. La incorporación de la sigla EP (Ejército del pueblo) a su nombre original simbolizó su decisión de cambio; desde entonces se autodenominaron FARC-EP. Producto de este giro estratégico y de las fuentes de financiación disponibles, sus frentes crecieron de manera significativa⁷ con respecto al estancamiento mantenido en las décadas de los sesenta y los setenta.⁸

Sin embargo, para ese momento, ningún colombiano pensaba que el país estuviera en el umbral de una guerra civil.⁹ También en esta década el terror político de derecha hizo su entrada en escena.¹⁰ En estos años se inició un proceso sistemático de exterminio contra dirigentes sindicales, líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos. El caso más representativo fue el exterminio de la Unión Patriótica (UP).¹¹ Quienes ejecutaron el exterminio fueron reclutados de grupos de narcotraficantes y paramilitares, y aunque las guerrillas emprendieran acciones parecidas contra dirigentes de los partidos Liberal y Conservador, el número de víctimas no fue similar.¹²

Pese a los acontecimientos señalados, el conflicto armado y su duración todavía no eran objeto de atención por parte de la opinión pública, en tanto otros sucesos atraían más su interés.¹³ Al mediar la década de los ochenta, grupos de narcotraficantes, mediante la práctica sistemática del terror, centraron la atención del público. Estas organizaciones emprendieron acciones indiscriminadas y selectivas contra funcionarios del alto Gobierno, jueces y policías, buscando doblegar al Estado a favor de sus propios intereses.¹⁴ Tres candidatos a las elecciones presidenciales de 1990 fueron asesinados, en una macabra confluencia de intereses de mafias del narcotráfico y grupos de paramilitares, con la anuencia de algunos sectores de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

2. LAS NEGOCIACIONES DE PAZ, ENTRE LA ESPERANZA Y EL DESENCANTO

Ya desde el año 1982, durante el gobierno de Belisario Betancur, se había puesto en marcha una serie de iniciativas de diálogo y negociación, tendiente a poner fin a la violencia propiamente política, es decir, aquella que provenía de grupos alzados en armas contra el Estado legítimamente constituido y que podía ser resuelta mediante este mecanismo.¹⁵ Estas iniciativas fueron, en general, bien recibidas por el público, sobre todo en períodos electorales; una vez instalados los diálogos, la opinión ha sido propensa a desilusionarse ante los escasos resultados de los mismos.¹⁶

Los analistas del conflicto atribuyen los escasos resultados de las negociaciones de paz a varias causas: estos procesos fueron asumidos, incluso por los distintos gobiernos, como un movimiento táctico, tendiente a mejorar la posición de las partes en el conflicto, de tal modo que después de los diálogos de paz sobrevino un reacomodamiento de sus actores.¹⁷ La improvisación, el mal diseño y la concepción de la estrategia de negociación¹⁸ puesta en marcha por los distintos gobiernos han sido señalados como otro obstáculo para el avance de las conversaciones de paz.¹⁹ Los procesos de diálogo, una vez emprendidos, encuentran resistencias en sectores de derecha que suelen aparecer como enemigos de la paz,²⁰ cuando consideran que cualquier avance en la mesa de negociación significa una concesión excesiva a la guerrilla en detrimento de sus propios intereses (concepción minimalista de la paz). Otra contribución al fracaso de los diálogos son las pretensiones maximalistas de la guerrilla en términos de paz. En una visión cercana a las teorías de la violencia estructural, estas organizaciones creen que a la paz se llega sólo cuando el país haya superado los problemas de pobreza y exclusión social.

Consecuentes con esta visión, las FARC presentaron, en las negociaciones de paz adelantadas entre los años 1998 y 2002, una agenda de cien puntos que versaba sobre los más diversos temas, incluida una reforma agraria y modificaciones al modelo de desarrollo económico imperante. Muchos de los temas de la agenda eran imposibles de realizar en el corto y mediano plazo, superaban las posibilidades de un gobierno elegido por un período de cuatro años y desconocían el ciclo electoral.

No obstante, los diálogos de paz emprendidos en los años noventa arrojaron algunos resultados: la desmovilización del Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Quintín Lame,²¹ el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS). Con los primeros cuatro grupos se desmovilizaron cuatro mil personas.²² No obstante, en la interpretación de Malcolm Deas, estos resultados fueron rápidamente olvidados.²³

Pero la desmovilización de esas guerrillas no trajo consigo la paz. Otras organizaciones que no se incorporaron a la vida democrática, en particular las FARC (guerrilla más numerosa), continuaron expandiéndose hacia nuevas zonas entre 1993 y 1997. Para el año 1998, este grupo realizaba operaciones en una porción significativa de los municipios colombianos, mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fortalecía su presencia en varias regiones, especialmente en el Magdalena Medio y Arauca.²⁴ Las FARC, mediante acciones de aniquilamiento a la fuerza pública, daban evidencias reales de su decisión política de avanzar hacia una nueva fase de la confrontación militar, la guerra de posiciones o de movimientos.²⁵

Así mismo, afirma Pécaut, desde el año 1993, los paramilitares dejaron de ser pequeños grupos para convertirse en una verdadera fuerza e iniciaron la guerra por recuperar el control de las regiones de Córdoba y Urabá.²⁶ El departamento de Córdoba²⁷ había sido dominado en la década pasada por el EPL; la subregión de Urabá²⁸ fue, en los años ochenta, bastión de las FARC y epicentro del enfrentamiento de esa organización con el EPL y, posteriormente, con los grupos paramilitares. Los sindicatos bananeros quedaron en medio de esta guerra, unos influenciados por el EPL, otros por las FARC. La autodenominación de los grupos paramilitares en esas regiones, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), da cuenta de esa reconquista y del dominio territorial que adquirieron. Así mismo, de su intento por avanzar en su organización y coordinación política.

En el año 1998 culminó el mandato de Ernesto Samper Pizano. Este gobierno enfrentó una crisis de legitimidad, ocasionada por el llamado Proceso 8.000,²⁹ escándalo político que involucraba de manera directa al presidente por haber permitido que los dineros del narcotráfico financiaran su campaña presidencial. En marzo de 1996, el Departamento de Estado de Estados Unidos descertificó al país, y posteriormente, luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia absolviera al presidente de cualquier responsabilidad en el escándalo (absolución ampliamente cuestionada también en el ámbito interno), aquel país decidió, en julio de ese mismo año, suspender la visa al mandatario.³⁰

Durante la crisis del gobierno de Samper, las guerrillas aprovecharon la coyuntura para fortalecerse. Fueron cuatro años sin diálogo y negociación, algo inusual desde 1982. Tanto las FARC, como el ELN, habían hecho explícita su intención de no tener diálogos con Samper, administración que calificaban de narcogobierno,³¹ carente de legitimidad.

En este contexto de escalonamiento de la guerra, los colombianos eligieron a Andrés Pastrana Arango, político conservador, hijo del expresidente Misael Pastrana Borrero.³² El acontecimiento que desencadenó su triunfo fue la declaración pública de las FARC de querer volver a la mesa de negociación, en caso de que éste resultara elegido. El voto de los colombianos en esta ocasión fue sin duda un voto a favor de la paz (del diálogo conducente a ella). Que esta organización armada se mostrara dispuesta a entablar conversaciones después de cuatro años de estar suspendidas, manifestaba su interés por oxigenarse políticamente después de sus éxitos militares.³³

Sin embargo, el guiño de las FARC a Pastrana Arango, en la interpretación de Alfredo Rangel, constituía una desautorización a Serpa Uribe como defensor de la paz. El analista en temas de seguridad y defensa se preguntó por el origen de esa descalificación a Serpa e intentó explicar la posición del grupo guerrillero de cara a las elecciones presidenciales que se acercaban, y en tal sentido afirmó:

Es probable que hayan [las FARC] descalificado a Serpa porque como poder real que se sienten —y son— en el país, estimen que su interlocutor debe ser un verdadero representante del otro poder, que cuente con toda la confianza y el respaldo del establecimiento y de las fuerzas militares, y Serpa, la verdad, no los tenía […] Para Rangel, la decisión de las FARC, no obstante su tufillo elitista, respondió al más crudo realismo político.³⁴

Para el exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano,³⁵ las intenciones del grupo guerrillero eran difíciles de interpretar; sin embargo, para él, las FARC, con su comportamiento político, estaban dando indicaciones contundentes de que con Horacio Serpa las negociaciones serían más complejas, pues no les generaba credibilidad ni confianza. ¿Por qué? Habría que averiguarlo.³⁶

3. EL FRACASO DEL PROCESO DE PAZ Y EL ASCENSO DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Con un discurso de mano dura contra la guerrilla, el candidato disidente liberal resultó ganador en primera vuelta en las elecciones presidenciales del año 2002. Este suceso fue calificado de excepcional por distintos formadores de opinión, pues se trataba del polémico exgobernador de Antioquia (1995-1997), del promotor en esa región de las cuestionadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (CONVIVIR),³⁷ "un outsider durante la campaña electoral",³⁸ según la expresión de Daniel Pécaut, y un político más conocido en el ámbito regional que nacional.

Sin embargo, este acontecimiento pone de manifiesto una realidad nueva: con Álvaro Uribe se constata un cambio en las preferencias del electorado. Hasta ese momento, sostiene Daniel Pécaut,³⁹ los electores habían optado por líderes que mostraban más inclinación por el diálogo y la negociación como estrategia para conseguir la paz. El triunfo del candidato que se opuso, a lo largo de los tres años y medio, al proceso de paz de Pastrana y a la zona de despeje; que mostró una posición de firmeza frente a los grupos armados, especialmente frente a las FARC, era, para el sociólogo francés, la evidencia de que otra política se imponía. El triunfo de Uribe evidenció también el fracaso del proceso de paz en curso y del modelo de negociación adoptado (negociación en medio de la guerra). Las acciones militares de las FARC, que aumentaron en los últimos meses de campaña, eran interpretadas por la opinión como un engaño de esa organización al Gobierno.

En la lectura de Pécaut, la totalidad de la culpa por ese fracaso la atribuyó la opinión pública a la guerrilla.⁴⁰ Para el profesor francés, las FARC serían pronto las principales perjudicadas por el desenlace del proceso de paz. En su visión, la rigidez de esta organización daba muestras de su inmovilismo, de su escasa habilidad política. En la perspectiva de Pécaut, durante las negociaciones estas guerrillas no dieron ninguna demostración de querer ganar algún sector de la opinión; en su lugar, creció el secuestro y comenzó a proliferar la indignación pública.⁴¹

Hasta ese momento, y después de más de cuatro décadas de prolongación del conflicto armado, los colombianos empezaron a cambiar su representación del conflicto, vinculado a la insurrección armada contra el Estado, y a mostrar señales de tolerancia frente al fenómeno paramilitar, el mismo que se extendió durante el proceso de paz, incluso en las zonas de dominio de la guerrilla. Al respecto, es ilustrativa la afirmación de Pécaut: Más que dificultades militares, el verdadero problema de las Farc es su descrédito político. Buena parte de la opinión cree haber sido engañada y, exasperada por los abusos de la guerrilla, llega incluso a aprobar la reacción paramilitar y a cerrar los ojos ante las atrocidades que la acompañan.⁴²

4. EL PROPÓSITO Y LAS PREGUNTAS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN

La situación descrita brevemente ayuda a comprender por qué un personaje como Álvaro Uribe Vélez llegó a construir, sobre la base de la apelación al orden, a la seguridad y al miedo que significaba la amenaza terrorista (representada sobre todo por las FARC), un poder que le permitió imponerse rápidamente sobre los otros candidatos y, una vez convertido en jefe de Estado, intentar encumbrarse sobre los otros poderes y eludir su control. Los discursos sobre el orden y la seguridad, y la utilización del miedo como instrumento de movilización política, le permitieron a Uribe Vélez permanecer ocho años en el poder, tiempo que se pudo haber prolongado otros cuatro años (su popularidad entre los colombianos lo hacía posible) si la Corte Constitucional no hubiera declarado inexequible el referendo que buscaba reformar por segunda vez la Constitución, con el propósito de permitir su segunda reelección. En sus dos gobiernos, Uribe Vélez buscó someter a los partidos políticos y al Congreso de la República, situación a la que quiso llevar también al poder judicial, a los organismos de control y a la oposición democrática, aprovechando los avances obtenidos en materia de seguridad, en especial en la lucha contra la guerrilla.

Este trabajo se propone contribuir a la comprensión del papel de los sistemas de representación social en la vida política, mediante el estudio de las modalidades de legitimación del poder presidencial en Colombia, durante los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se buscó entender la construcción de ese poder y las formas mediante las cuales logró aceptación entre los colombianos en este período de la historia política reciente.

En este proceso se plantearon los siguientes interrogantes: ¿cómo y mediante cuáles mecanismos se utilizó el miedo a las FARC como instrumento de movilización política y como dispositivo que permitió reorientar la acción del Estado y legitimar las acciones de gobierno? ¿Bajo qué formas y en qué medida la lucha por imponer determinadas representaciones sociales en torno al orden y a la seguridad contribuyeron a la polarización política (dialéctica amigo/enemigo) de una sociedad y sus fuerzas políticas organizadas? ¿Sobre qué bases —discursivas, argumentativas y propagandísticas— se configuró un poder presidencial encumbrado, con dificultades para su control, por parte de los otros poderes? ¿Cómo se impuso una imagen de la oposición política legal como similar o igual a la oposición de los grupos armados ilegales?

La novedad del trabajo realizado radica en la aplicación del enfoque de las representaciones colectivas al estudio del poder y de la legitimidad, en un gobierno que fue el primero hasta entonces en la historia de Colombia que logró permanecer en el máximo cargo de dirección del Estado durante dos períodos consecutivos, a pesar de la prohibición expresa al respecto consagrada en la Constitución de 1991. Para comprender el problema estudiado, en la investigación también se explora la idea de miedo que ya había sido utilizada hábilmente en la teoría política por Thomas Hobbes para explicar cómo y por qué razón un grupo de hombres decide abandonar el estado de guerra permanente y pactar la paz. Pero el uso del miedo en la política contemporánea, aun en las democracias más consolidadas (como en Estados Unidos, por ejemplo), no constituye un fenómeno aislado o circunscrito a situaciones o estados de guerra. Corey Robin habla de miedo político y define este tipo de miedo como el temor de la gente a que su bienestar colectivo resulte perjudicado —miedo al terrorismo, pánico ante el crimen, ansiedad sobre la descomposición moral—, o bien la intimidación de hombres y mujeres por el gobierno o algunos grupos […].⁴³ Estos miedos, a diferencia de los miedos personales y privados, nos dice el autor, se vuelven políticos en la medida en que surgen de conflictos entre sociedades,⁴⁴ pero también pueden originarse por fricciones en el mundo civil.⁴⁵

Pero Robin también identifica los mecanismos de funcionamiento del miedo. En una primera dirección, nos dice, los líderes o los militantes definen cuál es, o debe ser, el objetivo público principal de dicho miedo, y de esta forma casi siempre aprovechan alguna amenaza real […].⁴⁶ Uribe Vélez definió, como amenaza principal de la seguridad del Estado y de los ciudadanos, y como enemigo público principal, a las FARC, no obstante existir en el escenario público del momento otras amenazas y fuentes de incertidumbre, como los grupos paramilitares, los grupos de narcotraficantes y bandas organizadas de distinto tipo.

Uribe Vélez logró capitalizar a su favor el fracaso del proceso de paz del Gobierno anterior y el rechazo de los colombianos a la violencia guerrillera. Agitando el miedo a las FARC y a la amenaza que dicho grupo representaba, consiguió cambiar la representación que los colombianos tenían respecto al conflicto armado y profundizar, para su beneficio político, la polarización social existente.

Además, Uribe consiguió tornar en su provecho el descrédito de los partidos tradicionales (liberal y conservador) y presentarse como independiente. Supo combinar hábilmente la crítica a la politiquería, con los métodos de la vieja política,⁴⁷ es decir, la negociación al menudeo (para decirlo en términos de Malcolm Deas) con los caciques en las provincias y con los dirigentes de los partidos tradicionales para conseguir su apoyo. Si, como sostiene Francisco Gutiérrez, desde el año 1958 hasta el año 2002 el país fue típicamente centrista en términos de las preferencias electorales, a partir del año 2002 estas preferencias se desplazan a la derecha. Para el politólogo, Uribe supo aprovechar este cambio debido a su astucia política, pero también a su habilidad para encarar con responsabilidad problemas reales que los demás habían despreciado.⁴⁸

Las prioridades de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo también favorecieron el ascenso de Uribe. Fue importante la confluencia de distintos sectores en torno al tema de seguridad. Estos sectores se mostraban menos inquietos frente a la infiltración ilegal en política, en relación con la lucha contra el terrorismo guerrillero.⁴⁹

Por último, para Gutiérrez, Uribe estaba en capacidad de gobernar sin el apoyo de ningún partido, sin asumir las consecuencias por las acciones de sus copartidarios en el terreno.⁵⁰ Sin embargo, esta afirmación debe ser matizada. La investigación explora otras pistas, pues si bien Uribe, a pesar de su enorme popularidad, pretendió situarse por encima de unos partidos tradicionales desprestigiados y desconocer el Congreso (una de las instituciones colombianas más desacreditadas si nos atenemos a las encuestas de opinión),⁵¹ como espacio de intermediación política y de gestión de políticas, tuvo que construirse su propio partido, el Partido de la U, sobre la base de propiciar la división de los partidos tradicionales y negociar el apoyo del Congreso a sus políticas, es decir, tuvo que tomar poder de las fuentes generadoras de poder, pero a condición de pagar el precio de su apoyo.

El estudio de las representaciones colectivas en torno al poder y a la legitimidad en este período de la historia colombiana nos permitió entablar un diálogo con la región suramericana, acerca de la vigencia del modelo liberal democrático, por cuanto el príncipe pareciera encarnarse en líderes carismáticos que establecen una relación directa con el pueblo, menosprecian los partidos, las organizaciones sociales y demás formas de intermediación propias de la democracia liberal. Estos líderes plebiscitarios, para decirlo también en términos de Max Weber, logran unificar y movilizar a las masas en las democracias de nuestro tiempo, a costa del retroceso de las instituciones clásicas de la democracia representativa, como la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, que garantiza el equilibrio y la cooperación entre los distintos poderes, y el acatamiento del régimen jurídico, con miras a imponer el libre arbitrio del caudillo. A este nuevo tipo de democracias, que ha venido configurándose sobre todo en los países del cono sur tras el fin de las dictaduras (pero que no se circunscribe sólo a estos), lo denomina Guillermo O’Donnell democracia delegativa (DD). Los rasgos que O’Donnell atribuye a ésta y a los líderes del Ejecutivo guardan, sin duda, fuertes parecidos de familia con el caso y el período estudiado,⁵² como se verá más adelante en el capítulo 5.

Dos hipótesis orientaron la investigación que este libro resume: la primera sostiene que la circulación reiterada de unas ideas simples, fáciles de aprehender por el público, en un contexto social y político que se percibió como de caos e inseguridad, permitió crear la imagen de un presidente casi heroico, que se hacía representar como irremplazable, y la de una sociedad que había superado en el imaginario, gracias a él, sus mayores problemas de seguridad, y requería de la continuidad del mandatario para no retroceder a la situación anterior, de fortalecimiento de las guerrillas y debilidad del Estado. La segunda hipótesis afirma que la lucha por imponer determinadas representaciones sociales sobre el orden, la seguridad y el enemigo, condujo a polarizar la política, a fortalecer el poder presidencial, a desequilibrar la estructura de poderes (relación entre el poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial) y a deslegitimar a la oposición democrática.

5. LAS REPRESENTACIONES COLECTIVAS, EL PODER Y LA LEGITIMIDAD

Las representaciones colectivas son formas de clasificación, percepción y organización del mundo social, son modelos de acción que preceden al individuo y se le imponen.⁵³ Son, por tanto, una obra colectiva y constituyen un conocimiento común del cual no puede prescindir el individuo, pues le permiten actuar en el mundo y entenderse con los otros.

Entonces, realidad social y sociedad ideal no pueden ser separadas: la una contiene a la otra, pues como el mismo Durkheim señala, una sociedad no está simplemente constituida por la masa de individuos que la componen, por el suelo que ocupan, por las cosas de que se sirven, por los movimientos que efectúan, sino, ante todo, por la idea que se hace de sí misma […].⁵⁴

La duda acerca del conflicto armado y sus actores se fue instalando en el corazón de la sociedad colombiana. Desde los años ochenta, de alguna manera, el colombiano del común, así como los distintos gobiernos, habían sido persuadidos acerca de la negociación como única vía para la terminación del conflicto. La teoría del empate negativo⁵⁵ entre Gobierno e insurgencia, puesta a circular por investigadores y analistas del conflicto, había contribuido a consolidar esta representación. En un contexto signado por la agudización del conflicto armado (desde los años noventa), por el fracaso —una vez más— de los diálogos de paz, el discurso de Uribe, que llamaba a los colombianos a creer en la capacidad del Estado para recuperar el monopolio de la violencia, a unir sus esfuerzos para superar el estado de guerra y hacer frente al enemigo público, que representaba la guerrilla o el terrorismo como él prefería decir, encarnado en la figura de una culebra siempre activa y al acecho, caló profundo en el imaginario de los colombianos.

Así pues, el estudio del caso colombiano permitió mostrar la fecunda capacidad heurística y la vigencia del modelo teórico hobbesiano, y confirmó, de paso, lo que estudiosos de la obra del filósofo inglés —como Wolin⁵⁶ y Robin—⁵⁷ reconocieron, que fue Hobbes quien más lúcidamente logró articular la idea del miedo a la fundación del orden político. Para Robin, el miedo político tiene asimismo profundas consecuencias: dicta políticas públicas, lleva nuevos grupos al poder y deja a otros, crea leyes y las deroga […].⁵⁸ En el caso estudiado, la utilización del miedo sirvió para reorientar la acción del Estado mediante una política pública: la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), que Uribe pretendió encarnar.

Las nociones de representaciones colectivas, o mejor, sistemas de representación, de poder, de legitimidad, fueron asociadas en la investigación, por cuanto se concibe el poder en sentido relacional, como la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena e incluso a pesar de las resistencias.⁵⁹ La legitimidad del poder radica en la capacidad de lograr el reconocimiento y la aceptación voluntaria de aquellos sobre los que se detenta. En consecuencia, como lo afirma Baczko, el poder requiere rodearse de representaciones, de símbolos que lo legitiman y engrandecen,⁶⁰ y que le permiten la homogeneización y la unificación de la sociedad en el contexto de las modernas democracias de masas.

Si para Weber la dominación es un caso especial del poder, y en particular la dominación llamada carismática, que se basa en el carisma, entendido como una cualidad que pasa por extraordinaria, en virtud de una devoción afectiva a la persona del señor y a sus dotes sobrenaturales, entonces, la dominación carismática se constituye como una relación social específicamente extraordinaria y puramente personal […], como una especie de comunidad de emoción.⁶¹

En esta perspectiva, estudiar las representaciones que durante el período elegido circularon en el discurso público sobre el presidente Uribe y su gobierno, el orden y la seguridad, el enemigo, nos permitió comprender una forma de dominación carismática practicada mediante un ejercicio del poder centrado en la persona del líder. Los conceptos weberianos de poder, legitimidad, dominación carismática, igual que el concepto de representaciones colectivas, fueron de gran utilidad para poner a prueba las hipótesis de trabajo y comprender el ejercicio del poder en ese período de la historia colombiana reciente.

En la investigación se tomó distancia metodológica y conceptual de los trabajos que se han realizado sobre el gobierno de Uribe desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, como lo comprende Teun van Dijk,⁶² en tanto no se pretendió mostrar cómo el discurso contribuyó a la reproducción de la desigualdad y la injusticia social, ni tampoco identificar qué actores tuvieron acceso privilegiado a estructuras discursivas y de comunicación legitimadas por la sociedad.

Aunque no se trató de un estudio de medios donde se narrara la acción comunicativa de un presidente, su capacidad melodramática e histriónica,⁶³ de la construcción mediática de un personaje, o de la fabricación de un consenso en torno a un candidato,⁶⁴ la investigación no ignoró el fenómeno de la personalización del poder, propio de las democracias de audiencia, como bien lo señala Bernard Manin.⁶⁵

El análisis llevado a cabo evitó caer en la tentación de las grandes categorías de adjetivación o, si se quiere, evadió el recurso de la gran teoría para clasificar este régimen político: populismo y neopopulismo,⁶⁶ bonapartismo, cesarismo,⁶⁷ autoritarismo. Aunque sí se exploraron aspectos del estilo de gobierno que encajan en estas categorías, específicamente rasgos bonapartistas y cesaristas, o en otras palabras, se exploran los rasgos plebiscitarios de este nuevo tipo de liderazgo representado por Álvaro Uribe Vélez. No se pretendió, a partir de un gran concepto centrado en el personaje, dar cuenta de un fenómeno social complejo, pues en el trabajo el poder no se concibió completamente autónomo, independiente del contexto social y de las fuentes generadoras de aquél.⁶⁸

La investigación evitó asumir el uso de expresiones corrientes que no ayudan a comprender la complejidad del fenómeno estudiado, como aquella de Uribe paramilitar. Si bien el tema de paramilitarismo está presente a lo largo de este trabajo, y los grupos paramilitares no ocultaron su sesgo a favor del candidato disidente, como afirmó en su momento Daniel Pécaut, no se puede desconocer tampoco el importante movimiento de opinión que llevó a Uribe a la presidencia, asunto que también advirtió en su momento el profesor francés. La investigación no pretendió, por tanto, efectuar un estudio de la infiltración paramilitar en la política (tema insuficientemente estudiado, pero sobre el cual existen importantes trabajos de investigación), como no se ocupó de las relaciones que pudieron sostener los políticos de los distintos partidos con grupos armados de diferente tipo, en regiones y localidades del país.

Para entender el fenómeno político que representó Uribe Vélez, más que centrarse en las cualidades del personaje (aspecto que tampoco se desdeña), la investigación se inclinó más bien por el enfoque analítico del sociólogo Norbert Elias, en su importante trabajo acerca de la sociedad cortesana,⁶⁹ donde se estudian las condiciones que llevaron a Luis XIV a construir un poder tal que le permitió encumbrarse sobre la aristocracia de su tiempo. En consecuencia, la investigación realizada, siguiendo estos derroteros, no sólo eludió el recurso fácil de la gran teoría, sino que evitó caer en la ambición totalizadora de una teoría que pretende explicar y abarcar de principio a fin el problema estudiado. Tampoco tomó partido por un enfoque con pretensiones de exclusividad. Para entender el fenómeno estudiado, sin duda, se requiere de varios enfoques, de aspectos particulares de uno u otro. Quizás la metáfora que mejor sintetiza la postura metodológica asumida sea aquella concepción de la teoría como una caja de herramientas, que deben ser útiles hasta que tropecemos con un obstáculo, caso en el cual debemos buscar o inventar otra, y así sucesivamente, conforme a las reflexiones aportadas por el diálogo constructivo sostenido por Deleuze y Foucault para definir el alcance de una teoría.⁷⁰

En la búsqueda por inscribir el problema en las coordenadas de la historia política reciente, y superar el análisis de coyuntura, fueron importantes los trabajos del sociólogo francés Daniel Pécaut, del historiador inglés Malcolm Deas, del historiador y filósofo colombiano Gonzalo Sánchez. Los aportes de estos investigadores permitieron introducir el período y el personaje en el marco de las rupturas y las continuidades que caracterizaron el acontecer político del siglo xx colombiano.

6. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS

En la presente investigación se privilegiaron los discursos de la prensa relacionados con el problema estudiado y se procedió a analizar el contenido político. Se eligió la prensa, por cuanto se considera una fuente