Clientelismo , patronazgo y corrupción en Colombia y México

Por Universidad del Norte

Este libro responde a la necesidad de indagar en el funcionamiento real de las democracias latinoamericanas, analizando las reglas informales de intercambio político y de distribución de recursos en Colombia y México. Se pretende conocer cómo es que políticos y partidos cooptan votos más allá de las actividades profesionales o publicitarias, qué tipo de recursos son utilizados para conseguir apoyo político, quiénes son los actores que intervienen en los intercambios informales, y cómo afecta y convive el clientelismo con el régimen democrático.

• Idioma: Español
• Editorial: Universidad del Norte
• Fecha de lanzamiento: 15 may 2019
• ISBN: 9789587890815

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2018

INTRODUCCIÓN: CLAVES PARA ENTENDER EL CLIENTELISMO POLÍTICO

Luis Antonio González Tule

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Hace más de dos décadas se pensó que con los procesos de democratización los países latinoamericanos fortalecerían sus instituciones e irían, poco a poco, apartándose de las viejas prácticas informales e ilegales. Sin embargo, la implementación de nuevos marcos legales en consonancia con las exigencias democráticas no supuso una mejora en los niveles de corrupción, ni mucho menos significó el abandono de las relaciones personalizadas y particularistas entre políticos y electores ni de la entrega de bienes y servicios públicos a cambio de apoyo político-electoral. De manera que para entender el funcionamiento de las democracias bajo los nuevos diseños institucionales se planteó la necesidad de liberarse de la excesiva fijación en las organizaciones complejas y altamente formalizadas (O’Donnell, 1996a, p. 40), y así poner atención en los mecanismos informales que coexisten con las reglas democráticas (Helmke y Levitsky, 2006).

Siguiendo la reflexión de algunos autores (O´Donnell, 1996a; Helmke y Levitsky, 2006; Hilgers, 2012), este libro responde a la necesidad de indagar en el funcionamiento de las democracias latinoamericanas, analizando las reglas informales de intercambio político y de distribución de recursos. Se proveen fundamentos teóricos, conceptuales y empíricos para acercarse al fenómeno del clientelismo en Colombia y México, reuniendo académicos de ambos países, quienes desde distintas tradiciones y metodologías convergen y buscan dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿cómo los políticos cooptan votos más allá de las actividades profesionales o publicitarias?, ¿qué tipo de recursos –materiales o simbólicos– son utilizados para conseguir apoyo político y qué se ofrece a cambio?, ¿qué motiva al elector a negociar dicho apoyo?, ¿quiénes intervienen en los intercambios informales y cuáles son sus funciones?, ¿en dónde –y con qué fines– se presentan relaciones de tipo clientelar más allá del plano electoral? y ¿cómo afecta y convive el clientelismo con el régimen democrático?

La idea de estudiar los casos de Colombia y México no sugiere que sea un fenómeno exclusivo de estos países, sino que su selección atiende a consideraciones analíticas. En ambos países el clientelismo y la corrupción son una práctica recurrente como medidas de captación del voto y distribución de recursos públicos. No obstante, los dos casos presentan diferencias en cuanto a sus procesos históricos de formación del Estado y modernización, de movilización política, así como en relación con el surgimiento y organización de los partidos políticos que integran el espectro ideológico. Estos elementos en conjunto dan lugar a distintas configuraciones de la política informal –e ilegal–, lo que permite entender cada caso de acuerdo con el contexto y sus características sociopolíticas.

Bajo esa tesitura, este capítulo provee una introducción a los interrogantes planteados por los colaboradores y proporciona un marco teórico-conceptual para acercarse al estudio del clientelismo. La primera sección examina el significado del término y las características del clientelismo a fin de distinguirlo de otras instituciones informales e ilegales. La segunda sección ofrece una descripción específica de las aproximaciones analíticas en el estudio del clientelismo. Es decir, se plantean las dos principales perspectivas –noción racional y noción normativa– a partir de las cuales se ha analizado, teorizado y entendido un mismo concepto pero con diferentes aristas. Una tercera parte pone de relieve la importancia del clientelismo tanto en el ámbito académico como en la vida política de los regímenes democráticos latinoamericanos. La última sección ofrece una introducción a los capítulos que forman parte de este volumen.

Delimitación conceptual: qué (no) es clientelismo político

El clientelismo político ha sido examinado desde muy distintas disciplinas y perspectivas analíticas. Los trabajos desarrollados hasta ahora, de gran rigurosidad teórico-metodológica y soporte empírico, sin lugar a dudas han contribuido a enriquecer el conocimiento que se tiene sobre este fenómeno. Sin embargo, la variedad de enfoques y disciplinas también han hecho del clientelismo un concepto controvertido, al simplificar una determinada realidad, y confuso respecto a otras formas de intercambio personalizado y de distribución de bienes y servicios públicos. Frente a tal ambigüedad conceptual, esta sección propone una definición analítica del clientelismo a partir de las principales características que lo distinguen. Más allá de proponer una definición universal, se pretende delimitar el concepto y distinguirlo de otros fenómenos políticos.

La primera característica del clientelismo, sobre la que existe un amplio consenso en la literatura, consiste en que es una institución informal; entendida esta como las reglas socialmente compartidas, usualmente no escritas, que son creadas, comunicadas y reforzadas fuera de los canales oficiales (Helmke y Levitsky, 2006, p. 5). Un aspecto central de este tipo de instituciones radica en que los actores involucrados en las relaciones informales consideran que hay reglas implícitas que de no cumplirse dan lugar a cierto castigo (Helmke y Levitsky, 2006). Así, un elector que no responde al llamado de su líder político sabe que puede perder los incentivos selectivos que proporciona este último.

Pero entender el clientelismo solo como un arreglo informal que está fuera de los canales oficiales y que es socialmente compartido requiere una consideración adicional, puesto que existen otras reglas informales, como el patronazgo y la política distributiva no programática y no condicionada a resultados electorales –conocida en el mundo anglosajón como Pork-barrel. Estas instituciones informales son confundidas con el clientelismo, ya que denotan un tipo de intercambio político particularista (Piattoni, 2001) o una distribución política no programática (Stokes et al., 2013). La confusión entre clientelismo y patronazgo deriva del tratamiento analítico que ha recibido este último. En la tradición británica se hace referencia a la distribución de puestos en la administración en respuesta al apoyo electoral recibido. Mientras que en la tradición europea continental –y en algunos estudios estadounidenses–, el término se refiere al uso instrumental de posiciones de poder para distribuir no solo cargos, sino bienes y otras decisiones públicas a los partidarios con el fin de mantener o ampliar el poder político (Piattoni, 2001).

Como se desprende de lo anterior, la primera comprensión, proveniente de los estudios británicos, denota la existencia de ataduras orgánicas entre los representantes y servidores públicos, por un lado, y sus electores o distrito, por otro lado (Piattoni, 2001, p. 5), en las que los políticos priorizan la asignación de cargos públicos como medio de recompensa. La segunda comprensión es más amplia y añade la distribución de bienes y servicios a la asignación de cargos. Esta última manera de entender el patronazgo es la que genera confusión entre dos conceptos que son analíticamente diferentes. Por tanto, sin llegar a definir por ahora el clientelismo, cabe entender el patronazgo como la habilidad de los políticos y partidos políticos para asignar puestos –no electivos– en el sector público (Kopecky et al., 2016), como moneda de cambio por el apoyo –económico, político, electoral– recibido antes de llegar al poder o que sirvió para mantenerse en él.

En cuanto al modo de distribución política se refiere, para evitar imprecisiones entre qué es y qué no es una distribución clientelar, es necesariofocalizar la atención en dos dimensiones: 1) distribución programática-distribución no programática y 2) beneficios incondicionales-intercambios condicionales (Stokes et al., 2013). Siguiendo a Stokes et al., cuando las reglas de distribución de bienes y servicios son públicas y lo publicado corresponde a lo asignado, se está frente a una política de distribución programática. La política no programática, por ende, representa alguna violación de los criterios definidos anteriormente. Si los bienes distribuidos por la vía no programática dependen del apoyo político individual, el modo de distribución es clientelar. Si, por el contrario, no es contingente al apoyo recibido pero el beneficio es dirigido a un distrito que puede traer consigo réditos electorales, entonces el modo de distribución es de tipo pork-barrel (Stokes et al., 2013, pp. 6-18). Esta distinción es útil, por ejemplo, en investigaciones que analizan la distribución de los programas de asistencia social.

Más allá de las reglas informales de intercambio político y distribución de recursos, se encuentran otras prácticas ampliamente extendidas que suelen ser vinculadas al clientelismo como la compra del voto; es decir, delitos asociados a la corrupción. Si bien el clientelismo puede ser visto como la corrupción del ideal democrático, en el sentido de que los políticos no obtienen votos a través de una oferta programática-ideológica sino del intercambio personalizado (Piattoni, 2001, p. 7), la compra del voto hace referencia al intercambio económico –o de bienes materiales– entre candidatos y electores, unos compran y otros venden su voto (Schaffer y Schedler, 2007). Este intercambio se realiza en un solo momento, que es el periodo electoral, a diferencia del clientelismo, cuya relación es permanente. En los regímenes democráticos la compra del voto está tipificada como delito electoral, y su castigo puede traer consecuencias administrativas o penales. Con otras palabras, algunas formas de captación de voto, de resolución de problemas y de distribución política están fuera de los canales oficiales, son ampliamente aceptadas y permanentes, mientras que otras formas de obtener votos se encuentran en el terreno de la ilegalidad, se desarrollan en épocas electorales y pueden ser sancionadas administrativa o penalmente.

Una vez identificadas otras instituciones informales y prácticas ilegales, cabe definir el concepto de clientelismo para desentrañar sus características esenciales. Por clientelismo político se entiende el intercambio personalista, particularista y desigual, de carácter permanente, entre un patrón y un cliente a través de un intermediario, en donde el patrón otorga al cliente prestaciones materiales, bienes y servicios, a cambio de apoyo político-electoral y de fidelidad y solidaridad¹. El intercambio es personalista porque liga a dos individuos, generalmente al intermediario con el cliente, y particularista por la lógica de distribución de recursos no universales, sino selectivos (Gonςalves, 1997). En ese sentido, el intercambio particularista del clientelismo difiere del ideal democrático que promueve la distribución política universal con pleno apego a derecho (Hilgers, 2012).

Es desigual porque una de las partes, el patrón, dispone de recursos, bienes y servicios –de vital importancia para el cliente– que distribuye a través de una red de intermediarios². Los recursos, bienes y servicios que ofrece el patrón tienen un fin instrumental y son de carácter económico y político (Roniger, 1990). Estos atienden necesidades inmediatas y resuelven problemas del cliente en donde las administraciones del Estado son deficientes o están ausentes. Atención médica prioritaria, emisión de certificado de nacimiento o de permiso para conducir, asignación de programas sociales, otorgamiento de artículos de primera necesidad o entrega de materiales para construcción son solo algunos de los favores que recibe el cliente. De tal manera que dentro de la red clientelar todas las decisiones públicas son producto de intercambio (Piattoni, 2001, p. 6). A cambio, el cliente responde asistiendo a mítines, haciendo campaña política, atrayendo más electores y votando por el candidato que indique su líder.

La durabilidad en la relación, muchas veces olvidada en la literatura, es otra de las características esenciales del clientelismo. A pesar de la creencia común de que el clientelismo existe solo en periodos electorales, el vínculo que establece un patrón con el cliente y el respaldo de este último al primero no surge espontáneamente. Por el contrario, la relación se va forjando a lo largo del tiempo, y para que avance es fundamental que el patrón, a través de su red de intermediarios, conozca las necesidades de la población, destine recursos y atienda las demandas.

Por último, dentro de la red clientelar, además del patrón y el cliente, participa un actor bisagra que vincula al eslabón más alto de con las bases de apoyo electoral: el intermediario o mediador político³. Como se muestra en el capítulo de González, Guzmán y Tuirán en este volumen, los mediadores son una pieza central dentro de la red, y su importancia radica en que conocen a los electores, atraen votantes indecisos, además de los votantes leales, buscan ganar elecciones, y si su candidato triunfa, realizan funciones de cogobierno en sus comunidades.

Aproximaciones analíticas en el estudio del clientelismo

En el estudio del clientelismo político predominan dos perspectivas analíticas que difieren a la hora de entender, por un lado, la relación personalizada y los medios que se utilizan en el intercambio y, por otro lado, el rol de los actores que integran la red y las razones por las que clientes, mediadores y patrones deciden participar en ella. La primera noción analítica pone el foco de atención en la acción racional que motiva a los individuos a participar en la red, de modo que importan los elementos objetivos del intercambio. La segunda se centra en la acción normativa de los individuos, analizando los componentes subjetivos adyacentes a las relaciones (Auyero, 1997, 2012). Estas dos lecturas de un mismo concepto evidencian que existe una doble vida del clientelismo (Auyero, 1997, p. 22) y ponen de manifiesto la dificultad para aproximarse a un tema tan polémico como complejo.

La literatura que basa sus análisis siguiendo la lógica racional, proveniente en su mayoría de la economía y la ciencia política, argumenta que patrones, mediadores y clientes, al participar en el intercambio clientelar, persiguen un fin en un momento específico. Es decir, actúan de manera interesada y calculadora para maximizar ganancias. Así, el patrón pretende mejorar su posición política, para lo cual utilizará a sus seguidores; el intermediario busca ascender políticamente y obtener bienes materiales por su labor; mientras que el cliente busca respuestas inmediatas a sus necesidades más apremiantes, por lo que apoyará al líder que más le convenga. Este tipo de trabajos ve en los bienes, favores y servicios las condiciones necesarias para mantener el compromiso que exige el intercambio.

Dado que según esta noción tanto electores como patrones e intermediarios procuran maximizar utilidades, existen ciertas circunstancias –tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda– que inducen a los actores involucrados a participar en una red clientelar. Del lado de la oferta, las circunstancias que inducen a los partidos son: 1) falta de independencia de las burocracias frente a presiones partidistas; 2) objetivos o motivaciones políticas de quienes compiten en elecciones y 3) ideas y expectativas acerca de la legitimación del poder –históricamente desarrolladas a lo largo de la formación de las estructuras de Estado–. Del lado de la demanda, las circunstancias que hacen a la población más dispuesta a aceptar bienes y servicios a cambio de su voto son: 1) el estatus económico de la ciudadanía que afecta su comportamiento; 2) las capacidades cognitivas, influenciadas por la tasa de alfabetización y el acceso a la información y 3) su capacidad organizativa para formar asociaciones u organizaciones independientes, las cuales funcionan como catalizadoras de la acción colectiva (Piattoni, 2001, pp. 16-18).

Como se desprende de lo anterior, los defensores de la noción racional ven en las condiciones estructurales –desarrollo económico, social y político– las causas subyacentes que generan y mantienen el clientelismo. De modo que factores como la pobreza, la desigualdad, la ausencia del Estado o una democracia incipiente favorecen la práctica de favores personalizados. Sin embargo, como lo muestra la realidad latinoamericana, no toda la población pobre participa en intercambios informales; y tampoco los procesos de democratización y modernización de las burocracias han disminuido la política clientelar.

Ante la incapacidad de dar respuesta a estas paradojas –y a otras‒, algunos autores consideran equivocada la primera aproximación analítica y proponen estudiar la dimensión subjetiva o simbólica del clientelismo para entender su propio funcionamiento y las razones que mueven a los actores involucrados (Auyero, 1997; Zarazaga, 2014). Para esos autores, el problema con la anterior perspectiva consiste en que resulta insuficiente como explicación estructural y errónea como explicación a las motivaciones que mueven a los electores (Auyero, 1997, p. 29).

Frente a la idea de maximización de ganancias como eje central de las relaciones clientelares, numerosos textos –con enfoque antropológico-social principalmente– presentan la noción normativa, fundamentada en una norma de reciprocidad, que consiste en ayudar a aquellos que nos han ayudado. La idea de reciprocidad, en la que cada individuo tiene deberes y obligaciones, se convierte en una norma moral generalizada según la cual ciertas acciones son llevadas a cabo en respuesta a favores o beneficios obtenidos (Gouldner, 1960). Esta aproximación, por tanto, permite entender el conjunto de significados que emergen de la relación patrón/intermediario-cliente (Auyero, 1997, p. 30). Así, la lealtad del cliente hacia el patrón puede estar condicionada por los favores que ha recibido de este último en una relación basada en la confianza. Para este tipo de trabajos las explicaciones no se limitan al interés que mueve a los actores ni a las condiciones de desventaja de unos frente a otros, sino que proponen entender el fenómeno a nivel micro a través de las prácticas sujetas a lealtades –y códigos de conducta– que se forjan a lo largo del tiempo.

En suma, el estudio del clientelismo se halla entre 1) la objetividad de la distribución de bienes, favores y servicios a cambio de apoyo político electoral bajo una lógica de actuación racional e interesada y 2) la subjetividad de las redes como esquemas de apreciación, percepción y acción en las estructuras mentales de los sujetos involucrados en esas relaciones de intercambio (Auyero, 1997, p. 23), bajo una lógica de resolución de problemas a través de mecanismos distintos a los formales.

Importancia del clientelismo político

El estudio del clientelismo político es particularmente importante por razones teóricas, es decir, para repensar los supuestos sobre los que descansan las principales explicaciones de este fenómeno, y por razones prácticas, para que la investigación –con sus técnicas y métodos– ayude a entender la realidad social y política. La necesidad de plantear nuevos razonamientos teóricos surge de la incapacidad que presentan los modelos normativos, fundamentados en la teoría de la democracia, para comprender las complejas dinámicas en torno a la política. En particular del entramado de relaciones informales y simbólicas de la política latinoamericana. Esto se ilustra a partir de argumentos planteados, por ejemplo, en el modelo de partido responsable (Responsible-party model). Este modelo propone entender la política y la representación a partir de la interacción entre ciudadanos (principals) y candidatos o políticos electos (agents) a través de cinco principios: 1) los electores tienen preferencias políticas sobre distintos temas relativos a la asignación o distribución de recursos por conducto del Estado; 2) los políticos y partidos plantean propuestas en sus plataformas electorales con base en las posiciones del electorado, las cuales implementarían en caso de ganar las elecciones; 3) los electores eligen, entre las opciones presentadas por los partidos, la que más se acerca a sus preferencias; 4) el partido o coalición política que gana implementará sus promesas considerando las preferencias ciudadanas y 5) los electores llaman a rendir cuentas al gobierno y a la oposición en la siguiente elección mediante un análisis retrospectivo del desempeño del primero (Kitschelt y Wilkinson, 2007, pp. 1-2).

Lo que no considera el modelo de partido responsable es que pueda surgir un tipo de relación diferente de la identificación ideológico-programática entre candidatos y partidos, por un lado, y electores, por otro, como sucede con las relaciones basadas en la reciprocidad o en el pago de prebendas a cambio de apoyo político. Pero este modelo también resulta insuficiente para explicar cómo votan los electores, ya que, al priorizar la evaluación racional y retrospectiva del desempeño del gobierno, deja fuera un sinnúmero de variables con valor explicativo, como el voto útil, la tradición familiar, la cercanía con el candidato o las emociones que mueven a algunos votantes.

Otra razón teórica tiene que ver con el entendimiento del clientelismo como remanente de los Estados con poco desarrollo económico o no democráticos. Entre las décadas de 1950 y 1960 se pensó que la modernización iría reduciendo paulatinamente las prácticas clientelares por varios motivos, destacando que 1) la profesionalización de la burocracia y la instauración de sistemas meritocráticos reemplazarían los favores y el amiguismo en la construcción de carreras públicas; 2) la ampliación de mercados, tanto a nivel local como nacional, ampliaría los vínculos comerciales y sociales de las personas y disminuiría la demanda de intermediarios y patrones y 3) la mejor situación económica y educativa de los ciudadanos aumentaría su capacidad para enfrentarse a la burocracia y no demandar favores particularizados (Kopechý, 2016, pp. 112-114).

En la práctica, como es notorio en América Latina, la modernización no ha logrado solucionar problemas económicos como la disminución de la pobreza y la desigualdad o la generación de empleo con condiciones laborales dignas. Esto ha facilitado que los partidos políticos y candidatos brinden una atención personalizada y particularista allí donde el Estado ha sido incapaz de llegar a la población más necesitada, lo cual se acentúa en áreas rurales y en zonas marginadas de las grandes ciudades.

Al igual que la modernización, los procesos de democratización también generaron entusiasmo en un intento por combatir la personalización de la política. Siguiendo con el ideal normativo, la democracia supone una serie de mecanismos para regular el funcionamiento de los tres poderes y de las burocracias y reglas para acceder a cargos de gobierno y de representación, así como para evaluar el desempeño de quienes están al frente de esas instituciones. En este sentido, uno de los objetivos principales de las normas es generar certidumbre en los ciudadanos sobre los distintos procesos en que estos participan.

Tal como han precisado oportunamente algunos autores, los procesos de transición y consolidación democrática, tanto en Europa como en América Latina, no han fortalecido las instituciones políticas del modo que se esperaba (O´Donnell, 1996b), ni han conseguido transformar la predisposición de la ciudadanía –o su vulnerabilidad– hacia las formas clientelares de los partidos políticos y candidatos (Hopkin y Mastropaolo, 2001). En cambio, lo que se percibe es la incapacidad de las instituciones para establecer controles y hacer cumplir la norma y la falta de efectividad de los gobiernos. Frente a la erosión del sistema democrático y la incertidumbre que esto genera en el ciudadano, los mecanismos de intermediación política personal y particular constituyen la mejor manera de tener acceso a los recursos del Estado (Hilgers, 2012).

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de formular nuevos planteamientos teóricos que brinden explicaciones alternativas a las ya expuestas. Dicha necesidad de reformulación teórica justifica también la importancia del estudio del clientelismo en términos prácticos, pues, como se ha visto, las reglas informales conviven con las formales aun en regímenes democráticos y países desarrollados (O´Donnell, 1996a, 1996b; Helmke y Levitsky, 2006). De modo que entender los mecanismos de distribución de recursos, atención de demandas y favores a cambio de votos requiere un análisis tanto a nivel micro –donde tiene lugar el intercambio– como a nivel macro –en relación con el impacto sobre la democracia–.

A nivel micro porque solo así es posible acercarse a las motivaciones de los actores que participan en las redes clientelares y a su realidad política y social. Dentro de esta realidad hay condiciones estructurales desfavorables para algunos sectores, lo cual provoca que parte de esa población dependa de la asistencia social que ofrecen los programas gubernamentales. Estas condiciones, en contextos de informalidad y débil institucionalidad, favorecen la intermediación personalizada como medida de resolución de problemas (Auyero, 2012, p. 42). A su vez, la atención personalizada de favores y servicios sigue siendo una práctica usada por los partidos y candidatos para obtener votos.

En ese sentido, no se puede pasar por alto que el clientelismo se ha adaptado a las circunstancias existentes aun en democracias consolidadas y que el particularismo es una característica permanente de la humanidad, el cual se ha ido reduciendo solo recientemente por la implementación de normas universales (O´Donnell, 1996b, p. 17). Por consiguiente, los contactos cara a cara no son remanentes de sociedades tradicionales ni de regímenes autoritarios, sino una forma de hacer política llena de significado para quienes la practican.

Bajo esa tesitura, el conocimiento de la personalización y particularización de la política como estrategias de captación de votos –en la que intervienen, por ejemplo, caciques locales– es fundamental para comprender el comportamiento político en donde las democracias no han alcanzado un alto nivel de desarrollo (Helmke y Levitsky, 2006; Hilgers, 2012). Es mediante este tipo de observaciones que el nivel micro proporciona información del diseño político a nivel macro (Hilgers, 2012), lo que permite indagar en los efectos que genera el clientelismo –y otras prácticas informales– en la representación política, la rendición de cuentas o el funcionamiento de los regímenes democráticos. Un debate más amplio sobre este particular se desarrolla en las conclusiones de este volumen.

Organización del libro

Este libro busca establecer una mejor fundamentación teórico-conceptual del clientelismo político y una mayor comprensión del funcionamiento de las democracias latinoamericanas a través de los casos de Colombia y México. Como se señaló anteriormente, desde distintas perspectivas metodológicas y disciplinas del conocimiento, los colaboradores problematizan acerca de cómo funcionan las redes clientelares, en dónde se suscitan y qué efectos generan, quiénes las integran y cuál es el rol que cumple cada actor, qué estrategias no programáticas de atracción de votos emplean partidos y candidatos y cuáles son las fuentes de financiamiento para el mantenimiento de estas prácticas.

La primera parte del libro está dedicada al estudio del caso colombiano. Carolina Guevara da inicio a esta sección con el único trabajo que se desplaza del ámbito local-electoral y analiza el clientelismo en una instancia del Poder Judicial. Se trata de la existencia de indicios fuertes del fenómeno en la Corte Suprema de Justicia. Entendiendo el clientelismo judicial, cercano al término de patronazgo definido arriba, como una relación asimétrica en la cual son identificados un patrón –vinculado al Poder Judicial– y un cliente –en ocasiones también unos intermediarios–, en la que se asiste a un intercambio desigual de favores –como nombramientos, ayuda en la consecución de prebendas económicas, apoyo político y votos–, la autora muestra que el máximo tribunal de justicia en Colombia no ha estado exento de intercambios desiguales de favores. Por ejemplo, las prácticas informales en la Corte Suprema de Justicia están ligadas a la selección de jueces, de personal que ocupa otros cargos y a la falta de control y sanción efectivo. Esta situación, como evidencia la autora, varía en grado, dependiendo si se trata de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo Superior de la Judicatura.

De ahí en adelante los trabajos dan paso al análisis micro en el plano regional y local⁴. Primero, Luis González, Carlos Guzmán y Ángel Tuirán abordan uno de los problemas clásicos en torno al estudio del clientelismo que es la atención que recibe la díada patrón-cliente. Como ponen de manifiesto estos autores, en la actualidad el clientelismo opera bajo la tríada patrón-intermediario-cliente, por lo que en su capítulo describen cómo operan las redes clientelares a través de los diferentes tipos de intermediarios y las actividades que estos realizan en el municipio portuario e industrial de Barranquilla. A través de entrevistas a informantes claves logran dar forma a la estructura de una red clientelar compuesta por un patrón, tres anillos de intermediarios (capitanes, coordinadores y líderes) y los electores. Además de representar las funciones informales de cada mediador, identifican una red paralela de compra de votos que se activa en tiempos electorales y en la cual participan los actores antes mencionados. En ese sentido, muestran que en el municipio de Barranquilla del clientelismo a la compra de votos hay solo un paso y este se da en periodos electorales.

Continuando en el Caribe colombiano, Luis Fernando Trejos y Jolie Guzmán Cantillo buscan esclarecer cómo operó el paramilitarismo en dicha región. En un país azotado por la violencia procedente del narcotráfico y los grupos paramilitares en las décadas de 1980 y 1990, y que ha sufrido un conflicto interno durante 50 años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (

FARC

, recientemente desmovilizadas), no es de extrañar que otros actores político-ilegales disputen al Estado los espacios públicos, impongan formas de establecimiento del orden y hagan uso de los recursos propios del gobierno a través de la fuerza. Sobre ese escenario trata el trabajo de Trejos y Guzmán, quienes a través del estudio del paramilitarismo identifican una forma de clientelismo armado que difiere de la política informal tal como