Aquellos maravillosos años: Escándalos de corrupción y despilfarro en España durante la última década

Por Continta me tienes

Aquellos maravillosos años bien podría ser un texto de ciencia ficción si no fuera porque los hechos y personajes que en él se retratan son tan reales como la crisis económica que padece España.

Con la premisa de recorrer la geografía de la corrupción española de la mano de sus protagonistas y casos más sonados, este volumen se sirve de grandes dosis de ironía y humor para contar la tragicómica historia reciente de un país vapuleado por la corrupción y el despilfarro.

• Idioma: Español
• Editorial: Continta me tienes
• Fecha de lanzamiento: 1 jun 2012
• ISBN: 9788493769062

Vista previa del libro

ANÍBAL

Cuando Galicia se

quedó sin caciques para

tanto «campeón»

Galicia

---

Natalia Arias Armesto (Lugo, 1982), es periodista. Formó parte del equipo de Xornal de Galicia hasta su cierre y ha trabajado también en publicaciones relacionadas con el ámbito sanitario (Sanitaria 2000) y en agencias de comunicación (Aguamarina). @ariasnatalia

Popular y popular (del PP). Con 71 años de edad y 22 al frente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar Pumar, el último de los barones gallegos de la época Fraga, se retiró de la política este año 2012. Cedió el bastón de mando a su hijo, José Manuel Baltar Blanco, que se había hecho también con las riendas del partido a nivel provincial dos años antes en un congreso tildado de «fraudulento» por los propios militantes del PP, al menos por los afines al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien, como Fraga, nunca pudo con el clan de los Baltar. La marcha de este veterano político, que se refería a sí mismo como el «cacique bueno», es el principio de la dinastía de los Baltar en Ourense, aunque para Galicia puede entenderse como un punto y aparte con respecto a una época en la que las máculas de la política no se medían en cientos de folios de sumario o complejas tramas, como ocurre hoy, sino en un enquistado nepotismo que convirtió a Ourense, como a buena parte del rural gallego, en un granero de votos para los populares en el que las solicitudes de empleo no se hacían al INEM sino al «buen cacique».

Y la cosa venía de largo, de aquella Galicia de Fraga en la que se decía que votaban hasta los muertos. No era solo un dicho. El voto emigrante, que representó todavía en las últimas elecciones autonómicas (2009)

–cuando aún no se había modificado la ley electoral– el 12% del censo, fue durante años susceptible de diversas manipulaciones y escándalos, como también lo fue la movilización de votantes a través de prácticas poco ortodoxas, favor con favor se paga, un clásico de la comunidad autónoma, cuyo rastro se adivina aún en fallos judiciales tan recientes como el que afecta al ex alcalde popular de Ares (A Coruña), José Manuel Cendán Fernández, condenado a cinco años de inhabilitación por delito electoral. Empadronó irregularmente a 73 personas, en su casa (32), en la de su novia (10), en viviendas ruinosas o inexistentes, e incluso en el garaje de un empresario fallecido que había formado parte de las listas del PP; todo, dos meses antes de las elecciones de 2003, en un intento de evitar una victoria tan ajustada como la que le había dado la alcaldía cuatro años antes por un margen de 43 papeletas. El hoy portavoz del grupo municipal del PP ya ha anunciado que recurrirá esta sentencia ante la Audiencia Provincial y que, por no hallar motivos, no dimitirá de su puesto en el Ayuntamiento.

A diferencia de Cendán, su compañero de militancia, Baltar Pumar, se marchó sin ninguna condena judicial y jactándose de haber sobrevivido a una época en la que los casos de fraude electoral y clientelismo eran tan abundantes como poco perseguidos. Fue el último de los barones del «sector de la boina» del PP en retirarse y no le arrebataron su feudo ni las urnas, como a Fraga; ni las desautorizaciones dentro del partido (como le ocurrió a Francisco Cacharro Pardo, presidente de la Diputación de Lugo durante 24 años y ya tocado por algunos escándalos); ni tampoco las sospechas de corrupción, caso del hombre de confianza del padre del PP, Xosé Cuíña, que dimitió en enero de 2003 como consejero de Política Territorial después de verse salpicado por los «hilitos de fuel» del «Prestige». Según publicó la Prensa en su momento, una de las empresas del «holding» propiedad de la familia Cuiña había vendido a la Xunta y a la empresa pública Tragsa el material de limpieza empleado por los voluntarios que limpiaron la costa gallega.

Baltar, el último de aquella estirpe de políticos, deja como herencia a su hijo, además de sus famosas «sacas de votos», un legado económico bastante menos apetecible en tiempos de crisis. La deuda de la Diputación de Ourense asciende actualmente a casi 60 millones de euros y buena parte de su presupuesto se va en pagar nóminas a una plantilla sobredimensionada, según las constantes denuncias de oposición y Prensa. Un ejemplo basta para entender a qué se refieren: la sala de exposiciones del Edificio Simeón, un inmueble de tan solo dos puertas, contaba en 2009, año electoral en Galicia, con 33 porteros –11 fijos y 22 eventuales– que es de suponer tendrían como tarea principal evitarse unos a otros para no tropezar.

Y otro dato representativo de la manera de hacer del viejo Baltar. Meses antes de las municipales de 2011, en el órgano provincial estaban empleadas, entre concejales del PP y familiares directos, unas 400 personas, según cifró la periodista Cristina Huete en El País. Este diario aseguró que el organismo público era el segundo empleador de la provincia tras la empresa Coren y que pagaba el sueldo de 950 trabajadores, muchos de los cuales eran también militantes del PP, formación que contaba en ese momento con un total de 485 ediles en toda la provincia. De las propias cifras se deduce, como también recordó la periodista, que a día de hoy solo quedan en el órgano un puñado de trabajadores sin vinculación política con la formación de su presidente, la mayoría contratados antes de que los Baltar lo convirtieran en su casa. Una casa en la que se hizo el silencio el primer día de ausencia del veterano político, cuando, por primera vez, faltaron las habituales aglomeraciones en los pasillos para despachar con él, supuestamente en busca de favores.

Quizás por ello, muchos lloraron en la despedida del entrañable gobernante en cuyo reino llegaron a suceder cosas tan curiosas como que un representante de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa de la Diputación, José Antonio Blanco, formase parte a su vez del equipo de Gobierno del concello de Esgos, como edil del PP, junto al hijo y al cuñado de Baltar Pumar, o que la hija del jefe de los servicios jurídicos de la Diputación, José Eugenio Galindo, se presentase a una oposición con su padre en el tribunal, situaciones todas ellas cada vez más frecuentes a medida que el órgano de Gobierno de la provincia se volvía cada vez más endogámico.

A la fórmula de Gobierno de Baltar padre nadie dudó nunca en atribuirle el calificativo de «clientelar». Esto lo corroboran, además de las anécdotas que generó este hombre, –que no titubeó a la hora de responder a El Intermedio que él era un señor que se preocupaba por «todos los que pasaban por su despacho»–, los datos económicos. Su hijo cuenta este año con una dotación de algo más de 71 millones de euros, de los que tendrá que destinar el 41%, 29 millones, a gastos de personal. Para inversiones reales le quedarán tan solo 12. Y a fin de cuentas, como le gustaba tararear al patriarca acompañado de su trombón: «Si no eres del PP, jódete, jódete».

400 MILLONES PARA EL «MAUSOLEO» DE FRAGA

Pero las inversiones que faltan en Ourense sobran en otros lados y hay una que no se puede obviar porque se ha convertido en el mayor exponente del despilfarro en la comunidad autónoma. Se ha comido millones de euros, hasta el punto de que la obra ha tenido que ser paralizada. Se trata del último gran proyecto del presidente Manuel Fraga, la Cidade da Cultura, un ejemplo más de esos grandes contenedores culturales –en este caso un continente aún por rellenar de contenido– que tanto proliferaron en la Península Ibérica durante la llamada «burbuja cultural» y que, en el caso de Galicia, ha hipotecado durante más de una década el presupuesto de la Consellería de Cultura, órgano que ha llegado a consumir hasta la mitad de su dotación y que, por cierto, ya no existe. Cosas de los recortes.

La instalación, a la que se accede por la avenida que lleva el nombre de su artífice, Fraga –de quien el Consello de Contas dijo que había «abdicado de la gestión prudente de los fondos públicos» con este proyecto–, fue presupuestada en 1999 en 108,2 millones de euros y, de momento, ha costado a los gallegos casi 400, mientras que se necesitan alrededor de otros 200 más para dar salida a los edificios paralizados y evitar abonar a las empresas constructoras 20 millones de euros en concepto de indemnización por incumplimiento de contrato.

De momento, el complejo, que ocupa una superficie de 148.000 metros cuadrados, el equivalente a la ciudad vieja de Santiago, cuenta con cuatro edificios construidos, el Archivo de Galicia, la Biblioteca de Galicia, los Servicios Centrales y el Museo de Galicia, y dos paralizados hasta 2014, uno de los cuales, todavía en cimientos, ha tenido ya hasta seis nombres distintos para convertirse finalmente en el Centro de Arte Internacional. El otro, el Centro da Música e das Artes Escénicas, pretende ser un palacio de la ópera con capacidad para realizar tres montajes simultáneos, algo que actualmente solo es posible en el Lincoln Center de Nueva York. Casi nada para una población de poco más de 90.000 habitantes.

Para llevar a cabo este proyecto titánico se vació la montaña del monte Gaiás, con el objeto de reproducir, con un diseño moderno, ese casco antiguo cuya extensión emula y provocar un efecto similar al del Guggenheim de Bilbao en cuanto a la atracción de turistas, algo que en una década, y a pesar de la cuantiosa inversión, no se ha conseguido. El museo bilbaíno costó hasta su apertura 126,5 millones de euros y, pese a que su tirón ha bajado, ronda el millón de visitantes. La Cidade da Cultura abrió sus puertas en 2011, tras más de una década de trabajos y, en un año, apenas superó los 330.000 visitantes, y no sin generar polémica.

Pero lo peor de todo es que la cosa se veía venir y no importó. La Xunta de Fraga decidió seguir adelante con este proyecto a pesar de que en la fase de concurso uno de los miembros del jurado, Wilfred Wang, ya advirtió de que el precio de la obra se dispararía. El Gobierno autonómico no solo desoyó su opinión, sino que al propio Fraga le parecieron pocos los 250.000 libros que podía albergar la biblioteca –exactamente la misma cantidad que tiene actualmente– y pidió que se ampliase su capacidad hasta el millón de ejemplares. Además, se firmó un contrato con el arquitecto estadounidense Peter Eisenman en el que se autorizaba al autor del diseño a seleccionar los materiales. El resultado: hoy muchas de la estanterías de la parte de la biblioteca de uso público están vacías, pese al empeño del Gobierno autonómico de firmar convenios con fundaciones para llenarlas, y los amplios espacios del inmueble han sido adornados por el director del proyecto con bancos de 2.500 euros o butacas de casi 400, acentuando el sobrecoste de una obra que, ni costó lo previsto ni se terminó en tres años, como estaba presupuestado, ni cumplió con la extensión inicial, 60.000 metros cuadrados. Además, esta magna obra de arte que lo gallegos conocen popularmente como el «mausoleo de Fraga» y que es en realidad uno de los proyectos arquitectónicos más difíciles de ejecutar por su complejidad técnica –dicen los expertos– se puso en marcha sin tener idea de para qué. Llenarla de contenido cultural se ha convertido en otro problema que ha servido para alimentar artículos de prensa y críticas, por ejemplo, porque algunos artistas aseguraron que la compleja estructura de los edificios no favorecía la exhibición de sus piezas. De hecho, el complejo abrió sus puertas en 2011 con unos accesos deficientes y con tan solo dos de los seis edificios acabados, la biblioteca y el archivo, aunque posteriormente lo hizo el museo. Como contenido cultural, poca cosa para tanta superficie: un ciclo de conferencias sobre escritores gallegos y varios espectáculos de magia. Y más despilfarro: el mantenimiento del complejo supone un coste de 4,5 millones anuales, actividades culturales aparte, cifra que se va incrementando a medida que se convocan concursos públicos y se abren nuevas instalaciones. Por ejemplo, en calefacción se van 12.000 euros cada mes; 108.000 euros en el mantenimiento de 28 ascensores, montacargas y escaleras eléctricas; 610.000 euros en seguridad, 300.000 en limpieza…

TRATA DE BLANCAS, BLANQUEO Y CORRUPCIÓN POLICIAL

Aún así, casos como estos, de nepotismo, despilfarro, clientelismo… son la vieja Galicia y guardan poca relación con los grandes sumarios que reclaman actualmente la atención de los gallegos, dos de los cuales invitan a cualquier guionista que desee seguir la estela de David Simon con su «The Wire» a fijarse en Lugo. La trama comenzaría con la llegada a una tranquila ciudad de provincias, menos de 100.000 habitantes, de dos juezas, Estela San José y Pilar de Lara, que, en unos meses, revolucionarán la vida de los juzgados de una apacible localidad, en la que nunca pasaba nada, al encontrarse inmersas en la investigación de complejas tramas relacionadas con la trata de blancas, el blanqueo de capitales, la corrupción policial o la concesión irregular de subvenciones, todo aderezado con robos en la casa de presuntos empresarios corruptos, burdeles en llamas y mujeres desaparecidas.

Pues esto es más o menos lo que se supone que ha ocurrido en la ciudad de las murallas, donde, el ojo crítico de las magistradas se ha posado en empresarios, policías, magistrados, ex ministros, alcaldes, ex conselleiros y políticos adscritos a todo tipo de siglas. La cosa ha llegado hasta Andorra, Cataluña o el Tribunal Supremo –que lleva la parte de la «Operación Campeón» en la que se ha visto implicado el ex ministro de Fomento José Blanco– y casi se puede decir que los dos casos de más calado de Lugo, el «Campeón» y la «Operación Carioca», pujan fuerte en el ranking de las mayores corruptelas de España, mientras las magistradas amenazan con no dejar a un vecino sin imputar.

Pero volviendo al capítulo 1, la maraña de presuntas ilegalidades comenzó a deshacerse a partir del «Caso de las multas de tráfico», el primer proceso notorio de la jueza San José. A finales de 2008, la togada intervino la Jefatura Provincial de Tráfico para investigar un caso de presunta retirada irregular de multas de tráfico a personajes influyentes de la ciudad. Este hecho se coló en los periódicos y en las conversaciones de barrio cuando aún resonaban en la ciudad los ecos de la «Operación Muralla», todavía irresoluta, en parte por el extravío de pruebas, y que trataba de esclarecer la relación de varias empresas concesionarias de obras de la Diputación provincial con empleados y ex empleados de este órgano. El primer caso, con un importante número de agentes locales imputados por tráfico de influencias, tuvo como principales víctimas al jefe provincial de Tráfico, Julio González, y al subdelegado del Gobierno, Jesús Otero, que dejaron sus puestos tras ser imputados. El segundo, que removió las entrañas del órgano provincial, acabó llevando a los juzgados, aunque en calidad de testigo, al que había sido su presidente, Francisco Cacharro Pardo, el mismo hombre que dio el espaldarazo definitivo en la ciudad y hasta en la isla de Cuba –donde en los años 90 tenía muy buenas relaciones el presidente Fraga– al protagonista del momento, Jorge Dorribo, principal imputado del «Caso Campeón» y que ya desde entonces parece ser que se hizo con una cartera de influyentes para ayudarse en sus negocios.

Sin embargo, a la jueza estrella aún le quedaban titulares por dar antes de llegar al empresario farmacéutico. El siguiente fregado con políticos en el que se metió, tras la no menos sonora «Operación Pollo» –con decenas de detenidos acusados de explotar a inmigrantes magrebíes–, fue la «Operación Rei», con la que el diputado provincial y alcalde socialista del municipio de Castro de Rey, Juan José Díaz Valiño, acabó detenido junto a tres concejales, dos del PSOE y uno de Terra Galega,