Extracto del programa emitido en Onda Cero Madrid Sur el jueves 8 febrero.

¡Bienvenidos al podcast de hoy! En esta emisión, vamos a adentrarnos en un tema crucial que ha estado generando preocupación en el sector de la comercialización de carburantes en España. Nos referimos al fraude fiscal que ha sido denunciado repetidamente por la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).

Desde hace algún tiempo, la CEEES ha venido alertando sobre una preocupante situación: la proliferación de un vasto entramado de fraude en la venta de carburantes. ¿En qué consiste exactamente este fraude? Básicamente, se trata de la venta por debajo del costo real de gasolina y gasóleo por parte de ciertos operadores al por mayor, quienes luego no cumplen con la obligación de liquidar los impuestos correspondientes sobre estos productos.

Las estaciones de servicio que adquieren estos combustibles a precios anormalmente bajos son plenamente conscientes de su complicidad en la comisión de un delito. Compran el carburante a precios reducidos y luego lo venden al consumidor final a un precio significativamente más bajo que el promedio en la zona. Esto genera una competencia desleal con respecto a aquellas instalaciones que sí cumplen con las normativas establecidas.

Este panorama no solo perjudica las arcas del Estado, privándolo de importantes sumas de dinero en recaudación fiscal, sino que también socava la integridad del sector legal de estaciones de servicio. La moratoria concedida por el Gobierno no ha hecho sino empeorar la situación, disparando el fraude desde la entrada en vigor del Real Decreto 8/2023.

Es momento de que las autoridades tomen medidas contundentes contra aquellos que violan las reglas del juego. Sin embargo, la solución va más allá de simples decretos. Se necesita una revisión integral de la fiscalidad de los carburantes, una que no solo desincentive el fraude, sino que también promueva alternativas más sostenibles.

La propuesta de implementar una verdadera fiscalidad verde, que incentive el uso de productos alternativos a los combustibles fósiles, es una medida que merece ser considerada seriamente. Países como Francia ya están avanzando en este sentido, aplicando impuestos más bajos a combustibles más sostenibles.

En resumen, es necesario un enfoque integral que combine medidas regulatorias más estrictas con incentivos para la transición hacia opciones más respetuosas con el medio ambiente. Solo así podremos combatir eficazmente el fraude fiscal y construir un sector de comercialización de carburantes más justo y sostenible para todos.

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