Guatemala, la república de los desaparecidos

Por Manolo E Vela Castañeda

Guatemala, la república de los desaparecidos es una luminosa serie de artículos capaz de llevar a los lectores y a las lectoras a un entendimiento completo de la desaparición forzada como arma de guerra.

• Idioma: Español
• Editorial: Universidad Iberoamericana A.C.
• Fecha de lanzamiento: 22 may 2024
• ISBN: 9786078988037

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Imagen de portada

GUATEMALA, LA REPÚBLICA DE LOS DESAPARECIDOS

Manolo E. Vela Castañeda

(coordinador)

Guatemala, la república de los desaparecidos

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE MEXICO.

BIBLIOTECA FRANCISCO XAVIER CLAVIGERO

Esta obra contó con el apoyo del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México)

D.R. © 2024 Universidad Iberoamericana, A. C.

Prol. Paseo de la Reforma 880

Col. Lomas de Santa Fe

Ciudad de México

01219

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Versión electrónica: marzo 2024

ISBN: 978-607-8988-03-7

© 2023 Prometeo libros

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Diseño y diagramación: María Victoria Ramírez

Diseño de portada: Nina Turdó

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Hecho en México.

Digitalización: Proyecto451

Índice de contenido

Portada

Portadilla

Legales

ESTUDIO INTRODUCTORIO

Manolo E. Vela Castañeda

PRIMERA PARTE: PERSPECTIVAS

CAPÍTULO 1

Escuadrones de la muerte como dispositivo de represión en Guatemala. Una muestra del registro documental y testimonial

Marc Drouin

CAPÍTULO 2

Una doctrina para ganar la guerra: desarrollo, política y guerra irregular. La reformulación del pensamiento militar guatemalteco, 1975-1985

Laura Sala

CAPÍTULO 3

Centros de detención adecuados. El universo adentro de los centros clandestinos de detención que funcionaron en Ciudad de Guatemala durante la guerra de contrainsurgencia

Manolo E. Vela Castañeda

SEGUNDA PARTE: CASOS

CAPÍTULO 4

La importancia de los peritajes de las ciencias sociales en los procesos de justicia transicional. Desaparición forzada de Edgar Fernando García

Marco Tulio Álvarez Bobadilla

CAPÍTULO 5

El Diario Militar: el caso de la desaparición forzada de Alma Lucrecia Osorio Bobadilla. Un análisis de unidades documentales del Archivo Histórico de la Policía Nacional

Sonja Perkič-Krempl

CAPÍTULO 6

La caída de Carlos Humberto Quinteros García (Miguel o el Hombre lobo) y las repercusiones para el Partido Guatemalteco del Trabajo

Juan Carlos Vázquez Medeles

TERCERA PARTE: REPRESENTACIONES, JUSTICIA, ARCHIVOS, MUERTOS

CAPÍTULO 7

Las caras en las calles: espacio y pertenencia en Guatemala

Rachel L. Hatcher

CAPÍTULO 8

Batallas contra la impunidad: justicia (pos) transicional y judicialización en Guatemala

Maira Ixchel Benítez-Jiménez

CAPÍTULO 9

La justicia transformadora para las mujeres. Nuevas formas de hacer memoria histórica en Guatemala

Olga Alicia Paz Bailey

CAPÍTULO 10

Archivos de las fuerzas de seguridad para la investigación y la justicia: documentos del Estado Mayor Presidencial

Nelly Andrea Reyes Figueroa

CAPÍTULO 11

¿De qué están hechos los muertos? Las exhumaciones y la materialidad de los mundos sociales indígenas en la Guatemala del posgenocidio

Carlota McAllister

CUARTA PARTE: DINÁMICAS TRANSNACIONALES

CAPÍTULO 12

La transnacionalización de ideas: la escuela contrasubversiva desde Argentina hasta Guatemala

Julieta Rostica

Agradecimientos

A lo largo de los años que llevó la preparación de este libro, como siempre ocurre, he recibido, de muchas y de muchos, muchos gestos de apoyo y de amistad.

Quizá debiera empezar por el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, que me ha brindado un entorno institucional extraordinario, sin el cual no hubiera podido contar con el tiempo para investigar, y escribir. Con Marisol López-Menéndez y con Yael Siman, grandes colegas en el departamento, hemos compartido la pasión por estos temas. De allí la idea de nuestro curso: Violencia, trauma y memoria. Gracias, también, a Roger Magazine, por su amistad.

Este libro hizo parte de un proyecto de investigación que obtuvo recursos económicos de CONACYT. Para llevar adelante el proyecto, en la universidad, conté con el apoyo de Alejandra Santoyo, Cristina de la Cruz y Teresa Aguilera, con quienes logramos completar las gestiones administrativas que un proyecto de este tipo implica. Muchas gracias también a Romina Jiménez Funes, Ángel Andrés Vázquez Pérez, y a Roxana Itzel Castro Carmona, quienes, a lo largo del tiempo que duró el proyecto, fueron mis asistentes de investigación.

El proyecto de investigación fue presentado en el Seminario Permanente de Historia Social que tiene su sede en El Colegio de México, donde el profesor José Antonio Piqueras comentó mi presentación. Tanto las observaciones que José Antonio me formulara, como las participaciones de otros colegas y estudiantes fueron verdaderos aguijones intelectuales.

Una parte de la investigación que hizo posible este libro se realizó durante una estancia sabática, entre 2018 y 2019, también apoyada por CONACYT, en el programa de doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos que dirigió el profesor, y amigo, Ricardo Saenz de Tejada.

Como el libro está hecho con el trabajo de muchos y de muchas, las autoras y los autores, no me resta más que agradecer a todos y a todas ellos y ellas, a quienes admiro y de quienes he aprendido tanto. Juntos, hemos logrado escribir una historia a muchas voces sobre la desaparición forzada en Guatemala que rinde un homenaje a todas y a todos los desaparecidos y las desaparecidas. Con sus investigaciones, sus enfoques e interpretaciones, su fino trabajo con las fuentes, y su poderío narrativo, hemos logrado mover la frontera de lo que, en torno a este tema, hasta ahora se sabía. Al final, nuestro libro es, como gusta decir Ricardo Sáenz de Tejada, un mosaico, hecho por investigadores e investigadoras de trayectorias muy diversas.

Tengo que agradecer, también, el preciso trabajo de edición realizado por Haydeé Salmones, y el equipo editorial de Nota al pie. En el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, Cristina González García acompañó, de principio a fin, el proceso de producción de este libro. Gracias a ella, por su dedicación, y por su generosidad. Como este libro es el primero con Prometeo Editorial, quisiera agradecer la confianza que, desde aquella primera comunicación, han tenido para con mis textos. Sucedió lo que muchos soñamos: envié, alguien leyó, apreció lo que tenía delante, y listo, lo demás está aquí, ante ustedes. Muchas gracias a Raúl Carioli, el genial maestro de orquesta; a Jorge Domínguez, el coordinador editorial, por no tolerar ningún retraso; y, por supuesto, a Daniel Feierstein, de quien, con su libros, tanto hemos aprendido una generación de cientistas sociales que ahora trabajamos en estos temas. Estoy en deuda, también, con los revisores anónimos, cuyos útiles comentarios mejoraron grandemente el manuscrito original.

Quisiera agradecer, finalmente, a los y a las fiscales del Ministerio Público de Guatemala, a las abogadas y a los abogados que, desde las organizaciones de derechos humanos, se han dejado la piel investigando, haciendo diligencias, tomando testimonios, preparando casos, para que en Guatemala haya un poco de verdad y justicia; a los archivistas del Archivo Histórico de la Policía Nacional, y del Fondo Documental Estado Mayor Presidencial; a las y a los activistas de derechos humanos; a las y a los periodistas; a los y a las jueces, que resisten los embates de la corrupción, y mantienen su autonomía; a los familiares de los detenidos y las detenidas desaparecidas; y, especialmente, a los sobrevivientes. Este libro ha sido posible por ustedes, por su tenacidad, por su alegría a toda prueba, y por su esperanza de –algún día– llegar a tener un mejor país.

Mientras investigaba, escribía y revisaba la varias versiones por las que esté libro pasó, mis días siempre eran mejores en la compañía de Rafael y de Joaquín, mis dos hijos. Gracias a ellos por ayudarme a ser una mejor persona. Cualquier error sigue siendo culpa mía.

m. V. c.

Coyoacán, 7 de octubre de 2022.

A los que

luchando por un futuro mejor

se toparon con la muerte.

Nunca murieron,

porque

aquí están,

con nosotros,

ahora,

más vivos que nunca.

Celebramos su vida,

sus sueños,

su lucha.

De alguna forma,

nosotros somos Ustedes,

y los que vienen,

que seguirán recordando

lo que aquí pasó,

y que sigue pasando.

m. V. c.

Estudio introductorio

Manolo E. Vela Castañeda (1)

La obra que el lector tiene entre sus manos reúne una serie de artículos para entender el fenómeno de la desaparición forzada en Guatemala. Se trata de un libro que, por la diversidad y profundidad de los enfoques que emplea, ha logrado mover la frontera de lo que hasta ahora conocíamos en torno a este fenómeno.

Aquí se hallan explicaciones acerca de las ideas que sirvieron como fundamento para llevar adelante las operaciones militares contra activistas y militantes, el profundo cambio en el pensamiento militar que se experimentó adentro del Ejército guatemalteco, una mirada a los centros clandestinos de detención, esos lugares donde se atormentaba a quienes eran capturados, las bases de operaciones de los escuadrones de la muerte; también, el estudio analiza las representaciones de los detenidos desaparecidos en el presente, las batallas por la justicia, las luchas de las mujeres para que la violencia sexual empleada en el contexto de la guerra sea juzgada por los tribunales, los archivos, y el procesamiento de otro tipo de rastros que todo esto dejó, las exhumaciones. Además de este conjunto de temáticas, la obra presenta tres casos de detenidos desaparecidos: Carlos Humberto Quinteros García, Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, y Edgar Fernando García, él en octubre de 1983, ella en diciembre de 1983, y él en febrero de 1984. Desde lo pequeño de los casos podrán analizarse los grandes procesos en torno a las estrategias represivas que el Estado guatemalteco empleó.

Pero más allá del caso Guatemala, en perspectiva comparada esta obra ilustra un tiempo en la historia de América Latina: el tiempo de la Guerra Fría, de los ciclos de movilización desde abajo que se toparon con respuestas estatales fulminantes. De procesos de contienda que avivaron guerras de guerrillas en las montañas y en las ciudades. Guatemala, nuestra república de la desaparición forzada, es un caso paradigmático de cómo fue empleada la desaparición forzada en América Latina. De los fundamentos de esta práctica, sus técnicas operativas, y sus consecuencias que nos llegan hasta el tiempo presente para recordarnos que –querámoslo o no– aquel pasado remoto se halla hoy, aquí, con nosotros, tan presente como si todo hubiera ocurrido ayer.

Los orígenes de la maldad

Guatemala es un pequeño y bello país, con paisajes deslumbrantes, unos atardeceres de obra de arte y un clima extraordinario. Es extraño cómo esta tierra de tanta belleza haya sido escenario, a lo largo de su historia, de singulares eventos que han reflejado con tanta precisión la maldad a la que el ser humano es capaz de llegar. La historia de Guatemala confirma que el infierno está muy cerca del paraíso. Más allá de lo que nos ha sucedido como país, eso es lo que hemos sido los guatemaltecos. También por eso se nos re-conoce en el mundo. Debemos dejar de pensar que el pasado es algo ajeno y extraño a lo que nosotros, ahora, somos.

Si durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX el mundo conoció la fiereza con la que los indios eran llevados a trabajar a las plantaciones de café, el racismo con el que se trataba a las poblaciones indígenas y uno que otro dictador se hacía famoso a costa de unas cuantas anécdotas aderezadas de actos despiadados y brutales, durante la segunda mitad del siglo XX, Guatemala fue –primero– el laboratorio donde se experimentó un nuevo tipo de política exterior, invadiendo países para mantener el orden, en 1954; y luego, el terreno donde se llevó a cabo un plan que devastó comunidades indígenas hasta llegar a diezmar porcentajes considerables de su población en un intento por controlar una guerra de guerrillas: un genocidio. Ahora, en el siglo XXI, por los altos índices de homicidios, somos considerados, junto a El Salvador y Honduras, el territorio más peligroso de la Tierra para vivir. ¿Cómo ha sido posible gestar tanta maldad a lo largo de tanto tiempo? ¿Qué somos? ¿Qué hemos sido?

En el territorio que actualmente ocupa Guatemala, la violencia no es algo nuevo. Los pueblos que habitaban este territorio se hallaban en guerras –unos contra otros– cuando las bandas de españoles llegaron a conquistarles. Luego de la violencia de los españoles vinieron las plagas, que terminaron de diezmar a las poblaciones de los pueblos indígenas. En adelante, se implantó un sistema que perduró durante siglos. En este, los pueblos de indios debían tributar y trabajar para los españoles; a cambio, administrados por el pueblo, iban a mantenerse unos terrenos comunales.

Siglos más tarde el sistema se resquebrajó cuando la economía internacional encadenó de forma más completa el territorio de Guatemala. Hacia 1871, con el propósito de cultivar café, muchas de las tierras de los pueblos de indios intentaron ser expropiadas. Aquel proceso agudizó la demanda de trabajo forzado con lo que los mecanismos de control –desde el Estado– se hicieron más fuertes. Aquel fue el origen del aparato militar y policial, el Ejército y la Policía Nacional, encargados de supervisar los mecanismos forzosos para asegurar que la mano de obra en las plantaciones funcionara a la perfección. Y aquel régimen de servidumbre agraria perduró hasta 1944, cuando, con la Revolución de Octubre, fue abolido.

Durante ese tiempo, dictadores se hicieron con el poder. Por casi dos décadas, Rafael Carrera, de 1848 a 1849 y de 1851 a 1865; luego vendrían los 22 años de Manuel Estrada Cabrera, de 1898 a 1920; y los 13 años de Jorge Ubico Castañeda, de 1931 a 1944. Todo ello transcurrió sin que, en esta forma despótica y violenta de manejar el poder del Estado, la influencia de Estados Unidos, y la Guerra Fría, tuvieran nada qué ver. Más allá del peso del contexto internacional, en Guatemala el poder siempre se ha ejercido a la par de la violencia.

Lo que en la historia de Guatemala se conoce como la guerra, es un conjunto muy heterogéneo de encuentros armados que tuvieron lugar en un tiempo largo que va de 1962 a 1996. La guerra en Guatemala no fue una sucesión continua de encuentros armados y campañas militares a lo largo de todo ese tiempo. La intensidad de la guerra varió a lo largo de todo este tiempo: en algunos momentos –pequeños, durante meses– hubo campañas militares intensas, mientras que, en otro tiempo, la constante estuvo dada por una serie de ataques dispersos en el tiempo y en territorios. (2)

Fue un proceso que tuvo su origen en: 1) el descontento prevaleciente entre grupos de izquierda y otros, nacionalistas, por la forma en la cual el gobierno del presidente Árbenz Guzmán fue derrocado por la fuerza; 2) militares, que estaban en desacuerdo con decisiones del alto mando militar, que prestaba el territorio nacional para que agentes de la CIA entrenaran a mercenarios en preparación de la invasión de bahía de Cochinos, Cuba; y, 3) clases medias de la ciudad de Guatemala que estaban inconformes con la corrupción y la represión que el gobierno militar ejercía.

La guerra –bajo la interpretación que hemos expuesto arriba– empezó en un ciclo de tiempo que va de noviembre de 1960 a febrero de 1962. En adelante, la guerra continuó hasta llegar a 1996, cuando todo concluyó con la firma de los acuerdos de paz.

Las bases sociales que los rebeldes construyeron es cosa que hemos tratado en otro estudio. (3) Lo que interesa decir aquí es que hacia 1981 y 1982 la insurgencia campesina e indígena alcanzó una especie de hegemonía en varios territorios.

Entonces, hacia 1981, el Estado reaccionó. Durante ese tiempo hubo dos episodios particularmente terribles: la comisión de actos de genocidio contra pueblos indígenas y la desaparición forzada de ciudadanos. El primero de estos hechos, el genocidio, tuvo lugar entre 1981 y 1982. De forma sistemática, el Ejército desarrolló operaciones militares en las que se ejecutó a ciudadanos, quienes se identificaban por los territorios en los que habitaban, sus idiomas, y sus trajes. Por otra parte, la desaparición forzada fue un recurso empleado desde tiempo atrás contra los opositores políticos. Como veremos más adelante, entre 1980 y 1981, el empleo de esta herramienta de represión cambió, pasando de ser empleada como mecanismo para desarticular a las organizaciones opositoras, golpeando de forma selectiva a sus cúpulas dirigentes, y sembrando miedo en los sobrevivientes, a convertirse en un empeño sistemático por destruir al conjunto de la organización, de arriba abajo, célula por célula. Esta nueva forma en el empleo de la desaparición se desarrolló en todo el país, pero, particularmente, entre 1981 y 1985, en Ciudad de Guatemala.

En el ínterin de estos actos de terror, una parte del cuerpo de oficiales dio un golpe de Estado y derrocó al presidente, el general Fernando Lucas García. De esa forma impidieron la llegada al poder de otro general, de la línea luquista, que, a través de un fraude se había hecho con las elecciones. Un triunvirato se hizo Junta de Gobierno, pero posteriormente, el general Efraín Ríos Montt se proclamó jefe de Estado, iniciando así un breve período de gobierno, de 1982 a 1983, cuando fue derrocado, también a través de un golpe de Estado. De este golpe, el general Óscar H. Mejía Víctores resultó designado como jefe de Estado. Durante ambos regímenes se construyó el andamiaje institucional que posibilitó la convocatoria a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, la celebración de elecciones generales (para alcaldes municipales, asamblea nacional y presidencia). En enero de 1986, casi cuatro años después del golpe de Estado que desbarató la sucesión de los militares en el poder, una asamblea legislativa y un presidente civil toman posesión de sus cargos.

A diferencia de Argentina, donde la transición a la democracia estuvo marcada por la derrota frente a Inglaterra en la guerra de las Malvinas, el Ejército de Guatemala contuvo de forma eficaz a las guerrillas. Esta condición iba a permitirles que la transición a la democracia fuera un proceso determinado por ellos. Esta condición iba a permitirles, también, agenciarse ciertas prerrogativas de veto, que analizaremos más adelante.

Así, durante muchos años más los militares continuaron ejerciendo un inmenso poder. En momentos decisivos desplegaban capacidad operativa para asesinar o intimidar a líderes sociales, controlar y entorpecer procesos judiciales. Los políticos, por su parte, aprendieron que en los temas de los militares era mejor no inmiscuirse; y que había que estar bien con ellos para concluir el mandato. Así, el repliegue de los militares de las esferas de gobierno no significó que el gobierno electo iniciara un proceso de investigación contra los crímenes cometidos durante la guerra. Para las élites políticas y económicas, lo que importaba era democratizar al Estado sin impacientar a los militares. Finalmente, en medio de la democratización, a pesar de esta, la guerra iba a continuar por diez años más, de 1986 a 1996.

¿Cómo llegamos a saber lo que –hasta ahora– sabemos?

Cuatro procesos marcan la historiografía de la violencia de la guerra en Guatemala. Son incisiones en el cuerpo de la historia: el primer momento, que llamaremos conocer se halla entre 1990 y 1992; el segundo momento, que llamaremos proclamar, se halla entre 1998 y 1999; el tercer momento, que llamaremos descubrir, se halla entre 2000 y 2005; y, el cuarto momento, que llamaremos buscar justicia, se ubica en 2011.

Más que fechas o eventos aislados, son procesos que se gestaron a lo largo del tiempo. No son momentos nítidamente cortados con bisturí, sino desarrollos que son la expresión de tiempos largos. Hay aquí una interpretación acerca de cómo la investigación académica, las comisiones de la verdad, los descubrimientos y la búsqueda de justicia, se combinan y se nutren, dinamizándose mutuamente. Otros han intentado aportar a este debate, (4) y lo han hecho bien. La que sigue es otra interpretación.

Conocer. El primer momento: 1990 y 1992

Entre 1990 y 1992 se publican en Guatemala los primeros tres estudios sobre la violencia de la guerra, el genocidio y la desaparición forzada.

Habían pasado ya varios años desde el punto más álgido del genocidio y la desaparición forzada cuando, en marzo de 1990, AVANCSO, la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales, publica Política institucional hacia el desplazado interno en Guatemala. (5) Fundado en 1986, AVANCSO es un centro de investigación conformado por cientistas sociales dedicados a la elaboración de análisis políticos, económicos y jurídicos, siendo sus principales ejes de investigación el ámbito sociopolítico, educativo y laboral. Este era el primer estudio que comprendía un tema vinculado al conflicto, que se publicaba en Guatemala, y que, además, su autora pertenecía a un centro de investigaciones que radicaba en Guatemala. La importancia de Política institucional hacia el desplazado interno en Guatemala fue haber presentado por primera vez a la sociedad, a una población que tuvo que desplazarse de sus hogares por causa de la guerra y que no cruzó la frontera con México, sino que se quedó en Guatemala. Como afirmó Clara Arenas, directora de AVANCSO, hasta antes de la publicación del cuaderno:

el conocimiento de que hay una población en esta situación la tiene únicamente el Ejército, no es una información que fluya en Guatemala. [...] en Guatemala no había ningún trabajo sobre esta población, no se sabía incluso de su existencia. […] fue gracias al trabajo de ella [de Myrna Mack] que la población desplazada interna tuvo un estatus, una categoría específica, como un sector que tiene una problemática específica en Guatemala. (6)

El estudio se basó en etnografías, realizadas de 1987 a 1989 en Cobán, Alta Verapaz; y, en la zona Ixil, en Quiché. (7) Myrna Mack, la coordinadora del estudio, fue asesinada el 11 de septiembre de 1990 por un equipo del Estado Mayor Presidencial. Ello quedó demostrado en los juicios contra los autores materiales e intelectuales que tuvieron lugar –respectivamente– en 1993 y 2002. (8)

En 1991 se publicó en Costa Rica El recurso del miedo. Ensayo sobre el Estado y el terror en Guatemala. Su autor, Carlos Figueroa Ibarra, desde 1980 exiliado en México, hacía carrera académica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La EDUCA, Editorial Universitaria Centroamericana, parte del CSUCA, Consejo Superior de Universidad de Centroamérica, publicó este libro. Desde la Universidad de San Carlos, este militante del partido comunista de Guatemala (conocido como PGT, el Partido Guatemalteco de los Trabajadores), fue protagonista de la insurgencia. Se trató del primer estudio que presentaba un recuento de las víctimas, las olas de terror estatal y un análisis de los contextos políticos en los que el terror emergió. El libro representa la mejor sistematización escrita hasta ahora sobre el terrorismo de Estado en los regímenes de Lucas García y de Efraín Ríos Montt. (9) En 1992 el libro fue presentado en la Ciudad de Guatemala. Como en 2011 afirmara Figueroa, el libro emergió: en el contexto de una tragedia personal, el asesinato de mis padres y de varios amigos. El autor se reconoce como sobreviviente de una lista de muerte del Ejército Secreto Anticomunista, uno de los nombres de los escuadrones de la muerte que servían de fachada de los grupos operativos de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional del Ejército de Guatemala. El escribir este libro –sentencia Figueroa– significó para mí la búsqueda de la paz de la razón. Esto significó el encontrar una explicación fundamentada en la ciencia social con respecto a la gran ola de terror que anegó en sangre a Guatemala entre 1978 y 1983. (10)

En 1992 se publicó en Guatemala Masacres de la selva, de Ricardo Falla. (11) La Editorial de la Universidad de San Carlos imprimió este libro. Falla se hallaba en Guatemala, pero muy adentro de Guatemala, como para estar en la ciudad capital, donde el libro intentó presentarse. El acto de presentación tuvo que cancelarse por una amenaza de bomba. (12) Masacres de la selva empezó en septiembre de 1982, cuando Ricardo Falla realizó un viaje a los campamentos de los refugiados guatemaltecos en Chiapas. Allí tomó contacto con Mateo Ramos Paíz, uno de los sobrevivientes de la masacre de San Francisco, Nentón, Huehuetenango (17 de julio de 1982). De acuerdo con el relato de Falla, en Negreaba de zopilotes, desde las rendijas del juzgado donde lo habían encerrado, don Mateo vio la masacre de la Finca San Francisco. Sobrevivió, solo porque los cuerpos de otros le cubrieron de la metralla de las granadas que los soldados tiraron. Pasado un rato, esperó y salió corriendo por la ventana, hasta México. Así como don Mateo, otros sobrevivientes, que llegaron a México muertos del susto, contaron lo que les había sucedido. El libro está hecho con los relatos de los que lo perdieron todo, pero lograron salvar la vida. Falla combinaba el trabajo pastoral del sacerdote jesuita con la investigación del antropólogo.

La masacre de San Francisco tuvo lugar el 17 de julio de 1982, y el 12 de octubre, con una nota del New York Times, la noticia llegó a conocerse a nivel internacional. (13) Este hecho mide la eficacia del cerco informativo que, en aquel año de 1982, el Ejército logró imponer.

El antecedente de Masacres de la selva lo constituye el Boletín de la Iglesia Guatemalteca en el Exilio, que, desde 1981, se producía desde Granada, Nicaragua: (14) nuestro grupo de trabajo, ha decidido ir poniendo al alcance de ustedes entrevistas, testimonios, análisis, estudios, etc. que ayuden a la comprensión del momento actual guatemalteco. Estos trabajos serán enviados regularmente a partir del mes de julio de 1981. De esta forma se anunció la creación de este importante medio. Los primeros testimonios de masacres, comprendiendo listas con los nombres de las personas asesinadas, la forma en que cronológicamente estos infames hechos se sucedían en el tiempo, entrevistas con protagonistas –sobrevivientes y perpetradores– de las matanzas, conmemoraciones de fechas emblemáticas, cartas pastorales de la iglesia católica, discursos, poemas, documentos de los grupos sociales y de las organizaciones revolucionarias y artículos de análisis, formaron parte de los contenidos del Boletín. La cercanía entre la narrativa de los relatos y los hechos mismos, el detalle con el que se describen los trágicos eventos, la proximidad con las víctimas –identificadas con nombre y apellido, incluyendo fragmentos biográficos personales– otorgan a aquella publicación un carácter único para el estudio de lo sucedido. El Boletín era una de las pocas voces que, a nivel internacional, continuó informando las dimensiones de la tragedia que, en Guatemala, estaba ocurriendo.

En 1983 el artículo de Ricardo Falla: El hambre y otras privaciones inducidas por el ejército de Guatemala sobre la población civil, fue el primero que abordaba de forma extensiva, una de las temáticas del genocidio: la eliminación de las fuentes para la reproducción socioeconómica de poblaciones y los desplazados por la guerra. A aquella publicación siguió otra: Éxodo. Esta representaría el primer estudio sobre los desplazados por la guerra en Guatemala. Aquella temática sería desarrollada en profundidad por la antropóloga Myrna Mack. (15)

La difusión de Masacres de la selva llevó al lector medio en Guatemala, principalmente vinculado a la Universidad de San Carlos, a informarse de una manera sistemática de lo que había ocurrido en el tiempo de la guerra. El libro tuvo una amplia difusión en las aulas universitarias de la Universidad de San Carlos, la universidad pública de Guatemala, que concentraba –en aquel momento– a un aproximado de 60 mil estudiantes solo en el campus central. El libro de Ricardo Falla retrataba con realismo y simpleza lo que había ocurrido en Guatemala.

De estas tres obras, Masacres de la selva, es el libro que más repercusiones ha tenido en relación con el conocimiento de los hechos de violencia y genocidio, las masacres. Es un estudio centrado en las víctimas y sus testimonios, en relación con la manera en que las masacres fueron llevadas a cabo por las tropas militares. Aquella publicación sería la base de una serie de estudios sobre el genocidio en Guatemala: We Charge Genocide, de Ricardo Falla, fue la última publicación que, con aquel juicio, se publicó. (16)

Aunque de forma desigual, estas tres obras abrieron líneas de investigación en los temas que abordaron. La investigación sobre los refugiados no tuvo la continuidad que, a lo largo de los años noventa y después, se hubiera esperado. Historia de un gran amor. Recuperación de la experiencia con las Comunidades de Población en Resistencia Ixcán, el libro de Ricardo Falla, fue uno de los relatos más completos para entender a las Comunidades de Población en Resistencia, una parte de los desplazados internos. Hasta que, en 2018 se publicó Ixcán. Pastoral de acompañamiento en área de guerra, la versión completa de Historia de un gran amor. (17)

Mucho del avance o estancamiento en estas líneas de investigación tiene que ver con el desarrollo de las ciencias sociales en Guatemala, particularmente de las disciplinas como la antropología, la historia y la sociología. Hacer ciencia social en los años ochenta y noventa no era cosa sencilla, aún se respiraba el olor del miedo, que encuadraba dinámicas de censura y autocensura. Con todo, estas obras siguen siendo trabajos ejemplares para entender la violencia de la guerra, el genocidio, las masacres, la desaparición forzada en Guatemala.

Quizá una de las interpretaciones más profundas de cómo se vivió la guerra en Guatemala fue editada por Robert M. Carmack con el título de Cosechas de violencia. (18) El libro, impreso en Estados Unidos en 1988, no llegaría a Guatemala sino hasta 1992, cuando la Secretaría General de FLACSO, con sede en Costa Rica decide traducir el libro. Como ya se ha insistido, no es solo la narrativa, el trabajo con las fuentes y la interpretación, sino que también tiene mucho peso la difusión editorial, el momento político y la distribución del texto. Por esos factores, este texto no logró alcanzar el impacto –en Guatemala– que hubiera podido tener.

Proclamar. Segundo momento: 1998 y 1999

Entre 1998 y 1999 la sociedad guatemalteca tuvo la oportunidad de vivir dos grandes episodios para entender lo que había sucedido en la guerra.

En abril de 1998, la iglesia católica presentó Guatemala, nunca más, un informe que, en cuatro tomos analizaba lo que había sucedido durante el enfrentamiento armado interno. Un año más tarde, en abril de 1999, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (la comisión de la verdad de Guatemala) hizo público su informe Guatemala, memoria del silencio. (19)

El informe de la Iglesia Católica iba a abrir una brecha de la que el informe auspiciado por Naciones Unidas iba a beneficiarse. El informe, organizado en el ámbito de las diócesis de la Iglesia Católica, estaba diseñado para que mucha gente se acercara a dar su testimonio sobre lo que había vivido, como víctima, como testigo, o como victimario. La estructura de diócesis, parroquias, sacerdotes y líderes comunitarios, constituía una densa red en la que este proceso se desarrolló. Y hasta ahora, la Iglesia ha desarrollado materiales educativos mediados para un público más amplio, los que son distribuidos a través de talleres y pláticas para dar a conocer el informe. El informe de la Iglesia comprendía, por tanto, un trabajo comunitario de base, para recoger esos testimonios, y guiar, después, esa era la apuesta, procesos para la búsqueda de reconciliación, reparación, y ayuda psicosocial comunitaria, acompañamiento, y justicia.

Uno de los puntos más avanzados a los que el informe de la Iglesia alcanzó a llegar fue la identificación de algunos de los más notables líderes militares que perpetraron violaciones a los derechos humanos. Además de esto, el informe comprende un completo estudio de contexto histórico, en el que se hace un recorrido por la segunda mitad del siglo veinte, una síntesis valiosa, la mejor para su tiempo; (20) una comprensiva reflexión sobre las víctimas, incluyendo la violencia contra la mujer; (21) y una penetrante aproximación a los victimarios, que, en su momento marcó la frontera de lo que, en torno a este tema, se sabía. (22)

Quizá uno de los fragmentos de Guatemala, memoria del silencio, que más impacto ha tenido a lo largo de los años, ha sido la afirmación que, durante el conflicto armado interno, entre 1981 y 1983, hubo actos de genocidio perpetrados por el Ejército de Guatemala. Para fundamentar esta afirmación la comisión presenta casos de investigación en cuatro pueblos indígenas: Maya-q’anjob’al y maya-chuj, ubicados al norte de Huehuetenango, en los municipios de Barillas, Nentón y San Mateo Ixtatán; Maya-ixil, ubicados en los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul, departamento de Quiché; Maya-k’iche’ en el municipio de Zacualpa, departamento de Quiché; y, Maya-achí en el municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz. Aquí se señala que el Estado cometió actos de genocidio en estas áreas, en las cuales se detiene el estudio, analizando regionalmente la forma como se llevaron a cabo las operaciones de terror, contabilizando víctimas, dando explicaciones que fundamentan la constatación. (23) Ello volvió a colocar la temática del genocidio –casi veinte años después– en la mesa de las ciencias sociales. Resuelta la interrogante sobre si ocurrió o no, otras interrogantes, más profundas y agudas –y que por la naturaleza de su labor no fueron abordadas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico– vendrían: ¿Por qué sucedió? ¿Cómo fue posible?

Entonces, el informe de la CEH abrió la puerta a una serie de estudios en torno al tema. Uno, de carácter cuantitativo, que constituyó el primer intento de capturar en números, porcentajes y tablas la dimensión de la tragedia, es: Violencia institucional en Guatemala, 1960 a 1996, de Patrick Ball, Paul Kobrack y Herbert Spirer. Se trata de una recolección de testimonios que duró tres años, llevada a cabo por el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos. Lo notable de esta larga investigación es la recolección de los datos, su sistematización y presentación: las cifras que documentan, en parte, la magnitud de la tragedia.

Los tomos V y VI del informe de la Comisión siguen marcando la frontera de lo que la sociedad guatemalteca conoce sobre lo que sucedió en la guerra. Estos tomos reúnen una serie de casos ilustrativos. Cada caso reúne información del contexto histórico, procesa fuentes diversas y emite un juicio en torno a la participación institucional de fuerzas del Estado. (24)

El efecto de ambos informes fue el de proclamar una verdad que la sociedad guatemalteca sabía. Fue un ejercicio de ver cómo el Estado debía escuchar lo que durante tanto tiempo había negado. La reacción no se hizo esperar.

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico ha sido utilizado como parte de las pruebas en varios casos judiciales. A pesar que dentro del mandato de la CEH se determinó que sus conclusiones no podían servir para tener efectos o propósitos judiciales, fue, particularmente útil en el caso por la ejecución extrajudicial de la antropóloga Myrna Mack Chang. Acerca de este punto, el comisionado Tomuschat precisó: sería totalmente inapropiado mantener que el informe no pueda servir como evidencia si sus hallazgos pueden determinar como resultado acciones judiciales. Son las reglas judiciales de la presentación de evidencia las que deben emplearse para determinar cómo cada prueba se puede emplear en acciones judiciales en cada caso concreto. (25)

Una de las limitaciones del informe, que ha significado un valladar importante para el desarrollo de procesos judiciales y en general para la búsqueda de la verdad fue la determinación de que la comisión no tenía poderes de acceder a instalaciones militares en la búsqueda de archivos o informaciones relevantes. La cláusula indicaba claramente que: La Comisión invitará a aquellos que se hallen en posesión de información relevante para presentar la versión de los hechos, la no participación de partes interesadas no podrá llevar a que la Comisión se pronuncie en torno a esas cosas. Esta cláusula posibilitó que el Ejército se negara a cooperar con la Comisión. (26) De esa forma se marcó la frontera de lo que podía conocerse. Al no abordar el acceso a los archivos del Ejército, se permitió a los militares que conservaran este margen de autonomía, que se mantiene desde los orígenes de la transición a la democracia.

Cuando el tiempo político lo requería más, una serie de factores entorpecieron la aplicación de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. El gobierno que había firmado la paz, del Partido de Avanzada Nacional, era un partido conservador con incrustaciones –en el gabinete– de personalidades progresistas. La tónica de la relación entre el gobierno y las recomendaciones del informe lo dio la actitud del presidente de turno Álvaro Arzú, que no recibió personalmente el informe, sino que envió a una funcionaria de segundo nivel a hacerlo. Además, hacia 1999, el Partido de Avanzada Nacional se hallaba en su último año de gobierno, el final de un período de cuatro años durante los cuales había aplicado con relativo éxito el programa de ajuste estructural que los organismos internacionales le habían recomendado. Durante este período había estado sometido a una oposición política liderada por el Frente Republicano Guatemalteco, FRG, un partido igual de conservador, pero más corrupto y populista. El Congreso de la República, por donde debían transitar las iniciativas más importantes para cumplir la agenda de la reconciliación establecida en el informe de la CEH, estaba presidido por el ex general Efraín Ríos-Montt, líder del FRG. El punto determinante se atravesó en mayo de 2000, cuando el Congreso rechazó la creación de la Fundación por la Paz y la Concordia, que debía llevar adelante las recomendaciones del informe de la CEH. Por su parte, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca se hallaba en medio de un proceso de transformaciones que finalmente le llevaron a que en las elecciones de noviembre de 1999 se presentara como partido político. El movimiento de derechos humanos atravesaba una etapa complicada. Una parte de estas organizaciones, con vínculos con el ahora partido, URNG, se hallaban en un proceso de redefinición de esa relación. Aquella era la configuración menos favorable para llevar adelante una agenda a favor de la memoria, la justicia y la reconciliación.

Por parte de los militares, estos presentaron un contra informe que documentaba los actos crueles cometidos por la guerrilla contra tropas del ejército, y también contra la población civil. Esta misma orientación es la que tienen los libros del militar retirado Mario Alfredo Mérida, en los que, supuestamente, se intenta responder al informe de la CEH. Sin embargo, no se trata de una respuesta, sino que el argumento, que sistemáticamente se sigue, es presentar los actos que la guerrilla cometió. (27)

Descubrir. Tercer momento: 2000 y 2005

El contexto político de 1999 y 2000 empantanó las voluntades que propugnaban por el cumplimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Prácticamente, fue como si este impulso se hubiera cortado de tajo. Como ya se dijo, no hubo posibilidades de retomar las recomendaciones y concretar algo de lo que allí se establecía. En ese escenario oscuro, lo único que podía brillar en el entorno sería un trueno del cielo. Y esos fueron los anuncios que en dos momentos diferentes iban a hacerse. Estos fueron momentos catalizadores que sirvieron para activar viejas memorias y poner en marcha procesos políticos que reactivaron el debate y la lucha de varios grupos por hacer avanzar los procesos a favor de la justicia de transición.

El 20 de mayo de 2000 el Archivo Nacional del Seguridad, una organización no-gubernamental que se encarga de promover la desclasificación de documentos de agencias del gobierno de Estados Unidos, haría público en la Ciudad de Guatemala un documento que contiene información sobre los desaparecidos. A ese documento se le llamó: El diario militar.

¿Qué es el diario militar? Es un conjunto de 56 hojas sueltas que se hallaban unidas en un cartapacio (de tres agujeros). Una parte de este documento, la principal, constituye una bitácora de operaciones de captura de los escuadrones de la muerte articulados a la DI, la Dirección de Inteligencia del EMDN, Estado Mayor de la Defensa Nacional. Al diario militar aquí le llamaremos: La carpeta del escuadrón de la muerte de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional del Ejército de Guatemala. Me parece que esta forma de llamar al diario militar es más precisa, porque nos da una idea de lo que en realidad es: una carpeta que está compuesta por varios documentos, y no simplemente un diario; y, también, de sus autores, un escuadrón de la muerte de la DI-EMDN, y no simplemente militar.

En uno de estos documentos, específicamente, en el que aquí llamamos Bitácora de operaciones de captura, se llevaba un registro de información sobre disidentes políticos capturados. De forma cronológica se anota –de forma correlativa, ordenada conforme una letra y un número– el nombre, los seudónimos, la organización subversiva o gremial a la que pertenece la persona, generalmente la fecha, el lugar y los detalles sobre su captura y, la fecha y –la mayoría de veces empleando una clave– qué le sucedió a la persona, cuál fue su destino final. El tipo de información que la bitácora contiene de cada uno de los capturados es básica. Se supone que cada uno de los capturados originaba la sistematización de un cúmulo de información, que iba a parar a una carpeta, en la que se incluye la información de cada caso, lo que también hace parte de este documento. Se trata del registro titulado: Control de folders de elementos ya trabajados…, que esta sí tiene un orden alfabético, por apellidos.

La carpeta del escuadrón de la muerte dio pie a una serie de investigaciones que el Ministerio Público ha seguido. Hasta el momento, el caso continúa sin ser presentado ante los tribunales de justicia.

El martes 5 de julio de 2005 un relámpago estremeció la memoria histórica de Guatemala: personal de la Procuraduría de Derechos Humanos dio –por casualidad– con el Archivo de la Policía Nacional. En un edificio sin terminar que, en la década de los años ochenta, se pensó como el nuevo hospital de la policía, amontonados, con las marcas de moho que deja la humedad, y acompañados de familias de ratas, cucarachas y murciélagos, aquel acervo histórico esperaba a ser descubierto. A ese edificio, periódicamente, desde distintas dependencias de la institución policíaca, eran llevados fardos de documentos, los que eran amontonados aquí y allá, sin orden, ni las mínimas medidas de resguardo. Los alrededores del edificio, que comprendía un predio, servían como un gran estacionamiento de vehículos abandonados.

El archivo está compuesto por más de 80 millones de documentos, desde donde puede verse la vida institucional de la Policía Nacional, desde su fundación en 1881, hasta su disolución en 1997, cuando, como parte de los Acuerdos de Paz, pasó a ser la Policía Nacional Civil.

Durante la guerra, la Policía Nacional de Guatemala dejó de ser un ente que coadyuvaba con la justicia y pasó a ser una agencia de seguridad más al servicio de los planes contrainsurgentes. La policía actuaba como una fuerza auxiliar de las unidades militares.

El hallazgo del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) puede ser calificado como uno de los más grandes descubrimientos históricos del siglo XX en América Latina.

Tras el hallazgo, entre la Procuraduría de Derechos Humanos, la comunidad de derechos humanos, y el apoyo de la cooperación internacional, se creó un equipo que se encargó del largo trabajo de limpieza, ordenamiento y organización, clasificación, digitalización, conservación y acceso. Varios años pasaron para que el archivo estuviera en condiciones de ser consultado. Hacia 2009 inició la fase apertura al público a través de un centro de documentación. Hasta 2019, apenas un poco más de la cuarta parte del material documental ha sido catalogado.

Los fondos documentales del Archivo de la Policía han sido fundamentales para completar los rompecabezas de evidencias que han probado el involucramiento de policías y militares en casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el tiempo de la guerra.

Uno de estos casos es el del sindicalista Edgar Fernando García, desaparecido en febrero de 1984, después de haber sido capturado como parte de un operativo policial. Años más tarde, las investigaciones judiciales, dentro de las cuales se incluyó material proveniente de este archivo, iban a permitir que la justicia llegara. Este es un caso que será presentado, con todo detalle, en el capítulo 4 de esta obra.

El último de estos casos, por el cual fueron condenados en mayo de 2018 varios oficiales que se hallaron en posiciones de mando en tiempos del presidente Lucas García (1978-1982), fue el juicio por la detención ilegal, y violación, de Emma Molina y la desaparición de su hermano, Marco Antonio. En el AHPN se halló documentación con la que se probó la captura de Emma por parte de agentes policiales y su posterior entrega a miembros de inteligencia militar; hecho que fue el punto de partida de su detención ilegal. Este caso es abordado en el capítulo 9 de esta obra.

De esa forma, estos hallazgos, que tuvieron lugar en 2000 y en 2005, revitalizaron las luchas por la justicia de transición que se habían estancado con la coyuntura que se estableció después de la presentación del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

Buscar justicia. Cuarto momento: 2011

Los procesos judiciales y las audiencias públicas donde se presentan las evidencias, son eventos de gran importancia para la justicia de transición. Son puntos de llegada, donde familiares de víctimas, sobrevivientes, asociaciones de víctimas, la comunidad de derechos humanos, los abogados de derechos humanos, las comunidades académicas y los periodistas se encuentran. Para las comunidades académicas, estos son casos que dejan archivos, evidencias, pruebas, testimonios, que cuentan una historia, un punto de partida para saber qué pasó, cuáles fueron las dinámicas de la violencia en ese caso particular. Los casos desafían los códigos de silencio impuestos, las restricciones para acceder a documentos oficiales, la valoración de documentos y testimonios; y, también, en torno a los casos se realizan peritajes, opiniones expertas que los fiscales solicitan a académicos con el propósito de ilustrar al tribunal en torno a ciertos temas de carácter histórico, militar, antropológico, o de contexto político. Varios de los trabajos que aquí se presentan fueron, en un primer momento, eso: peritajes, opiniones expertas que los autores aquí reunidos presentaron en audiencias públicas, ante los tribunales. Este es el caso del capítulo 1, de Marc Drouin; el capítulo 4, de Marco Tulio Álvarez; el capítulo 5, de Sonja Perkic-Krempl; y, el capítulo 12, de Julieta Rostica.

En agosto de 2011 la historia de la justicia de transición cambió de forma radical. Durante ese mes de agosto se abrió el proceso por la masacre ocurrida en diciembre de 1982, en el parcelamiento Las Dos Erres, Petén. En este hecho tomaron parte los integrantes de la patrulla kaibil, una fuerza especial conformada por los instructores del curso de fuerzas especiales del mismo nombre, kaibil.

Hacia 1982, el régimen del general Efraín Ríos Montt decidió cerrar todos los centros de instrucción militar a fin de empeñar todo el recurso humano a la campaña militar que se desarrollaría en los meses siguientes. Tras el cierre de la Escuela Kaibil, el personal se transformó en una pequeña unidad (de 16 hombres) que era utilizada en operaciones contraguerrilleras, pero también para perpetrar masacres. Así fue como la Patrulla Kaibil fue enviada, en diciembre de 1982, al parcelamiento Las Dos Erres, aldea Las Cruces, municipio de La Libertad, Petén.

Años más tarde, hacia 1994, los familiares de las víctimas iniciaron un proceso para llevar a cabo la exhumación de los restos de sus familiares. Con el apoyo de la Iglesia Católica y de FAMDEGUA, esto se realizó entre 1994 y 1995. Junto a la exhumación se iniciaron las averiguaciones judiciales.

En 1995, turbado por las escenas que en los medios de comunicación daban cuenta de la exhumación, un soldado que fue miembro de la patrulla kaibil decidió dar su testimonio. Su apoyo fue decisivo para animar a otro soldado a unirse al proceso, en calidad de testigos protegidos. En adelante, el proceso judicial fue entorpecido por abogados de la defensa, y que se daban a la tarea de interponer una serie de recursos en los tribunales para hacer que el proceso se retrasara de forma indefinida. Así fue como se llegó a 2011, cuando, ya sin más recursos por interponer, un tribunal determinó la apertura del debate. Este se realizó durante el mes de julio de 2011, concluyendo con la condena de cuatro soldados y un oficial subalterno. El proceso sigue abierto contra los otros integrantes de la patrulla que se hallan prófugos, y también contra el alto mando. Casi treinta años se tomó la justicia para que los implicados en una masacre pudieran ser llevados a un debate judicial, donde fueron condenados.

Este proceso dejó en evidencia la grave dificultad para llevar adelante un proceso de esta naturaleza, estableciendo una relación entre los eventos, las masacres y los perpetradores individuales, los individuos que conformaban las unidades militares. Esto se debe a que, más allá de la relación entre los cuarteles y cierta asignación de territorio bajo su control, el Ejército empleó fuerzas de tarea. Estas estaban conformadas por unidades de varias brigadas militares. Solo en algunos casos, en los que hubo participación de unidades locales, es posible tener una idea del oficial al mando de las tropas. El caso de la masacre ocurrida en Las Dos Erres es una excepción a esta regla.

Pasadas casi tres décadas de los años del genocidio, aquel proceso judicial marcó la primera vez que los tribunales de Guatemala juzgaban a soldados y oficiales del Ejército por un caso de masacre. Previamente, en mayo de 2008, los tribunales habían condenado a cinco patrulleros civiles (Macario Alvarado Toc, Francisco Alvarado Lajú, Tomás Vino Alvarado, Pablo Ruiz Alvarado y Lucas Laja Alvarado), por la masacre, cometida en marzo de 1982, en Río Negro, Rabinal, Baja Verapaz. Hasta 2020, estos son los únicos procesos judiciales que han alcanzado la fase de apertura a juicio por masacres realizadas en el contexto de la guerra civil.

En marzo de 2013 un tribunal abrió las audiencias en el juicio contra el ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt, quien gobernó Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Este era un proceso que incluía al alto mando de los jefes de Estado, generales Ríos Montt y Mejía Víctores, pero, debido a que la muerte había alcanzado a Mejía y a que otros integrantes de aquellos Estados Mayores ya habían sido declarados interdictos, el proceso terminó centrándose en Ríos Montt y su jefe de Inteligencia, Rodríguez Sánchez. A pesar de que el tribunal emitió una sentencia condenatoria, la Corte de Constitucionalidad amparó a los abogados de la defensa y el juicio –de forma insólita, porque el amparo no respetó las instancias procesales regulares– fue posteriormente anulado. Esto tuvo lugar en mayo de 2013.

El antecedente de estos procesos judiciales lo constituyen los casos por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack y por el asesinato del obispo Gerardi.

El proceso judicial que se siguió por la ejecución extrajudicial de la antropóloga Myrna Mack Chang alcanzó la fase de audiencias públicas en 1994 y, en una segunda fase, en 2002. En la primera fase se condenó a uno de los autores materiales, mientras que, en la segunda, la justicia alcanzó a un oficial de alta graduación, quien, en segunda instancia, aprovechando un fallo judicial, se dio a la fuga. Este caso, el primero de todos, permitió a la comunidad de derechos humanos entender sobre los mecanismos de aplicación de la justicia, y la forma como debían prepararse las estrategias judiciales de los casos, la recolección de evidencia, los testigos, las pruebas periciales, entre otros aspectos.

En abril de 1998, el obispo Juan Gerardi Conedera, director del informe Guatemala Nunca Más, de la Arquidiócesis de Guatemala, fue asesinado. En 2000 la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala logró llevar a los tribunales a dos oficiales militares, uno en situación de retiro y otro en activo, de alta en el Estado Mayor Presidencial, y condenarlos por la ejecución extrajudicial del obispo. Por este mismo caso se condenó a un especialista, también de alta en el Estado Mayor Presidencial. Este es un proceso que continúa abierto en los tribunales, y que constituye otro caso que dejó grandes lecciones en la comunidad de derechos humanos.

Entre los procesos judiciales por los casos de las ejecuciones extrajudiciales de Myrna Mack y el obispo Gerardi, en 1999, la justicia dio un giro, cuando se logró la sentencia contra el ex comisionado militar Cándido Noriega, por varios casos de