Euskadi es un refugio: Los derechos humanos y su universalidad ante el reto de los desplazamientos forzados

Por Amaia Izaola Argüeso

La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumplirá, en el año 2023, 75 años, pero aún queda mucho camino por recorrer. Por este motivo, en este libro se reflexiona sobre los derechos humanos y su universalidad ante los retos de la acogida a las personas refugiadas y migradas que llegan a Euskadi. En ocasiones, lo hacen como consecuencia de conflictos bélicos, como el que ahora mismo sufre Ucrania, pero las razones son muy diversas; en todo caso, se trata siempre de situaciones en las que se producen o de las que se derivan graves violaciones de los derechos fundamentales, especialmente de las personas más vulnerables: mujeres, infancia, personas empobrecidas. Cuando estas se ven forzadas a desplazarse de sus lugares de origen y residencia, se encuentran, casi siempre, con dificultades enormes para encontrar el refugio y la protección que necesitan. En su conjunto, los textos que componen este libro suponen una importante aportación a la reflexión sobre la relevancia actual de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su vigencia en relación con los desplazamientos forzados y el refugio, así como con la convivencia y el asentamiento de las personas desplazadas.

• Idioma: Español
• Editorial: Los Libros de la Catarata
• Fecha de lanzamiento: 1 feb 2023
• ISBN: 9788413526362

Amaia Izaola Argüeso

Doctora en Sociología por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Es docente e investigadora en la misma universidad. Su trayectoria de investigación ha estado fundamentalmente centrada en el análisis social vinculado a la necesidad de diferentes grupos sociales y, en especial, a aquellos que se encuentran en situaciones de exclusión social. Buena parte de este trabajo de investigación lo desarrolla en el seno del grupo CIVERSITY, ciudad y diversidad (http://civersity.net).

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Presentación

Amaia Izaola

La Declaración Universal de los Derechos Humanos cumple, en el año 2023, 75 años y aún nos queda mucho camino por recorrer.

En este libro se reflexiona sobre los derechos humanos y su universalidad ante los retos de la acogida a las personas refugiadas y migradas que llegan a Euskadi. En ocasiones lo hacen como consecuencia de conflictos bélicos, como el que ahora mismo sufre Ucrania, pero las razones son muy diversas; en todo caso, se trata siempre de situaciones en las que se producen o de las que se derivan graves violaciones de los derechos fundamentales, especialmente de las personas más vulnerables: mujeres, infancia, personas empobrecidas. Cuando estas se ven forzadas a desplazarse de sus lugares de origen y residencia, se encuentran, casi siempre, con dificultades enormes para encontrar el refugio y la protección que necesitan.

Las vallas, las fronteras, no son una novedad, pero parece que nos estamos acostumbrando de tal manera a que estén presentes en nuestra vida que la sucesión de dramas humanitarios que tienen lugar en ellas (como las muertes en el Mediterráneo o las que recientemente se han producido en la valla de Melilla) da la sensación de que cada vez nos hacen menos mella. Con el paso de los días, las situaciones van perdiendo relevancia; un conflicto o drama ocupa durante unos días las agendas informativas, se filtra en nuestras conversaciones cotidianas y es objeto de convocatorias públicas y movilizaciones sociales, hasta que es sustituido por otro.

A pesar de todo, quiero creer que, en el fondo, nos negamos a aceptar esta situación desde el momento en el que reconocemos, defendemos, apoyamos la universalidad de los derechos humanos; porque es así, porque tenemos encima de la mesa una treintena de artículos que componen esta declaración fundamental que queremos convertir en realidad tanto para nosotros como para el resto de la humanidad. Con este libro colectivo, en el que participan siete personas conocedoras de estas temáticas, queremos mantener viva y activa esa aspiración a hacer realidad la utopía de los derechos universales para todas y cada una de las personas.

En el primero de estos ensayos, Imanol Zubero reflexiona sobre la figura de la persona desplazada y refugiada como una de las personificaciones más evidentes de la crisis de los derechos humanos. El autor sitúa esta crisis en la supeditación de los derechos humanos a la soberanía nacional, algo que encontramos tanto en la declaración de 1948 como en su antecesora de 1789. Esta supeditación supone una fisura estructural en el edificio de los derechos humanos al afectar al fundamento del primero de ellos, cuya aplicación exige un comportamiento fraternal entre las personas que la identidad nacional limita a quienes comparten ciudadanía. Superar esta contradicción es imprescindible si de verdad aspiramos a universalizar los derechos fundamentales que proclamamos.

Xabier Bosch pone su foco de atención en la vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes a su paso por la frontera natural del río Bidasoa, en Irún. El autor denuncia la vulneración sistemática de los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y la seguridad, así como del derecho a salir del país y a solicitar asilo en otro. Su aportación está construida a partir de entrevistas realizadas, sobre todo, a entidades sociales que trabajan en la frontera de Irún intentando mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes en tránsito, con lo que aporta una mirada aplicada muy necesaria.

Lorenzo Cachón tiene en cuenta algunos de los desafíos a los que se enfrenta el País Vasco tras la aprobación, en 2018, del Pacto Mundial sobre los Refugiados por la Asamblea General de Naciones Unidas. En este pacto mundial se destaca la relevancia que adquiere el ámbito local a la hora de actuar en áreas tan importantes como la sanidad o la educación, así como en la construcción de oportunidades para el desarrollo de unas adecuadas relaciones sociales y de convivencia. En este contexto destaca la relevancia de las políticas de integración a partir de las que denomina las 3R: redistribución, reconocimiento y representación.

Encarnación La Spina analiza las políticas de acogida y refugio en Euskadi, partiendo de la necesidad de defender los derechos humanos en el modelo de acogida y de integración. Se trata de políticas que han pasado a ocupar un primer plano a nivel local, y que se enfrentan a riesgos como la ausencia de una integración efectiva, la discriminación o bien la sobrecarga de la solidaridad social.

Patricia Bárcena pone el foco de atención en las diferentes crisis de refugiados que durante los últimos 30 años han llegado al territorio europeo. A pesar de ser una historia ya larga, aún queda mucho camino por recorrer para garantizar, efectivamente, el derecho a la libre circulación de las personas y el respeto a los derechos humanos de quienes buscan protección en estos desplazamientos. Aun así, destaca lo aprendido de situaciones anteriores y que ahora se está implementando en la respuesta a las personas refugiadas como consecuencia del conflicto de Ucrania, tanto a nivel europeo como en el caso del plan de acogida del Estado español, así como en diferentes municipios vascos en los que se ha producido una importante acción de acogida.

Gorka Urrutia, por su parte, aborda específicamente la situación de la población refugiada procedente de Ucrania y los retos que plantean su acogida y su integración. En el caso de las respuestas dadas desde Euskadi, si bien es cierto que inicialmente la movilización ciudadana ha sido muy relevante, posteriormente la respuesta institucional ha tomado prota­­gonismo por medio de la articulación de diferentes programas en los que han participado diversos agentes sociales.

Por último, María del Río se centra en la vulneración de los derechos humanos en el proceso de gestión de los delitos de odio. La autora propone la aplicación de la perspectiva restaurativa como un mecanismo de refuerzo de la cultura de los derechos humanos, donde la igualdad de trato y la no discriminación son principios básicos para la convivencia.

En su conjunto, los textos que componen este libro suponen una importante aportación a la reflexión a sobre la relevancia actual de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su vigencia en relación con los desplazamientos forzados y el refugio, así como con la convivencia y el asentamiento de las personas desplazadas.

Capítulo 1

Humanidad, ciudadanía y refugio:

nada humano nos es ajeno

Imanol Zubero

¿En qué consiste entonces el falso universalismo de los derechos que se detienen ante el umbral de nuestra casa, según el cual la igualdad y la dignidad de la vida deben valer para nosotros, pero no para todos los demás?.

Resta (2000: 212)

La ‘crisis de los refugiados’ de la que tanto se ha­­bla hoy en día podría ser considerada, con mayor gravedad aún, una crisis política de las institu­­ciones jurídicas de hospitalidad occidental.

Didi-Huberman y Giannari (2018: 74)

La crisis global de los derechos humanos

Quería […] que el viajero más humilde pudiera errar de un país, de un continente al otro, sin formalidades vejatorias, sin peligros, por doquiera seguro de un mínimo de legalidad y de cultura. Este sueño puesto en la mente del emperador Adriano por obra del ingenio y la sensibilidad literaria de Marguerite Yourcenar (1983: 113) es una de las fórmulas de hospitalidad cosmopolita más hermosas que se han escrito. El sueño de la dignidad humana sin fronteras, el ideal de la hospitalidad (recíproca) como precepto supremo (Bauman, 2005: 163).

Martha Nussbaum nos recuerda que fue, probablemente, el filósofo griego Diógenes de Sinope, también llamado Diógenes el Cínico (412-323 a. C.), el primero en definirse a sí mismo como kosmopolités, ciudadano del mundo, optando por identificarse no en función de su ciudad, su estirpe o su género, sino en función de una característica compartida por igual con todos los seres humanos. De esta manera, apunta Nussbaum, Diógenes nos da a entender que es posible una política —o una aproximación moral a la política— centrada en la humanidad que compartimos más que en las marcas del origen local, el estatus, la clase y el género que nos dividen (2020: 11).

En la época moderna este ideal universalista aparece canónicamente expuesto en el trabajo de Kant titulado Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, publicado en 1784 (el mismo año, por cierto, en que ve la luz su más famoso ensayo ¿Qué es la Ilustración?). En sus Ideas Kant aborda el que considera el mayor problema para la especie humana, a cuya solución le fuerza la Naturaleza, y que no es otro que la instauración de una sociedad civil que administre universalmente el derecho (Kant, 1987: 10). Impulsado por su confianza en la razón ilustrada, el filósofo se mostraba convencido de que algún día, lo mismo que los individuos superaron su inclinación a aislarse para ingresar en un estado civil sujeto a reglas mediante la constitución de los Estados, estos integraran un macrocuerpo político, concluyendo así:

Si bien este cuerpo político solo se presenta por ahora en un tosco esbozo, ya comienza a despertar este sentimiento, de modo simul­­táneo, en todos aquellos miembros interesados por la conservación del todo. Y este sentimiento se troca en la esperanza de que, tras varias revoluciones de reestructuración, al final acabará por constituirse aquello que la Naturaleza alberga como intención suprema: un estado cosmopolita universal en cuyo seno se desarrollen todas las disposiciones originarias de la especie humana (Kant, 1987: 20).

Pero la historia humana abunda en paradojas. Como señala Zygmunt Bauman, el mundo ni se enteró de lo que Kant estaba proponiendo. Ocupado como estaba concertando el matrimonio de la nación con el Estado, del Estado con la soberanía, y de la soberanía con territorios de fronteras prolijamente selladas y fuertemente custodiadas (2005: 163), el mundo se estaba construyendo en una dirección radicalmente distinta a la que Kant dibujara. Y ello a pesar de que, en un principio, la declaración de humanidad que el filósofo formuló en tantas de sus obras pareció encarnarse políticamente en la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano) promulgada por los revolucionarios franceses de 1789. Pero lo que parecía armónico e inclusivo —ser hombre y, a la vez, ciudadano— pronto se mostró radicalmente excluyente: solo se es persona con plenos derechos cuando se disfruta de la ciudadanía de un Estado-nación. Y no todas las personas pueden disfrutar de este privilegio que es la ciudadanía nacional.

A lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, el mundo moderno se ha ido articulando, conflictivamente, en torno a la progresiva consolidación de Estados y de mercados nacionales. Tanto es así que, como dice Gellner, a la imaginación moderna se le hace muy cuesta arriba la idea de un hombre sin nación; en efecto, aunque tener una nacionalidad no es un atributo inherente al ser humano, hoy en día ha llegado a parecerlo, asumiéndose que una persona debe tener una nacionalidad del mismo modo que tiene una nariz o dos orejas: Una deficiencia en cualquiera de estos particulares no es impensable, pero solo como resultado de algún desastre (Gellner, 1994: 19). Porque ¿no es cierto que carecer de nacionalidad tiene mucho de mutilación desastrosa? Pensemos por un momento: ¿hubiera sido igual la situación de los musulmanes bosnios ayer o la de los kurdos hoy en caso de haber contado con un Estado propio? De ahí que los grupos colonizados y las minorías oprimidas [hayan] confiado en mayor medida en la obtención de su propio Estado que en la protección de los regímenes internacionales de derechos humanos (Ignatieff, 2003: 41). Eran los tiempos de la Conferencia Afroasiática de Bandung de 1955, cuando países como Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Pakistán, Afganistán, Camboya, China, Egipto, Etiopía, Costa de Oro, Irán, Irak, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Nepal, Filipinas, Arabia Saudí, Sudán, Siam, Turquía, Vietminh, Vietnam y Yemen proclamaban ante el mundo su condición de sujetos soberanos, apoyando al mismo tiempo y plenamente tanto los principios fundamentales de los derechos del hombre como el principio del derecho de los pueblos y de las naciones a disponer de ellos mismos, tal y como se definen ambos en la Carta de las Naciones Unidas (Mesa, 1982: 170). Eran también los tiempos de la doctrina de la modernización, con su confianza indubitable en la generalización del modelo de desarrollo capitalista a todos los pueblos del mundo como vía para que se haga universal la época del alto consumo en masa (Rostow, 1965: 196).

Sin embargo, en el momento en que, tras una historia de violencia, este proceso de nacionalización de las identidades parecía haber alcanzado un punto de fructífero equilibrio —tras la Segunda Guerra Mundial y la eclosión de Estados-nación asociada a los procesos de descolonización— basado en la realización del sueño westfaliano de un orden internacional fundado en la constitución de un número amplio pero limitado de naciones viables autodeterminadas embarcadas en un mismo proceso de modernización económica, el sueño de la razón estatonacional comenzó a producir sus monstruos. Y lo que surgió como institucionalización del universalismo (el proyecto de una humanidad reconciliada, coexistiendo en paz y en seguridad en una serie de Estados-nación internamente estables y exteriormente reconocidos), esa constelación nacional (Habermas, 2000) formada por el Estado territorial, la nación y una economía circunscrita a unas fronteras nacionales, comenzó a manifestar sus disfuncionalidades.

La más fundamental: su imposible universalización. El Estado-nación ha pretendido generalizar una forma de vinculación social y de protección de los derechos humanos dependiente de la delimitación de un territorio nacional. Las reivindicaciones nacionalistas se han visto siempre condicionadas por la tendencia a la estabilidad del orden internacional de los Estados, un elitista club que ha aceptado la aparición o la desaparición de Estados solo cuando convenía a alguno de los socios más influyentes o, simplemente, cuando tal modificación ha sido fruto de acontecimientos dramáticos. El principio de autodeterminación se ha supeditado siempre a un principio mucho más pragmático expresado en la idea de naciones viables: ya sea por debilidad interna del grupo nacional en cuestión, ya por negativa del sistema internacional de Estados, en un momento histórico determinado solo algunas naciones llegan a constituirse en Estado. Como señala Hobsbawm, a la vez que se proclamaba el principio de nacionalidad se asumía vergonzantemente que algunos pueblos y algunas nacionalidades estaban destinadas a no ser nunca naciones del todo (Hobsbawm, 1992: 45). No todos los nacionalismos podían verse realizados en todos los casos y al mismo tiempo; la realización de unos significaba, necesariamente, la frustración de otros. Hay espacio para miles de pueblos y de culturas, pero solo para unas pocas decenas de Estados. Extraña manera de interpretar un derecho que, de serlo, habría de ser realmente universalizable. Pero así han sido las cosas. No es que las cosas deban ser así: no hay nada de natural ni de intrínsecamente moral en la arquitectura estatonacional, en que unas naciones se constituyan en Estados soberanos y otras no; simplemente, es así, de hecho. No es más legítimo, ni más moral, ni más racional, ni más democrático, un Estado español que un Estado catalán o vasco; puede ser más real, pero esto no es sino el resultado de esa que Hegel denominó astucia de la razón histórica y que yo, que no soy ni filósofo ni hegeliano, simplemente llamo historia: así se han desarrollado los acontecimientos y este es el resultado. Nada que ver con la justicia, la razón o la moral.

El derecho de autodeterminación, es decir, el reconocimiento normativo, no meramente fáctico, de que todo pueblo que así lo desee debe convertirse en Estado se ha manifestado como una pretensión insostenible en un mundo de sociedades multiculturales y multinacionales. La estatonacionalización de la política no solo ha dejado de cumplir su función unificadora y pacificadora, sino que se ha convertido en foco permanente de conflictos tanto interestatales como intraestatales (Ferrajoli, 2006: 121).

El Estado-nación ha pretendido generalizar una forma de vinculación social y de protección de los derechos humanos dependiente de la delimitación de un territorio nacional. Con la modernidad, la frontera aparece como símbolo de seguridad y de reconocimiento. Pero se trata de un símbolo ambiguo, pues para unir debe separar, para reconocer debe diferenciar, para acoger debe excluir, para proteger debe desamparar. Toda frontera tiene que ver con la inseguridad y con la necesidad de seguridad, advierte Magris (2001: 63). Los límites de la nación son, en el sentido más objetivo del término límite, sus fronteras políticas. Por eso las fronteras nacionales son, sobre todo, fronteras éticas. Lo que no aceptaríamos en nuestra familia o en nuestro círculo de amistad, lo que no aceptaríamos en nuestra comunidad autónoma o en nuestro país, lo admitimos más allá de sus fronteras. No hay razones morales que puedan sostener esta discontinuidad, esta ruptura en el entramado de nuestras vinculaciones, pero nuestra conciencia está tranquila gracias a un artificio consistente en definir comunidades de aceptación mutua dentro de las cuales reconocemos obligaciones hacia los demás, obligaciones que no actúan hacia el exterior de estas. La mirada ética nunca va más allá de la comunidad de aceptación mutua en que surge. La preocupación ética, la preocupación por las consecuencias que nuestras acciones (y nuestras omisiones) tienen sobre otras personas, es un fenómeno que tiene que ver con la aceptación de esas otras personas como legítimos otros para la convivencia. Es en este momento cuando el límite político de las naciones (la frontera) se transforma en un gravísimo límite moral. En dos sentidos: 1) el primero, más extraordinario, pero aun así en absoluto infrecuente: la nación puede convertirse, así ha ocurrido de hecho en numerosas ocasiones, en argumento para la persecución del Otro extranjero; 2) el segundo, más ordinario, más cotidiano: la nación se convierte en justificación para la apatía ante la situación del Otro, ese encarnado en todas y cada una de las 25.240 personas muertas o desaparecidas intentando cruzar el Mediterráneo desde 2014 (según estimaciones del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las