De la violencia estructural a la violencia cotidiana

Por Ma Teresa Prieto Quezada y José Claudio Carrillo Navarro

La pandemia por Covid-19 agravó la crisis de violencia tanto en México como en Jalisco. La incidencia delictiva aumentó proporcionalmente a la omisión, indiferencia e incapacidad de la autoridad para prevenir, responder y combatir los delitos que se han cometido. Esta obra analiza la insensibilidad de las autoridades estatales actuales, que se han concentrado en mantener un discurso oficial basado en la negación de lo que acontece a diario. En particular, niños, niñas y mujeres se han quedado en la indefensión total, arrinconados entre la violencia y la inacción de las autoridades. Con este libro se busca generar diálogo y debate con respecto a la invisibilización de estas violencias.

• Idioma: Español
• Editorial: Editorial Universidad de Guadalajara
• Fecha de lanzamiento: 16 jun 2022
• ISBN: 9786075715728

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Índice

Prólogo

Darwin Francos Migues

Introducción al estudio

Capítulo 1. Violencia, un mal extendido en la sociedad

Capítulo 2. Violencia estructural: pobreza, desigualdad y Covid-19

Capítulo 3. Niños, los más expuestos a la violencia durante la pandemia

Capítulo 4. Incidencia delictiva y violencia imparables

Capítulo 5. Desapariciones en Jalisco, un dolor social desatendido

Capítulo 6. La Refundación no involucra a familiares de víctimas de desaparición

Capítulo 7. Cobertura y consignación mediática, clave en el seguimiento de casos

Capítulo 8. La eterna negación de la realidad desde el Estado

Conclusiones

Hemerografía

Bibliografía

Autores

Prólogo

La pandemia de las violencias en tiempos del Covid-19

Darwin Franco Migues¹

Imagine que llega a casa y le informan que su hija o hijo fue desaparecido por personas que se presentaron en su domicilio señalando que eran agentes de la Fiscalía. Imagine esa desesperación de no saber por qué fue que se los llevaron.

Trate de pensar en qué hubiera hecho: ¿ir a la Fiscalía para preguntar a qué ministerio público la o lo trasladaron? ¿Dudar sobre si eran, efectivamente, elementos de la Fiscalía? ¿Iría a poner la denuncia? ¿Publicitaría la desaparición de su ser querido en redes sociales como Facebook o Twitter?

En realidad, sépalo bien, nadie sabría qué hacer porque uno de los efectos del delito de desaparición de personas es el despojo de la calma, pero pensemos en que usted opta por presentar una denuncia ante la autoridad, misma que con toda la indolencia del mundo le dicen que debe esperar 72 horas, pues seguramente su hija o hijo: se fue con su pareja o andan de fiesta o de viaje.

El punto es que no le reciben la denuncia porque para ellos (la autoridad), su familiar no está desaparecido o desaparecida, sino simplemente está no localizable.

Digamos que confía en sus dichos porque la angustia y el dolor le hacen creer que, quizá, esto puede ser posible; así que decide esperar. Esos tres días, tan vitales para todo proceso de búsqueda, se pierden porque quienes deberían de aplicar la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre Particulares, y el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas deciden no cumplir con lo que la ley mandata: Búsqueda y atención inmediata.

Pasan los tres días y, por fin, le aceptan la denuncia, pero sin pruebas le aclaran que es imposible que quienes se llevaron a su familiar sean policías o agentes de la Fiscalía porque ellos son incapaces de hacer eso; además de que en sus registros no hay constancia alguna de que se haya detenido a su ser querido.

Así que después de esa aclaración que, por supuesto, no aparecerá en su denuncia, de mala gana le tomarán los datos de su hija o hijo, y le harán sinfín de preguntas que poco tienen que ver con el delito de cual su familiar es víctima; al contrario, muchas de ellas orbitarán en la desconfianza, pues les interesa saber si existe algún indicio de que su familiar tiene responsabilidad alguna en su desaparición. Sí lo leyó bien, antes de buscar se pretender criminalizar y responsabilizar a la víctima del delito que le ha privado ilegalmente de la libertad.

Tras ese trato indigno y revictimizante, le asegurarán dos cosas: 1) Que no debe decir nada de la desaparición de su familiar ni en Internet ni con la prensa, porque eso pondría en riesgo la seguridad de su hija o hijo, y 2) Que son ellos quienes se comunicarán con usted para informarle sobre el avance de la búsqueda: Le pedimos, entonces, que no nos esté llamando ni viniendo, nosotros le llamaremos.

Y le remarcarán que harán todo lo posible porque tienen un montón de expedientes que llegaron antes que el suyo, y que a todos les deben de dar respuestas; así que le pedirán algo que, bajo la circunstancia, parece imposible: paciencia y calma. Usted esperará tal y como le indicaron porque le hacen creer que eso de la justicia pronta y expedita es un cliché jurídico: Acá se atiende como van llegando los expedientes, le insistirán.

Después de un tiempo, al hablar con otras familias buscadoras se enterará de que a los nuevos casos siempre les dicen que la prioridad son las viejas desapariciones, y a quienes llevan mucho tiempo buscando les informarán que no hay nada nuevo en su investigación porque están buscando a los casos más recientes. Sabrá, con ello, que en realidad no están buscando a nadie.

Pasarán semanas, incluso meses, hasta que le den alguna información porque cuando les llame o asista a la Fiscalía solo le dirán que siguen investigando y que, por ahora, no hay ninguna novedad. Así que, nuevamente, les escuchará decir: Tenga paciencia y déjenos hacer nuestro trabajo. Enfatizando, además, que con todo este tema de la pandemia están trabajando por debajo de su capacidad.

Usted seguramente se molestará porque sabrá que nada de eso es cierto, porque toda la información que les ha dado no ha sido investigada. Se enojará porque perfectamente sabe que a ninguna de las personas que ha señalado por su presunta vinculación con la desaparición de su hija o hijo se le ha llamado a declarar. Se molestará porque sabe que todo lo que hay de su caso, en su expediente, es lo que usted ha aportado, ya que ellos (la autoridad) no están haciendo nada.

Usted no podrá entender el porqué de tanta indolencia y negligencia, así que se informará y presentará una nueva queja en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, pues considera que con eso ahora sí le harán caso; sin embargo, descubre que lo único que ahí hacen es abrirle un expediente para hacer exactamente lo mismo: nada. Se sentirá sola y desprotegida.

Pero seguirá investigando e indagando —porque usted ya se volvió experta o experto en detectar las violaciones que se cometen en su búsqueda de justicia—, descubrirá que hay instancias independientes que le pueden defender de los atropellos que el Estado ha cometido en contra de su familiar. Pero también descubrirá que, lamentablemente, no es la única persona que busca a su ser querido porque en Jalisco, al 29 de noviembre de 2021, existen más de 14,800 personas que han sido desaparecidas.

Eso le hará saber que hay otras familias buscadoras que se han agrupado en colectivos para exigir la búsqueda inmediata de sus familiares; así que, de seguro, se unirá a ellas y conocerá que: no debieron pedirle esperar 72 horas para presentar su demanda y que la búsqueda, conforme manda la Ley, debe ser inmediata. Dos circunstancias que no pasaron en su caso porque la autoridad se aprovechó de su dolor y desconocimiento para no cumplir con sus obligaciones.

Así que podría articularse colectivamente y descubrir que todo aquello que padeció no debió sucederle porque ninguna autoridad debe exigirle que sea usted quien presente las pruebas de que, en efecto, la policía desapareció a su hijo o hija, pues son ellos (la autoridad) a quienes les toca buscar las pruebas, y que ellos no deben nunca minimizar su testimonio y mucho menos obviarlo.

Aprenderá a moverse con más firmeza porque ya no se sabrá sola, pues con sus compañeras se habrá capacitado en temas de derechos humanos, el proceso jurídico e, incluso, en procedimientos y peritajes forenses, porque buscar también implica reconocer dolorosamente que toda estrategia debe hacerse para la búsqueda tanto en vida como en muerte.

Usted, claro que se angustiará porque hace tiempo que su hija e hijo no aparece y nadie le da información sobre dónde pudiera estar, así que junto con otras familias organizadas decidirá que es momento de acudir a organismos internacionales, pues solo éstos podrían obligar al Estado mexicano a que responda de manera detallada el porqué ninguna de las instancias a las que usted acudió le brindaron una correcta atención o, de menos, información sobre las acciones que aparentemente emprendieron para buscar a su familiar y, desde luego, del porqué ninguna de ellas respetó su derecho humano a la justicia.

Descubrirá que en estas instancias sí hay escucha, que ahí sí se documenta su caso y que, además, se enlistan todas las violaciones que su familiar y usted han sufrido durante todo el proceso de búsqueda. Pero también será muy consciente de que el Estado mexicano pocas veces atiende lo que le recomiendan organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Comité contra la Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (CED).

Eso le hará saber que su lucha, resistencia y búsqueda permitirá a estos organismos reconocer la magnitud de la