A más de cuatro años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) condenó a México por la tortura sexual cometida contra 11 mujeres en San Salvador Ateneo por agentes de seguridad pública del Estado de México y de la extinta Policía Federal, en mayo de 2006, representantes de las víctimas alertan por la “falta de voluntad política” por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acatar la resolución.
Pese a que en un primer momento López Obrador se comprometió a atender la sentencia, dada a conocer días después de que tomó posesión, en diciembre de 2018, hasta ahora “la gran mayoría de las medidas de reparación de daño y medidas de no repetición se encuentra parcialmente cumplidas o totalmente incumplidas”, sostiene Ivette Galván, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que representa a las 11 mujeres de Ateneo que decidieron acudir al tribunal regional en busca de la justicia que hasta ahora se les ha negado en México,
No se trata únicamente de la impunidad en que se encuentra el caso, después de más de 16
