El presidente de la República, Manuel López Obrador, ha anunciado recientemente una propuesta que raya en lo lunático: la creación de un tribunal encargado de juzgar a jueces que no desempeñen adecuadamente sus funciones, iniciativa que ha generado desconcierto y críticas, comenzando con que ya es abiertamente redundante dada la existencia actual del Consejo de la Judicatura que actualmente sanciona las malas prácticas judiciales.

Cuando los jueces exceden sus atribuciones o toman decisiones controvertidas, ya son abordadas por el Consejo de la Judicatura, que ha retirado la toga a jueces en casos extremos, y aunque no es una situación frecuente, cumple con su deber de mantener la probidad en el ámbito judicial.

La propuesta del presidente, sin embargo, plantea la creación de un tribunal adicional para juzgar a jueces, generando preocupación entre los juristas mexicanos. Y desde un punto de vista lógico, surge la pregunta de por qué, si el presidente aboga por la elección de jueces y magistrados por parte del "pueblo bueno", propone simultáneamente un tribunal para sancionarlos. ¿No debería bastar la 'sabiduría' de la ciudadanía para elegir a figuras incólumes e incorruptibles que no requieran se semejante bodrio?

Esta contradicción confirma las dudas sobre la efectividad de la elección popular en la erradicación de la corrupción. Se cuestiona si esta medida resolvería los problemas de corrupción en el Poder Judicial, considerando que otros cargos electos no han garantizado una total ausencia de corrupción. Seguir la lógica lopezobradoriana indica que la corrupción debería haberse erradicado hace mucho tiempo, pues ya existen cargos electos por el pueblo. Creo que a estas alturas nos queda claro que esto no sucedido.

Otra contradicción grave es que la propuesta del presidente desdice sus anteriores compromisos de no crear nuevas instancias, enfocándose en el ahorro de dinero y la 'austeridad republicana'. La creación de un tribunal paralelo al Consejo de la Judicatura contradice este principio, generando nuevas interrogantes sobre la coherencia de sus políticas gubernamentales.

Un tribunal para enjuiciar a jueces se percibe no solo como un despropósito, sino como un desafío directo al Poder Judicial. Refleja un deseo presidencial de imponer su voluntad por encima de la ley, y ejemplifica cómo el poder puede afectar la cordura, convirtiendo al presidente López Obrador en un protagonista de un capítulo lamentable en la historia del país.

Su insistencia en este enfoque confirma que su único interés es consolidar su movimiento, utilizando una narrativa engañosa que dista de ser una solución real a los problemas de México. En medio de este debate, queda la preocupación de que, lejos de ser una respuesta efectiva, esta propuesta es más bien un juego político destinado a mantener la lealtad de sus seguidores, incluso a expensas de la estabilidad institucional.


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