El próximo 1º de agosto la sociedad mexicana está convocada a un ejercicio de participación ciudadana para decidir si se inicia o no un proceso judicial contra los últimos cinco expresidentes. Pese a la pregunta ambigua, una porción de la sociedad considera que es posible iniciar procesos de memoria y justicia a partir de la consulta; mientras los críticos sostienen que los efectos jurídicos serían muy poco claros. Y, por su parte, el presidente López Obrador se lava las manos y decide no participar.