Las individualidades robadas de América Latina: La era de los sujetos colectivos VOL II

Por Danilo Martucelli

Escrita en tres tomos, este estudio de sociología histórica aspira a ser una nueva interpretación general sobre la historia y la sociedad latinoamericana bajo el prisma de sus individualidades.

• Idioma: Español
• Editorial: LOM Ediciones
• Fecha de lanzamiento: 18 dic 2024
• ISBN: 9789560019110

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Primera edición, agosto de 2024

Impreso en 1000 ejemplares

ISBN: 978-956-00-1844-1

RPI: 2024-A-7310

ISBN obra completa: 978-956-00-1827-4

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Tipografía: Karmina

Impreso en los talleres de gráfica LOM

Miguel de Atero 2888, Quinta Normal

Santiago de Chile

Índice

Introducción

Capítulo 1 Luchas campesinas y comunidades indígenas

Capítulo 2 El movimiento obrero

Capítulo 3 La nación y las nacional-individualidades

Capítulo 4 Los regímenes nacional-populares

Capítulo 5 Individualidades sin individualismo

Bibliografía

Introducción

Desde las primeras décadas del siglo XX un verdadero cambio de rumbo se produjo en la historia de las individualidades robadas en América Latina¹. El liberalismo, el lenguaje hegemónico del decimonono, fue desplazado por nuevas gramáticas en torno a las clases sociales, las identidades colectivas, la nación, una nueva versión del pueblo. La gramática liberal no solo perdió peso en beneficio de estas concepciones, sino que el mismo individualismo, adosado a este, perdió vigencia y se eclipsó durante décadas. Se abrió un nuevo periodo, la era de los sujetos colectivos, que modificó radicalmente la dinámica entre la individuación, el individualismo y las individualidades.

Aunque todo lo que se produjo tuvo raíces y expresiones endógenas, el proceso no fue exclusivo a la región. También en Europa el primer liberalismo (el del laissez faire) entró en crisis a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX dada su incapacidad por resolver la cuestión social. Los valores del liberalismo, entre ellos el individualismo, sin desaparecer, fueron cuestionados por otras conceptualizaciones (el comunismo, el fascismo, los autoritarismos corporativos de cuño religioso). Esto llevó a una paulatina renovación del liberalismo en torno a nuevas versiones (el liberalismo social o el socialismo liberal).

Si en Europa la crisis del liberalismo fue pues tan aguda como en América Latina, su resiliencia ideológica se reveló, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, más fuerte. Sin embargo, a pesar de ello, el interregno de silencio del liberalismo fue largo y traumático. Habrá que esperar algunas décadas, particularmente agitadas históricamente, signadas por dos grandes guerras, para que se consolide otra versión del liberalismo más social y sobre todo más abierta a la intervención del Estado en la economía. En esta evolución el keynesianismo se reveló decisivo: fue el verdadero punto de encuentro entre liberales sociales, socialdemócratas y demócrata-cristianos. Todas estas variantes, a las que también puede asociarse en Francia el solidarismo de la III República, se concibieron como una vía intermedia entre el individualismo y el estatismo, versiones que reconociendo la centralidad de los derechos individuales promovieron la regulación de las relaciones económicas y sociales por parte del Estado. En breve, en Europa a pesar de la severidad de su crisis ideológica y de los ataques a los que el liberalismo fue sometido por otras corrientes políticas, esto no abolió la memoria de los grandes principios del individualismo como pivotes del orden social.

En América Latina, la crisis del liberalismo a pesar de ciertas semejanzas o de su coincidencia temporal con la situación europea, tuvo rápidamente rasgos distintos. Tampoco en la región el liberalismo clásico supo dar una solución a la cuestión social y se hicieron cada vez más patentes las limitaciones de una respuesta de índole meramente legal. La crisis fue tanto más severa que sus principios rectores habían sido desfigurados por su compenetración con el positivismo y sus versiones racializadas. Pero la crisis del liberalismo fue sobre todo profunda en América Latina porque coincidió con la consolidación de la cuestión social. En Europa, y en parte en los Estados Unidos, el liberalismo había tenido que lidiar desde muy temprano en el siglo XIX con los movimientos obreros. O sea, su creciente incapacidad en responder y tratar la cuestión social se inscribió en una historia más larga tanto del Estado gendarme como de un proto-Estado social. En América Latina la irrupción de la cuestión social se estructuró frente a un liberalismo sin experiencia, tradición y créditos en este tema. El liberalismo fue sorprendido y desbordado por la efervescencia social y vivió un verdadero eclipse ideológico. Frente a las nuevas modalidades de protesta de los actores populares, frente al surgimiento de nuevas ideologías y desafíos nacionales, el liberalismo dejó de ser hegemónico.

Como lo analizaremos en esta segunda parte, tanto la cuestión indígena, obrera o nacional, como el principal intento de reorganización, entre los países que estudiamos, de las sociedades latinoamericanas en tensión con los principios del liberalismo –los regímenes nacional-populares–, pueden leerse todos y cada uno de ellos en la estela de la crisis de la hegemonía liberal resiliente y su difícil remplazo por una nueva gramática política.

Sin embargo, los liberales no fueron ciegos a los cambios. Si el liberalismo decimonónico había sido mucho «más libertad económica que igualdades políticas», el propio desarrollo de las libertades económicas condujo progresivamente a la conciencia de la necesidad de un liberalismo más proteccionista en lo productivo (Cavieres, 2001: 65)².

La redefinición de los grandes principios del liberalismo fue una tarea claramente asumida por los liberales colombianos desde la década de 1920 (Urrutia, 2016: 73). Alejandro López en 1931 diferenció así entre un liberalismo clásico y lo que denominó un neoliberalismo; en verdad, lo que se terminó conociendo como el liberalismo social. ¿La diferencia? La nueva versión debía ser económicamente intervencionista. En realidad, López fue más lejos y defendió la tesis de que el liberalismo colombiano nunca había sido partidario ni del laissez faire ni de un individualismo «que reduce la acción del Estado a la de un simple gendarme» (López, I. C.: 1970: 17). El laissez faire solo fue un momento en la historia del liberalismo, una etapa que dio paso a una nueva visión liberal que reconocía mejor la necesidad del papel del Estado (jornada de ocho horas, códigos laborales), una evolución que el autor sustentaba apoyándose en los escritos de Keynes y en parte de Hobhouse (ibid.: 48-49 y 56). Si el liberalismo social se asoció en varios países europeos con el socialismo liberal, López no está lejos de posturas de este tipo al afirmar como horizonte para el liberalismo colombiano la reorientación de la economía nacional, «defendiendo, apoyando y protegiendo el trabajador independiente, campesino y artesano. Ese es el individuo que merece todas nuestras preferencias y prerrogativas» (ibid.: 1970: 59).

Reflexiones similares también se encuentran, siempre en Colombia, en Luis Eduardo Nieto Caballero, quien fue miembro del Partido Republicano, una formación política que, desde 1913, buscó aunar a conservadores y liberales moderados. Publicado en el mismo libro en el que se encuentra el texto citado de Alejandro López, o sea también en 1931, Nieto Caballero (1970: 107) traza el perímetro del doble combate del liberalismo: «la autoridad defienda al individuo y se defiende contra el individuo». Como en López, el intervencionismo no solo no es antitético con el liberalismo, sino que es uno de sus indispensables pilares en sociedades caracterizadas por una pronunciada asimetría de poderes y en las cuales es necesario «defender al individuo contra las asociaciones de individuos» (ibid.: 110). También en Nieto Caballero es pues cuestión de un liberalismo que debe tomar otramente conciencia de la realidad social y económica, la propiedad por «indispensable que sea para el progreso común y para el cabal desarrollo del individuo» tiene que ir «sufriendo modificaciones que la adapten a las necesidades del mundo» (ibid.: 113). La defensa de los principios liberales se disocia de políticas coyunturales.

Difícil poder ser más explícito: en 1931, los liberales colombianos –con más ahínco que en otros países– fueron conscientes del cambio de rumbo social y económico que se imponía en las sociedades latinoamericanas. Sin embargo, a pesar de ello, el liberalismo latinoamericano no pudo ni supo convertirse en un liberalismo social en la década de 1930. Muchas cosas conspiraron contra ello: su historia pasada, su doble faz de régimen de orden y proyecto disolvente de corporaciones y comunidades, su instrumentalización por las clases dominantes, sobre todo como lo veremos la consolidación de nuevas semánticas políticas en torno a los sujetos colectivos. Por eso, si es falso afirmar que los liberales latinoamericanos permanecieron inertes ante la cuestión social, es cierto que los grandes derroteros del siglo XX se dieron por fuera de la hegemonía liberal.

La crisis del liberalismo latinoamericano arrastró en su caída al individualismo. Asociado en demasía a esta sola corriente ideológica, sin haber sido nunca reivindicado plenamente por otros partidos políticos o actores sociales y culturales, el individualismo dejó de ser una problemática significativa durante décadas. Tanto la crisis del liberalismo como la formación de nuevas gramáticas políticas tuvieron pues profundas consecuencias en la ya hasta entonces accidentada historia del individualismo.

Con el tiempo tanto los horizontes como algunos de los logros del liberalismo decimonónico fueron desestimados. La independencia fue leída como un proceso meramente formal; los gobiernos republicanos y la diversidad de sus constituciones fueron interpretados como meras variantes o caretas de la dominación oligárquica; se impuso la representación del carácter trasplantado de sus ideales. En breve, una modesta pero auténtica leyenda negra se cerró sobre el siglo XIX y el liberalismo. La dimensión revolucionaria del nuevo imaginario social, pero también los cambios instituidos a través del individualismo político y cultural fueron sepultados y desconsiderados. Más o menos rápidamente, pero sin marcha atrás, una verdadera capa de olvido a veces, de oprobio muchas otras, recayó sobre la tradición liberal. Se abrió una nueva época y en ella el liberalismo no tuvo casi protagonismo.

La era de los sujetos colectivos fue inseparable de la era de la cuestión social. José Carlos Mariátegui (2007: 165) lo comprendió con profundidad: «El ‘problema del indio’, la ‘cuestión agraria’ interesan mucho más a los peruanos de nuestro tiempo que el ‘principio de la autoridad’, la ‘soberanía popular’, el ‘sufragio universal’, la ‘soberanía de la inteligencia’ y demás temas del diálogo entre liberales y conservadores». En breve: el siglo XX estuvo marcado por el ingreso a otra constelación político-ideológica.

Una nueva gramática hegemónica se impuso y se elaboró en torno a los sujetos colectivos. Tanto el individualismo como las mismas individualidades fueron postergadas en aras de las comunidades, las clases, la nación o lo nacional-popular. A la luz de estas gramáticas, mucho de lo que el liberalismo había privilegiado en sus combates durante el siglo XIX (las libertades civiles, la lucha contra las corporaciones) fue desconsiderado y criticado.

La alteridad ideológica del liberalismo con respecto a las grandes luchas sociales del siglo XX fue casi absoluta. Como lo iremos problematizando, se afirmaron gramáticas políticas y sociales que marginalizaron o minimizaron la cuestión de los derechos civiles e individuales en aras de una visión movimientista y colectiva de la vida social. Las miradas políticas e intelectuales cambiaron tanto en su forma como en su contenido y se concentraron en las maneras como las clases subalternas, excluidas de los pactos dominantes, podían y debían convertirse en sujetos. Lo esencial fue la cuestión de la transformación de las masas («inorgánicas», «atávicas», «telúricas», «explotadas») en sujetos colectivos.

Además, a pesar de algunas manifestaciones, se hizo patente que el individualismo decimonónico nunca había sido una verdadera experiencia colectiva. Si tanto en Europa como en los Estados Unidos se dio a inicios del siglo XX, aunque con dificultades, el paso de un individualismo elitista y burgués hacia un individualismo generalizado, esto se logró como una consecuencia imprevista e incluso paradójica de la sociedad de masas. Esta transformación permitió que en Europa el individualismo se distancie tanto del elitismo como del liberalismo y se abra a otros horizontes de expresión. Esto permitió sobre todo que el individualismo cultural lograra hacer de la vida personal un valor colectivo entre las dos grandes guerras mundiales (Millefiorini, 2005)³. Nada de esto, ni de esta forma, ni con esta intensidad se dio en América Latina. El avatar del individualismo, incluso si estuvo en tensión y bajo el influjo de los mismos procesos, fue muy distinto: nunca logró separarse del liberalismo, perder sus rasgos elitistas, autonomizarse de las instrumentalizaciones por las que sirvió de herramienta legal para expoliar a los actores subalternos. El individualismo liberal se reveló ajeno a las maneras por las que se produjo la inclusión de los sectores populares y la construcción de la nación durante el siglo XX. La narración de la historia se hizo a través de un conjunto de movilizaciones colectivas y gracias al Gran relato del sujeto colectivo.

El siglo XX: la explosión demográfica y el fin de un continente vacío

La era de los sujetos colectivos fue facilitada por los grandes cambios demográficos y urbanos que conoció el subcontinente durante el siglo XX. La América Latina vacía del siglo XIX, o sea con escasa población y una muy baja densidad poblacional por kilómetro cuadrado, fue atravesada (sin que estos aspectos hayan dejado de ser válidos en términos de comparación internacional) por cambios que entrañaron significativas consecuencias estructurales. El primero fue un aumento constante del número de habitantes; el segundo, la explosión del fenómeno urbano.

[1.] El crecimiento de la población fue importante. Globalmente, entre fines del siglo XIX y 1930 los países de la región modernizan su estructura demográfica (menos mortalidad, más longevidad). Las variaciones fueron progresivas, pero desde inicios del siglo XX, la evolución empezó a perfilarse.

Lo importante es el contraste. Si el siglo XIX está marcado por una débil población, el siglo XX se caracteriza por una verdadera explosión demográfica. Durante el siglo pasado, América Latina fue, en proporción de la población, la región del mundo –junto con África– que más creció. Las cifras globales hablan por ellas mismas. En 1820, América Latina tiene 21.705.000 habitantes, una cifra que se multiplica por cuatro y llega a 80.935.000 poco menos de un siglo después en 1913. En el 2001, la cifra se había multiplicado casi por 7 y la población total latinoamericana alcanzaba los 531 millones. Si en el periodo 1913-1950 la población duplica; en las décadas 1950-2001, la población latinoamericana se multiplica por 4 (Maddison, 2013). El siglo XX y sobre todo las décadas que estudiaremos en esta segunda parte, o sea hasta la década de 1980, fueron el momento de la gran expansión demográfica que coincidió con las principales fases de las migraciones del campo a la ciudad. En Brasil, la progresión fue continua: la población total de país fue de 10 millones en 1872; 14 millones en 1889; 20 millones en 1905; 27 en 1920; 34 millones en 1931 –y siguió creciendo sin interrupción durante todo el siglo–. A pesar de ciertas discusiones sobre los datos, como lo muestra la siguiente tabla (cifras expresadas en millones), el proceso se dio al unísono en los otros países (Sánchez-Albornoz, 2014: 169):

La era de los sujetos colectivos coincide pues en América Latina con el aumento demográfico. Más allá de la cuestión de las cifras, en esas décadas se llega a la configuración actual que «en volúmenes» demográficos caracteriza a los distintos países: Colombia alcanza la población de la Argentina (y la sobrepasa en las primeras décadas del siglo XXI) y el Perú que tradicionalmente tuvo una población apenas mayor que la de Chile, supera con creces la población de este país desde fines del siglo XX. Brasil se consolida ampliamente como el país más poblado de América del Sur, con un verdadero cambio cualitativo al pasar en cuarenta años, entre 1950 y 1990, de 50 a 150 millones de habitantes (un cambio aún más espectacular si tomamos el periodo que estudiamos en esta parte, pues el país rondaba los 30 millones en 1920)⁴.

En algunos países, como Colombia, la progresión de la población es incluso más alta que la que se registró a nivel de la región pues se multiplica por 8 entre 1912 y 2005 (Bushnell, 2016: 443). Si en 1825 el país cuenta con 1.223.598 habitantes y 5.072.604 en 1912, la población crece rápidamente desde entonces: 1938: 8.701.816; 1951: 11.548.172; en 1973: 22.862.118; y supera los 30 millones en la década de 1990 (Palacios y Safford, 2012: 431), hasta alcanzar en 2005, los 42.090.502 de habitantes⁵.

En lo que respecta a la esperanza de vida al nacer, si tomamos la fecha de 1975-1980 la realidad es muy desigual entre países y sexo (Sánchez-Albornoz, 2014: 171):

Notemos sin embargo que en todos se registra una mayor esperanza de vida de las mujeres, con una fuerte diferencia dentro de cada país (de más de 6 años en Argentina y Chile) y entre países (casi 12 años de esperanza de vida en promedio separaban en esos años el Perú de la Argentina).

[2.] A lo anterior se añaden los cambios producidos en el registro urbano. Su incidencia será notoria en todos los grandes procesos del siglo: nacionalidad, movimientos obreros, marginalidad, regímenes nacional-populares, expansión educativa, clases medias. Desglosemos los datos por etapas.

Si tomamos como indicador el porcentaje de habitantes que vivían en ciudades de más de 100.000 habitantes (o sea un indicador más exigente que la tasa de urbanización), desde el último tercio del siglo XIX hasta el primer tercio del siglo XX, los datos son los siguientes:

Más allá de la importante disparidad que revelan estas cifras a nivel de la población urbana (la diferencia es significativa entre Argentina y Chile, por un lado, Colombia y el Perú por el otro), la realidad es que en 1930 Brasil ya tiene 12 ciudades de más de 100.000 habitantes, Argentina tiene 5 ciudades, Colombia 4, Chile 2 y el Perú solo una (Carmagnani, 2004: 259). Una disparidad también visible a nivel de las grandes ciudades, incluso si en todas ellas se da un aumento poblacional en las primeras décadas del siglo XX (Almondoz, 2018).

Buenos Aires pasa de 663.000 habitantes en 1895 a 1.576.000 en 1914 y 2.178.000 en 1932. Cifras que deben entenderse en el marco de la creciente urbanización del país: si en 1869, la población urbana representaba el 29% del total; en 1895, 37% de la población argentina fue urbana y la cifra llegó al 53% en 1914 (Oved, 2013: 37), y volvió a subir hasta llegar al 62% en 1947 (Cattaruzza, 2009: 158). Entre 1947 y 1970, si la población de la ciudad de Buenos Aires permanece estable en alrededor de 3 millones, la del conurbano del Gran Buenos Aires triplica pasando de 1,8 millones a 5,5 millones (Elena, 2018: 193).

Santiago de Chile pasa de 333.000 habitantes en 1907 a 696.000 en 1932. Pero este crecimiento debe leerse sobre el telón de fondo de un país que se urbanizó tempranamente. En 1875, el 65% de la población es rural y en 1920 el país es todavía de mayoría rural con un 53%, pero Chile ya tiene en ese año una de las tasas más altas de población urbana de toda América Latina. Tratándose de la ciudad de Santiago, el incremento de la población comienza en 1870 y se mantiene de manera continua durante varias décadas, y se explica por un proceso de migración desde las provincias que incluyó a trabajadores rurales, pero también a los hacendados y sus familias, como a los funcionarios públicos (Ramón, 2000). Siempre en Chile, entre 1875 y 1920 el crecimiento demográfico ligado al proceso de urbanización aumentó en un 196% en las ciudades de más de dos mil habitantes, mientras que solo fue del 38% en las zonas rurales; en el mismo periodo Santiago llegó a tener un crecimiento poblacional de 237%⁶. En los siguientes cuarenta años la evolución se acentuó: si en 1930, la población rural todavía representaba el 50,6% de la población total del país, en 1970 solo lo era el 24% (con porcentajes, siempre de población rural, de un 47,6% en 1940 y de 39,8% en 1952). Según el Censo de 1952, Santiago tuvo en esa fecha 1.350.400 habitantes.

El crecimiento fue vertiginoso en São Paulo a causa de la inmigración: en 1872 la ciudad solo tiene 31.385 habitantes y era apenas la décima capital provincial del país. En 1890, ya alcanzó casi 65.000 habitantes, convirtiéndose en la segunda ciudad más grande de Brasil (solo superada por Rio de Janeiro) y en 1900, ya contaba con 239.620 habitantes (Garcez Marins, 2019: 59). El aumento demográfico no se detiene: São Paulo pasa de 240.000 habitantes en 1900 a 579.000 en 1920 y 1.075.000 en 1930 (2.200.000 en 1950); mientras que Río de Janeiro pasa de 811.000 en 1900 a 2.380.000 en 1950. En Brasil la inversión significativa entre población rural y urbana se produjo entre 1940 y 1980: si en 1940, un 70% de la población era rural, esta solo fue de 30% en 1980 –la población urbana llegó al 70% en esa misma fecha–. Expresado en cifras absolutas, la población urbana pasó de 12,8 millones en 1940 a 80,5 millones en 1980 (Ribeiro, 2018: 150)⁷.

Buenos Aires creció con más rapidez que las otras capitales entre 1880 y 1930, para conocer luego tasas de crecimiento más progresivas, en el momento mismo en que otras ciudades aceleraron vertiginosamente su crecimiento en las décadas de 1940-1970, dando forma a ciudades masificadas. Desde 1930, con ciclos y ritmos distintos según los países, las ciudades verán aumentar significativamente su población ya no por la llegada de extranjeros, sino de migrantes asociados al éxodo rural (Almandoz, 2018: 302)⁸.

Precisémoslo. En 1940, Buenos Aires ya tiene dos millones y medio de habitantes, mientras que Rio de Janeiro y São Paolo sobrepasan el millón. Siempre por esos años, Bogotá sobrepasa los 200.000 habitantes, Lima supera el medio millón y Santiago de Chile tiene casi un millón. En los treinta años siguientes, todo se aceleró: Buenos Aires superó los 8 millones y medio de habitantes; Santiago llegó a los 2.600.000 en 1970; Lima pasó de 600.000 a 2.900.000 habitantes siempre en ese año y Bogotá pasó de 360.000 a 2.540.000. En Brasil, entre 1940 y 1970, Rio de Janeiro pasó en su área metropolitana de 1.800.000 habitantes a 6.700.000, y São Paolo, de manera aún más espectacular, pasó de 1.326.000 a 7.750.000 (Romero, 2001: 327-328). Este fue el verdadero momento de formación de la sociedad urbana de masas latinoamericana.

Los casos nacionales también revelan diferencias importantes entre las ciudades. En Colombia, Bogotá pasa de 100.000 habitantes en 1900 a 250.000 en 1930, y también se registró un fuerte incremento en Medellín y Barranquilla. Desde esa fecha y durante algunas décadas los procesos se aceleran. Hacia 1960 la mitad de la población del país, antes ampliamente rural, se había desplazado a las ciudades a causa de una importante migración interna entre 1930 y 1950 que, en 1951 hizo que Bogotá alcance los 715.000 habitantes, Medellín 358.000, Cali 284.000 y Barranquilla 280.000 habitantes. Cifras que se incrementaron durante la siguiente década a causa del éxodo generado por la Violencia. Siempre en Colombia, el porcentaje de la población urbana pasó del 31% en 1938, al 39% en 1951 y alcanzó el 52% en 1964, y llegó hasta a un 80% en el censo de 2005, con un reparto muy disímil entre las principales grandes ciudades (Bushnell, 2016: 444):

Lima pasa de 104.000 en 1891 a 273.000 en 1930, y desde entonces conoce un crecimiento continuo durante el siglo XX: 550.000 habitantes en 1940, casi dos millones en 1961 y poco menos de 6 millones y medio en 1993. En el Perú el crecimiento urbano fue importante desde 1940. En 1961, un 60% de peruanos vivía en el campo y el 52,2% en la sierra, y siempre en 1961 un 51,9% de la PEA trabajaba en la agricultura. Las cifras reflejan el hecho de que en el periodo 1940-1961 el aumento de la población urbana fue mucho más rápido que la rural, un proceso que se acelera entre 1961-1972: la tasa de crecimiento intercensal promedio de la población urbana fue de 5,1 mientras que solo lo fue de 0,5 en la población rural.

En el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, la incidencia de los migrantes (no extranjeros) fue muy importante. Contribuyeron con el 63% en el aumento de la población en Buenos Aires entre 1950 y 1960 y alrededor del 50% entre 1960-1970. En Brasil su aporte, entre 1960-70, fue de hasta el 69% en São Paulo y Rio de Janeiro y del 67% en Belo Horizonte.

El fenómeno de urbanización se profundizó pues en el periodo 1950-1980: «los habitantes de las ciudades pasan de 37 a 69,5% de la población total, con un índice de crecimiento anual de 4,1%, el doble de la tasa demográfica total y cuatro veces superior al índice de incremento de la población rural» (Carmagnani, 2004: 368). El vertiginoso ritmo de crecimiento urbano hace de América Latina, en esas décadas, y durante casi toda la segunda mitad del siglo XX, la única región del mundo económicamente no desarrollada con una mayoría de población urbana en claro contraste con lo que se dio en esas décadas en África o Asia.

A nivel mundial se trata de uno de los grandes rasgos de la región. Los porcentajes de urbanización hablan por ellos mismos (Sánchez-Albornoz, 2014: 201):

En 1950, la tasa de urbanización es del 40,4% en América Latina y será del 61,2% en 1975. Desglosado por países la situación es muy contrastada: siempre en 1950, el 78% de la población de Uruguay es ya urbana, 65,3% en Argentina, 58,3% en Chile; pero solo lo fue 36,5% en Brasil, 37,1% en Colombia y 35,5% en el Perú. Treinta años después, en 1980, el aumento de los porcentajes de la población urbana fue considerable: en Argentina se llegó al 82,9%, en Chile al 81,2%, en Brasil al 66,2%, en el Perú al 64,6% y en Colombia al 63,9%.

Al final del período que analizaremos y ya en tránsito con el siguiente, en 1990, estos cambios también se reflejaron en una alta densidad urbana (número de habitantes por km2). El contraste entre algunas ciudades estadounidenses o europeas y la situación en América Latina es significativo. Si Chicago tiene 2.500 habitantes por km2; Londres 4.000 y Milán 9.000; las cifras, en ese mismo año, eran de 15.000 habitantes por km2 en Buenos Aires; de 17.000 en Santiago y de 29.000 en Lima⁹.

Más allá del vértigo de las cifras, y sin que sea necesario establecer una correspondencia directa entre los fenómenos, lo importante es retener lo que estos cambios entrañaron. América Latina dejó de ser un continente «vacío» y se convirtió en un conjunto de países con predominancia urbana. Fue entre 1940 y 1970, como bien lo ha señalado Adrian Gorelik (2022), que se forjó la figura de la «ciudad latinoamericana». Las grandes urbes, sin disociarse de sus especificidades nacionales, configuran un nuevo imaginario regional en el cual las zonas de residencia periféricas y de emergencia fruto de las migraciones toman un papel decisivo.

Este fue el doble telón de fondo demográfico de la era de los sujetos colectivos. Todos los fenómenos que analizaremos deben ser leídos teniendo en cuenta esta realidad.

Desde un registro económico se ha vuelto habitual establecer una continuidad entre los años 1870-1929. En estas décadas «la economía latinoamericana triplica el producto interior bruto, duplica el ingreso per cápita, triplica la población y multiplica por cinco su participación en el comercio internacional» (Carmagnani, 2004: 222). Con variantes según los países, el fin del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX fue el gran periodo social y económico del orden oligárquico (Carmagnani, 1984). Sin embargo, en lo que se refiere a la problematización de la dinámica entre la individuación, el individualismo y las individualidades las primeras décadas del siglo XX, con todo lo que de arbitrario tienen los bornes temporales, se revelan en ruptura con lo que aconteció en el siglo XIX.

La historia de cada uno de los grandes sujetos colectivos del siglo XX, aunque nunca se reduzca a ello, se inscribe en oposición con los principios y realidades heredados del siglo anterior. En esto, a pesar de hondas diferencias, coinciden las luchas campesinas, el movimiento obrero, el nacionalismo, los regímenes nacional-populares. Por supuesto no todo fue nuevo y más de un lazo puede establecerse entre ciertos movimientos indígenas, corporativos o luchas de artesanos en el siglo XIX y lo que se dio en el siglo XX. Sin embargo, es importante reconocer la profundidad de la cesura.

Pero también es importante reconocer que en contra de lo que buscó imponer una cierta historiografía y sobre todo una cierta narración política, los grandes sujetos colectivos del periodo tuvieron historias bien diferentes. Lo iremos precisando, pero es importante tomar distancia con los trabajos que establecen una continuidad épica y narrativa de larga duración entre todas las luchas, aprehendiéndolas como expresiones de un solo gran sujeto colectivo. Esta continuidad sería muy activa, por ejemplo, si seguimos estas interpretaciones, a nivel de los sujetos populares a través de las milicias, guerrillas, vagabundajes, autogestión, orientaciones social-productivistas, bajo pueblo, luchas democráticas, protecciones (Salazar, 2014: 32 y 2006a: 51). Pero también lo sería a propósito de las luchas indígenas en torno a la permanencia, por ejemplo, durante varios siglos, de un anhelo mesiánico de recuperación del imperio inca. Y la continuidad también sería activa en las luchas nacionales, las que, desde sus primeros pasos, serían indisociables de combates existenciales contra el colonialismo y el imperialismo. En todos estos relatos, desde modalidades distintas, se instruyó la idea de durables sujetos colectivos en lucha por su emancipación.

Aunque este dispositivo de análisis y de narración no es exclusivo al periodo que abordaremos en esta segunda parte, es durante estas décadas que en el pensamiento social y político latinoamericano, luego en las ciencias sociales, se generalizó esta modalidad de escritura de la historia. Los actores sociales fueron analizados y descritos como sujetos colectivos. Si las individualidades nunca habían sido durante el decimonono el foco de pregnancia de las interpretaciones, lo fueron mucho menos en este periodo, en el cual ceden protagonismo a las clases, las comunidades, los sindicatos, la nación –todos y cada uno de ellos estudiados como verdaderos sujetos–. Una auténtica trasmutación tuvo lugar: por un lado, los sujetos colectivos fueron narrados en analogía con los atributos de los individuos, pero, por otro lado, a término, fue a la luz de la constitución de los sujetos colectivos como se analizaron las experiencias individuales.

Bajo el influjo y la seducción de esta narrativa, en la cual coincidieron líderes políticos, intelectuales, organizaciones sociales, más tarde las ciencias sociales de cuño funcionalista y marxista, se terminó por obliterar radicalmente la realidad de las individualidades de carne y hueso. Al alero del Gran relato de los sujetos colectivos, América Latina se vació literalmente de sus individualidades. Más que nunca las inquietudes individualizadas fueron denostadas como derivas pequeñoburguesas, abstracciones anticomunitarias y antipopulares, elucubraciones trasplantadas¹⁰. Este juicio negativo llegó a ser tal que tuvo incluso efectos contra-productivos en el estudio mismo de las luchas sociales. Durante estas décadas, se descuidó por ejemplo el estudio de las formas de agencia contestatarias que no se ceñían a esta narrativa: algo que ha sido retrospectivamente reconocido, por ejemplo, a propósito de la agencia de muchos esclavos que, en el siglo XIX, usaron estrategias individuales para conseguir su libertad, ya sea recurriendo a juzgados civiles y eclesiásticos, ya sea a través de apelaciones morales o a negociaciones con sus «dueños» (Hünefeldt, 1994). En la era de los sujetos colectivos estas modalidades de agencia fueron doblemente invisibles: porque caían fuera de su edad de oro, porque testimoniaban de la importancia de las agencias individuales.

Sin embargo, y en esto reside una de las más durables fuentes de problematización del periodo, durante la era de los sujetos colectivos nunca se cuestionó realmente la matriz jurídica igualitaria individualista.

La fecha bautismal del ingreso a la era de los sujetos colectivos en América Latina está signada por la Revolución mexicana desde 1910. Fue el detonante del nacimiento de un nuevo escenario continental que, mucho más allá de las solas luchas colectivas, dio forma a nuevas interpretaciones de la realidad social.

Sin exhaustividad, cuatro grandes sujetos colectivos marcan la historia del siglo XX latinoamericano: campesinos e indígenas, la clase obrera, la nación, el pueblo. La lista no es y no pretende ser exhaustiva. La juventud, por ejemplo, también fue desde comienzos del siglo XX un actor importante: en torno a ella se expresó un anhelo de regeneración espiritual continental que encontró una primera gran manifestación colectiva en la Reforma universitaria de Córdoba en 1918 (Portantiero, 1978: 15-18), un movimiento que supuso tanto el encuentro como el tránsito entre ideas liberales reformistas y el nuevo espíritu revolucionario al alero del espiritualismo arielista en torno a demandas de autonomía universitaria, libertad de cátedra, gratuidad, apertura de los claustros a la sociedad y a los trabajadores. La lucha espiritual y moral de Rodó se convirtió en una revolución política y social. Desde entonces, de manera intermitente, la juventud no ha cejado de ser un actor importante en la región. Y lo mismo podría decirse de la primera ola del feminismo que solo analizaremos de manera puntual en torno al sufragismo. Sin embargo, los cuatro sujetos colectivos que venimos de enunciar son los más significativos del periodo.

El Gran relato del sujeto colectivo no es en absoluto exclusivo a la región. Aunque sirvió varias veces como marco de enunciación de la genuinidad, se trata en verdad de una de las grandes narrativas de la modernidad. Según este relato los sujetos sociales se forjan a través de sus combates contra la opresión, la dominación, la explotación o la sujeción. Lo realmente importante no reside en la identidad específica de cada sujeto colectivo (la clase trabajadora, una vanguardia revolucionaria, las mujeres, los estudiantes, el pueblo, las comunidades), sino en la común estructura analítica del relato: los sujetos colectivos se forjan a través de sus luchas emancipatorias. Fue en acuerdo con el relato moderno de la emancipación como se interpretaron –y se interpretan– los avatares de los actores subalternos en América Latina durante una buena parte del siglo XX. Por eso, más allá de las historias específicas de cada uno de los sujetos colectivos que abordaremos, todos ellos serán analizados a través de sus dinámicas incesantes de formación y de transformación, procesos que son inseparables de un tipo de narración sobre las luchas sociales, políticas e ideológicas (Thompson, 1988). Todos los sujetos colectivos que estudiaremos, más allá de los términos que emplearemos puntualmente (clase, actor subalterno, comunidad, pueblo, plebe, nación), lo serán desde este enfoque.

Dentro del período que vamos a analizar se puede, a grandes rasgos, diferenciar entre dos grandes constelaciones sociopolíticas. La primera va desde fines del siglo XIX hasta 1930, periodo en el cual el orden oligárquico se impuso por doquier. Sin modificar las bases de la matriz jurídica igualitaria individualista, se produjo en este periodo una profundización de la captura e impronta oligárquica sobre el Estado –las élites dejaron de gobernar a través de caudillos militares y ejercieron directamente el control político–. Nunca como en este período la oligarquía articuló un modo de tenencia de la tierra con el poder político. Y fue justamente la renovación de la dominación lo que abrió el camino a la progresiva constitución de sujetos colectivos y tras ellos al cambio de las gramáticas hegemónicas en la vida política, social y cultural.

La segunda constelación que presenta variedades nacionales más acentuadas comienza con una larga fase de trastornos en los años 1930-1945, durante los cuales –o pocos años después– se consolidó un conjunto de gobiernos nacional-populares, luego desarrollistas, más tarde, y ya en la década de 1970, Estados burocrático-autoritarios. En esta fase las oligarquías tradicionales pierden por lo general –pero no en todos lados ni en la misma proporción– su poder sobre el Estado en beneficio de otros sectores de la élite, como ciertos sectores empresariales, a medida que se realizaron en algunos países reformas agrarias que cambiaron la estructura social del agro o que se acrecentó el peso y el papel de los sindicatos.

Dos grandes constelaciones en un solo y mismo periodo, la era de los sujetos colectivos. La dinámica central de nuestro estudio conoció variaciones significativas con respecto al siglo XIX. Los procesos estructurales de individuación fueron básicamente aprehendidos en referencia a las luchas emancipatorias. El individualismo fue desdeñado y el liberalismo rechazado, sin que ello se haya traducido empero por el abandono de la matriz jurídica igualitaria individualista. Las individualidades fueron más invisibles que nunca, a pesar de que jamás perdieron curiosamente protagonismo en varias representaciones. Se trató de una nueva versión de lo que hemos denominado en el preámbulo general de esta investigación la cuestión de las individualidades robadas.

Durante el largo siglo XIX el individualismo desconsideró a las individualidades en aras de un proyecto de transformación institucional que muchas veces riñó con los procesos de individuación. En la era de los sujetos colectivos la crítica del individualismo liberal se tradujo en un nuevo, pero igualmente profundo, desinterés por las individualidades como consecuencia de la tendencia a analizar los procesos de individuación casi exclusivamente desde el horizonte emancipatorio de los sujetos colectivos. Este desdén interpretativo explica la estructura de los capítulos que siguen. Si en la era de la hegemonía liberal resiliente fue necesario mostrar las modalidades efectivas y los límites del individualismo institucional, en la era de los sujetos colectivos será indispensable mostrar el indesmayable vigor de las individualidades.

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1 Esta investigación se realizó en el marco del Proyecto Fondecyt n°1180338 «Problematizaciones del individualismo en América del Sur».

2 Cavieres distingue cuatro etapas en el trayecto económico del liberalismo chileno desde las primeras décadas del siglo XIX hasta 1930. Si una dimensión más social del Estado solo se desarrolla verdaderamente a partir de 1920, ya durante el siglo XIX se había ido acentuando el papel del Estado como garante del sector privado y como inversionista en infraestructura (caminera, portuaria, ferrocarriles).

3 Para una interpretación de este proceso desde la historia social y cultural del psicoanálisis, cf. Zaretsky (2012). Desde fines del siglo XIX y de manera más acuciada durante el periodo de entre guerras, el individualismo logró sobrevivir y reformularse a través del consumo estandarizado, el derecho y la cultura en la sociedad de masas.

4 No hay que descuidar sin embargo el hecho de que ya durante este periodo, la tasa de fecundidad por mujer pasó en Brasil de 6,3 hijos en 1940 a 3,3 en 1960.

5 Si se toma todo el siglo XX la multiplicación es aún más importante: en el siglo XIX, en Colombia, la población se multiplica por tres (de 1.129.000 en 1825 a 4.122.000 en 1905), y se multiplica por diez en el siglo XX, alcanzando más de 40 millones en el 2005 (LaRosa y Mejía, 2017: 38).

6 Datos de Dagmar Raczynski (1994), citados en Rojas Lasch (2019: 53).

7 Otras fuentes, tomando como indicador las personas viviendo en ciudades de más de 20.000 habitantes, indican que el porcentaje de población urbana habría pasado del 16% en 1940, a un 51,5% en 1980. En todo caso, desde 1980, la población del país se volvió mayoritariamente urbana.

8 Datos completados con el informe de las Naciones Unidas, 2000.

9 Las cifras fueron aún más altas para México (34.000 habitantes por km2) y Manila, en Filipinas (hasta 88.000). Cf. Pearce (1990: 248).

10 En el marco de la sociología latinoamericana notemos, a pesar de la fuerte influencia de la sociología estadounidense en el período, la escasísima atención que se prestó a la sociología interaccionista entre 1950 y 1980.

Capítulo 1

Luchas campesinas y comunidades indígenas

I. Oligarcas, latifundios y haciendas

Desde la Colonia hasta bien entrado el siglo XIX, el despojo de tierras y el aumento de la agricultura de explotación caracterizan la historia latinoamericana. Estos procesos se dieron a veces a expensas de la población nómada (como en Argentina, Brasil, Chile) o de comunidades sedentarias como en el Perú, México o Bolivia, y más tarde en la Araucanía o la Patagonia en Chile y Argentina (Carmagnani, 1984: 103 y siguientes). Bajo la hegemonía liberal resiliente decimonónica, la tutela de las comunidades indígenas en la época colonial dio paso a nuevas formas de vida y de trabajo en las haciendas, las estancias y las plantaciones.

Dado el peso diferencial, demográfico y político de la población indígena en el Perú, el único pueblo testimonio del grupo de países que estudiamos, privilegiaremos este caso nacional haciendo constantes referencias a las otras situaciones nacionales. En el periodo que analizaremos, el Perú dejó de ser un país predominantemente rural: en 1970, 7,5 millones vivían en las ciudades contra 5,5 en el campo, y algo menos de la mitad de la población estaba empleada ese año en la agricultura (Drinot, 2022: 232). Si entre comienzos del siglo XX y 1969, año en que se produjo la reforma agraria, el destino y los impases del Perú se percibieron desde el agro y el campesinado, en esas mismas décadas, más o menos sigilosamente, el Perú dejó de ser una sociedad rural.

Lo analizaremos cuando abordemos la construcción de la nación peruana y en la tercera parte a propósito de las clases popular-intermediarias, pero el gran factor estructural de cambio, con consecuencias decisivas a nivel de la individuación, fueron las migraciones del campo a la ciudad. Varios proyectos laborales, educativos y raciales habían buscado infructuosamente la desindianización del indio, y el censo de 1940, al agrupar blancos y mestizos (52% de la población), buscó construir la imagen de un país en el cual los indígenas eran minoritarios (el 46%). Si el desplazamiento del eje de gravedad de la sociedad peruana hacia la ciudad se dio durante este periodo, esto se produjo por la migración y la demografía y de manera autónoma con respecto a los proyectos de la élite. Las migraciones fueron significativas en dirección de las ciudades de la costa, pero fueron sobre todo masivas hacia Lima, que pasó, entre 1940 y 1961, de 660.000 habitantes a 1,9 millones. En la década de 1940, un 65% de la población total del Perú era rural y un 60% era considerado indígena: en 1961 la población urbana representó el 47% del total (Drinot, 2022: 297).

Tratándose de las luchas campesinas, acentuaremos, dentro del caso peruano, el primer período, o sea el momento propiamente oligárquico entre fines del siglo XIX y 1930. Esto no quiere decir que las luchas cesaron en los años 1940-1980, pero sí que en ese período el centro de gravedad de la vida social y política se desplazó progresivamente hacia las ciudades dándoles más protagonismo a otros actores sociales. La importancia de la «cuestión del indio» durante el oncenio de Leguía (1919-1930), incluso si se mantuvieron vigentes muchas concepciones paternalistas, contrasta con las décadas de 1930 y 1940, en las cuales la clase obrera, aunque menos numerosa, recibió creciente atención. La cuestión social no dejó de ser rural, pero tomó un cariz más urbano y obrero. Habrá que esperar la década de 1960 para que las movilizaciones campesinas vuelvan a colocar el tema agrario en el corazón de la cuestión social. Sin embargo, no es excesivo afirmar que en lo que concierne a la problematización entre la individuación, el individualismo y las individualidades los grandes debates planteados desde el agro en la era de los sujetos colectivos se estructuran en la primera mitad del siglo. En un nuevo periodo, a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se asistirá a una renovación de problemáticas (a nivel de la gestión de las tierras, la etnicidad, la plurinacionalidad, los derechos colectivos), como lo analizaremos en la tercera parte.

1. El orden oligárquico

Los perfiles de las oligarquías y la diferenciación de los intereses entre los miembros de la élite fueron muy distintos de un país a otro, pero más allá de las variantes nacionales durante buena parte del siglo XX, la hacienda y la gran propiedad agraria fueron un rasgo decisivo del poder e identidad de las élites latinoamericanas. En este período, la oligarquía peruana fue un grupo reducido de familias y parentelas que basó su poder en la tenencia de la tierra, incluso si supo diversificar sus posesiones en el sector minero, el comercio o en la banca.

En todos los países que estudiamos, a través de modalidades específicas, el fenómeno fue análogo. En Brasil, por ejemplo, esto coincidió con la Primera República (1889-1930), en donde se puso en práctica una modalidad de dominación basada en la tenencia de la tierra, pero que fue articulada con la política de los gobernadores, el poder de los coronéis, las relaciones entre la Unión y los Estados o el llamado modelo «café con leche» –el acuerdo entre São Paulo-Minas Gerais– (Fausto, 2006: 258-272). En el caso de Chile, desde fines del siglo XIX, una robusta compenetración se dio entre los miembros de la élite, al punto que fue difícil, ya en ese periodo, distinguir «entre terratenientes, mineros, comerciantes, altos funcionarios o jefes militares: todos eran un poco de todo» (Romero: 2007: 33).

A pesar de las diferencias nacionales, en todos lados el orden oligárquico aunó dimensiones económicas, políticas y sociales. Aunque hubo una cierta diversificación de inversiones, el foco de pregnancia del poder estuvo y se mantuvo en la tierra: de ahí derivaron de manera directa o indirecta las ansias aristocráticas, la política de apellidos y las alianzas matrimoniales, el estilo de vida y el consumo conspicuo, la frecuentación de los mismos lugares (clubes, hipódromo), las maneras como los miembros de la oligarquía se mostraron en las páginas sociales y más de uno de sus ideales colectivos como la caballerosidad. Tratándose de la oligarquía, la individualidad de sus miembros se subordinó a los imperativos y a los valores del grupo de pertenencia. Con inteligencia Manuel Burga y Alberto Flores Galindo (1994: 148) entendieron por eso que una de las obras literarias más representativas de las primeras décadas del siglo XX en el Perú fue el cuento «El caballero Carmelo» (1913) de Abraham Valdelomar en el cual trasunta un elogio del honor oligárquico a través del señorío de un gallo de pelea.

Fue el gran período de la oligarquía. Su control político sobre el Estado (que por lo general todavía se asentó sobre magras administraciones públicas) fue casi total. En el Perú, la debilidad infraestructural del Estado permitió el mantenimiento de enclaves de producción en los latifundios y el control de las poblaciones indígenas a manos de los gamonales (Flores Galindo, 1994a)¹¹. En estas unidades de producción reinó el poder de los terratenientes y el Estado toleró o hizo alianzas con ellos, y no solamente en lugares geográficamente apartados. En esto coincidieron el gamonalismo andino y los enclaves mineros o petroleros: en todos ellos fueron manifiestos los límites del Estado (Burga y Flores Galindo, 1994: 135-136). De ahí, por lo demás, la impronta institucional que en este periodo tuvo el Ejército o la Iglesia: fueron de las escasas instituciones con relativa presencia sobre todo el territorio nacional.

Si a comienzos del siglo XX, en los Andes, la situación en lo que a la acción del Estado se refiere no supuso un cambio radical con lo que se había dado durante el siglo anterior, lo que sí se transformó fue la intensificación y la extensión de la dominación oligárquica. La apropiación de tierras (de las comunidades, municipios o de la Iglesia) se acentuó a fines del decimonono y comienzos del siglo XX. Esto hizo que los principios del liberalismo palidecieran aún más. El paternalismo y la servidumbre se profundizaron, ambas facilitadas por las limitaciones infraestructurales del Estado. Formas personalizadas de subordinación estructuraron las relaciones entre los propietarios y los trabajadores. Se consolidó un sistema caracterizado por la arbitrariedad discrecional del patrón y la dependencia subordinada de los trabajadores; un sistema en el cual las relaciones entre ambas partes se elaboraron ideológicamente al alero de formas paternalistas y jerarquizadas de mando, según las cuales todos formaban parte de una misma «familia». El pensamiento conservador movilizó hasta el cansancio esta representación con el objetivo expreso de convertir las relaciones sociales dentro de las haciendas en un modelo de microsociedad idealizado¹².

Es importante destacar lo que este tipo de relaciones implicó para la dinámica de la individuación, el individualismo y las individualidades. Durante décadas, a través de diversas formas de trabajo y de residencia, las relaciones personalizadas fueron el gran sello de las relaciones laborales: el patrón no era cualquier patrón, era «el» patrón. La célebre afirmación de Karl Marx según la cual poco importan los rasgos idiosincráticos o la moral personal del capitalista puesto que, preso él mismo en la trama de las relaciones coercitivas capital-trabajo, debía in fine comportarse como cualquier otro capitalista, solo fue parcialmente justa en la región. El carácter del patrón y su arbitrariedad sí importaban, incluso si un espeso manto de clase recubrió y uniformó las acciones de los distintos propietarios. Los conflictos fueron por eso personalizados y dieron forma, como lo testimonia magníficamente la literatura indigenista, a manifestaciones de rabia, odio, resentimiento profundamente personalizadas. Se odiaba «al» patrón tanto o más que a un estamento social. Por supuesto, en sus luchas las clases subalternas más de una vez transitaron entre ambas realidades, pero la personalización de las relaciones de poder dentro de las haciendas y el paternalismo jerarquizado sobre el que se asentó, estructuraron relaciones en las cuales los sentimientos morales ante los abusos fueron muchas veces más importantes que la lucha contra la economía política de la explotación.

Como lo analizaremos más adelante, sin sorpresa, el sentimiento de injusticia propio a la literatura indigenista está marinado por cuestiones morales: humillaciones, vejación, resentimiento, odio, pero sobre todo abuso. Esto es lo esencial: la lucha social y la hostilidad personal fue indisociable en las haciendas y latifundios de las pasiones engendradas por el abuso sufrido. En este universo de dominación, casi puede decirse que la cuestión central nunca fue la desigualdad, sino el maltrato. El abuso fue el puente de articulación entre maltratos personales y demandas colectivas. Los abusos fueron resentidos con tanta mayor impotencia que el sistema judicial estuvo enfeudado a los intereses de los grandes propietarios. No hubo posibilidad de justicia delante de los tribunales. Es bajo la figura del abuso sin sanción –los atropellos arbitrarios de los patrones– como se forjó la conciencia y la denuncia de la opresión entre los indígenas y campesinos del período.

Ante esta situación, el reclamo en nombre de los principios del liberalismo o brilla por su ausencia o demuestra ante la justicia y la administración del Estado su inutilidad. Hubo un muy solitario faz a faz entre los hacendados y los campesinos, al punto que muchas insurrecciones se dieron independientemente de toda relación con el Estado. En muchos casos, este fue cómplice, para retomar la fórmula de González Prada, de la «trinidad embrutecedora» de la servidumbre indígena: el juez de paz, el gobernador y el cura.

Pero volvamos sobre la personalización de la dominación. Aquí reside una de las grandes diferencias entre las luchas campesinas y el movimiento obrero desde las primeras décadas del siglo XX. Las primeras estuvieron coloreadas por formas personalizadas; en el segundo hubo una mayor despersonalización y se impuso progresivamente la visión del patrón como representante de una clase social. El conflicto era contra «los» patrones, contra una clase social y un sistema de explotación. A nivel de los conflictos sociales del período, como lo muestra el estudio de Burga y Flores Galindo, las diferencias fueron así importantes entre las luchas que se dieron contra la hacienda azucarera, el latifundio andino o las fábricas en Lima.

2. Relaciones laborales y subordinación

Imposible desconocer en lo que atañe al proceso de individuación, la importancia del clientelismo y el paternalismo. Ambos articularon formas de coerción física con mecanismos de presión sutiles y complejos a través de la familia o la Iglesia; se instituyeron así diversos procedimientos indisociablemente de protección y de opresión (a nivel de la justicia, la salud o la educación). Aunque haya sido muchas veces descrito como feudal o semifeudal, se trató de un sistema con rasgos propios. Hubo inequívocos elementos de explotación, como el sistema de deudas o de enganche: el trabajador recibía una remuneración en bonos –o en dinero «emitido» por un hacendado– que solo podía hacerse efectivo en los almacenes habilitados dentro de la propia hacienda. Factores que se acompañaron con formas paternalistas de «cuidado»: prácticas de proximidad y de control ejercidas en el Perú por los gamonales.

Es realmente imposible minimizar el durable impacto de la hacienda en la historia social latinoamericana. En la interpretación que José Medina Echeverría propuso de la estructura económica de la región asoció el papel de la hacienda al de las minas y los centros mercantiles de exportación, señalando que el peso diferencial de cada una de estas actividades daba cuenta de las variantes lusa e hispana de la colonización. Sin embargo, en los dos casos, la hacienda tuvo un rol señero. En torno a ella más de un vínculo puede establecerse entre la descripción que de la Casa grande da Gilberto Freyre en Brasil en la década de 1930 y la tradición de la hacienda en tantos países sud-hispanoamericanos. En ambos casos fue cuestión de una institución organizada alrededor de un conjunto de grandes características: «a) el haber sido una célula de poder político-militar al lado del económico; b) el haber constituido el núcleo de una dilatada estructura ‘familística’; c) el haber constituido el modelo circunstancial de la autoridad, y d) el haber sido la creadora de un tipo humano, de un ‘carácter’ singular» (Medina Echeverría, 2017: 33 y 31).

En torno a la hacienda se estructuró un intrincado sistema de dominación sociocultural y de explotación económica que se apoyó en formas ordinarias de entrelazamiento entre distintos vínculos, de índole familiar (como en los compadrazgos), pero también con otros tipos de lazos personalizados más o menos reconocidos, aunque rara vez legalizados, que coexistían con solidas relaciones verticalizadas y asimétricas de poder. En este universo de proximidad y de asimetría relacionales, la confusión interactiva no estaba permitida; a pesar de cierta familiaridad en el trato, a veces incluso de una cierta cercanía en las costumbres, toda manifestación de igualdad estaba excluida. La fidelidad, la obediencia y la confianza se inscribieron en un férreo régimen de subalternidad. Y de crueldad. Manuel González Prada (1995: 73) afirmó así que los hacendados peruanos luego de ser educados en Francia o Inglaterra volvían «con todas las apariencias de gente civilizada; más apenas se confinan en sus haciendas, pierden el barniz europeo y proceden con más inhumanidad y violencia que sus padres: con el sombrero, el poncho y las roncadoras, reaparece la fiera».

Las asimetrías de poder laborales y la escasa protección legal de la que se dispuso en el campo engendraron una variada familia de actitudes que forzaron a muchos actores a decir algo y hacer lo contrario, a tal punto se sintieron incapaces de defender su punto de vista en medio de relaciones jerárquicas en las cuales el otro –el superior– siempre tenía la razón. Relaciones en las que se trató tanto de no decir «no» como de jamás decir lo que se pensaba (Ugarteche, 1999). Una actitud que permitió detrás del «sí señor» de rigor, desarrollar un conjunto de tácticas de resistencia. Esto da cuenta también y no solo en el ámbito laboral, de las estrategias de disimulo entre los actores subalternos. Evocando por ejemplo la comunicación entre indios y mistis a partir de la narrativa de José María Arguedas, sobre todo en el texto Agua, de 1935, Alberto Flores Galindo (1992: 19) remarcó que «los indios simulan, por ejemplo, decirles ciertas cosas a los mistis y, entre ellos, se burlan, se quejan y los atacan. Nunca hay un nivel de comunicación, siempre está de por medio la mentira, el engaño, cuyo origen está en el poder de los mestizos sobre los indios. Es un poder violento que llega a ejercerse de manera física, que llega a convertirse en azotes y vejaciones». El sigilo, el hacer una cosa por delante y otra por atrás, fue –y en parte sigue siendo– una expresión consuetudinaria en medio de relaciones sociales y laborales fuertemente asimétricas. En coincidencia en este punto con Flores Galindo, Nugent (2001: 123) ve en esta actitud una de las grandes consecuencias del orden tutelar en el Perú: una dimensión de miedo relacional que hace que los actores aprendan «que la distribución jerárquica de las personas es más importante que la universalidad de la ley».

Es difícil generalizar sobre el grado efectivo de legitimidad (o sea de aceptación conciliada y subordinada) que tuvieron estas relaciones de dominación, pero la más grande prudencia se impone frente a las visiones edulcoradas de esta realidad –incluidas por supuesto para el caso brasilero¹³–. Como un gran número de luchas campesinas, sublevaciones indígenas y de esclavos lo atestiguan durante el siglo XIX y XX, las clases subalternas nunca cejaron en su descontento y aprovecharon recurrentemente las oportunidades que se les presentaron para rebelarse. Es probable que frente a la solidez del entramado de poderes sobre el que reposaba la dominación hacendaria y latifundista, el fatalismo haya muchas veces ocluido el espacio de la contestación. Pero esto tampoco quiere decir para