Estado desarrollador: Casos exitosos y lecciones para Mèxico

Por José Antonio Romero Telleache y Julen Berasaluce Iza

La búsqueda de constituirse en un país próspero ha surgido muchas veces de las cenizas de la destrucción, de la humillación nacional y de la aparente condena a la desdicha eterna. En algunos momentos de la historia, algunos países decidieron no resignarse a su condición de pobreza. Con la dirección del Estado y la colaboración del sector empresaria

• Idioma: Español
• Editorial: El Colegio de México
• Fecha de lanzamiento: 28 may 2020
• ISBN: 9786075641720

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Viianto

INTRODUCCIÓN

JOSÈ ANTONIO ROMERO

JULEN BERASALUCE

La motivación de este trabajo surge de la frustración ante el escaso crecimiento económico que ha experimentado la economía mexicana desde 1983, el cual ha llevado a que el crecimiento promedio del ingreso por habitante de 1983 a la fecha sea menor a 1% anual. De este escaso crecimiento se han derivado muchas consecuencias, como un rezago con respecto a otros países que se negaron a aplicar recetas ideologizadas y buscaron modelos propios; pero, peor aún, en lo interno el escaso crecimiento ha originado y magnificado los fenómenos de pobreza, desigualdad, migración y descomposición social.

Ante este hecho y ante la imposibilidad de recurrir a la teoría convencional para buscar una salida al estancamiento económico de México, hemos volteado a ver qué han hecho países que partieron de una situación de atraso y lograron alcanzar a los líderes en unas cuantas décadas. Este ejercicio no pretende establecer un marco rígido con un recetario para la aplicación de política económica. No obstante, la determinación del tema surge de una conclusión compartida por los colaboradores de la presente obra de que el Estado tuvo un papel importante en el desarrollo económico de muchos países, en particular de los que se analizan en esta obra. La definición de este tema central no exime de la existencia de particularidades de cada uno de los casos e, incluso, de posiciones encontradas entre los propios autores.

Los casos analizados son Alemania, Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Finlandia. El periodo concreto aplicado a cada uno de los casos no tiene como objetivo establecer una temporalidad del conjunto de la obra, ni una linealidad en el desarrollo del modelo. Los autores han focalizado su análisis en el desarrollo propio, para cada uno de los casos, del Estado Desarrollador; lo que ha exigido focalizarse en diferentes periodos y con distintos enfoques. Así, el lector puede encontrar ejemplos de políticas económicas concretas que hacen eficiente la intervención estatal en conjunto con las fuerzas del mercado, a la vez que planteamientos de índole más filosófica que motivan dicha intervención y dibujan la estructura deseable de un Estado.

Los seis casos analizados en la presente obra ofrecen interpretaciones históricas específicas del Estado Desarrollador, un planteamiento pragmático de dirección estatal para el cambio del tejido productivo de un país o una región. Como se puede advertir en cada uno de los capítulos, el Estado Desarrollador disfruta de un carácter eminentemente práctico; es decir, no es la consecuencia de una construcción teórica rígida e inmutable. Debido a ello, su explicación es compleja, de manera tal que no se puede caracterizar de manera exhaustiva como la aplicación de un planteamiento de estructura inalterable.

Una acción rectora de transformación del tejido productivo es una tarea compleja que exige un Estado con capacidad suficiente durante un periodo de tiempo prolongado. Es por eso que los casos de Estado Desarrollador analizados están sustentados por gobiernos fuertes, con una notoria influencia en los poderes estatales. Estos gobiernos suelen contar con una legitimidad suficiente entre la población, lo que les permite concebir un entorno institucional relativamente estable, a fin de fijar objetivos a largo plazo. Dicha legitimidad se establece en muchas ocasiones de manera autocrática. Como se puede observar en el desarrollo político de los últimos años en China, el carácter autocrático no responde necesariamente a un periodo transicional, sino que podría constituirse como un elemento propio. El lector que haya dado seguimiento a las interpretaciones sobre el caso chino debería tener muy presentes las previsiones que, hasta muy recientemente, se realizaban en torno a la liberalización política que automáticamente devendría del crecimiento económico experimentado. El análisis realizado por el doctor Oropeza en relación con la concepción china del Estado Desarrollador desde el confucianismo dotará al lector de nuevas herramientas para plantearse si lo anterior no respondía a una ingenuidad occidental.

La adopción de una estrategia de transformación productiva no ofrece frutos de manera inmediata. La —en muchos casos alta— inversión exigida implica una negación de consumo, cuyo costo es superior cuando dicho consumo es más exiguo. En otras palabras, se realiza un sacrificio presente en aras de la construcción de un proyecto cuyos resultados son futuros, potenciales y colectivos. La importancia del ahorro, a fin de propiciar una inversión de carácter nacional en los sectores señalados, es central. Este tema, tan esencial en la literatura económica como la división del ingreso entre consumo y ahorro, está presente en cada uno de los capítulos. En particular, por su protagonismo reciente, el alto nivel de ahorro de las economías asiáticas es un hecho diferencial que llama la atención.

Resulta curioso cómo algunas cuestiones tan esenciales como la que se acaba de describir no terminan de resolverse. El lector académico interesado en temas de investigación puede considerar ejes temáticos como el mencionado y observar su efecto en cada uno de los casos tratados. Respecto de la determinación del ahorro, se analizan en cada uno de los capítulos varias políticas que indujeron una movilización del mismo, a través de un control del sistema financiero. Se subraya la importancia del factor, sin que sea objetivo de los autores explicar de manera exhaustiva su comportamiento. Como bien se ha apuntado en discusiones de esta obra, elementos culturales y religiosos no considerados en dichas políticas estarían afectando al nivel de ahorro de un país (Chen, 2013, y Liang, 2010, entre otros). Acaso el replanteamiento del modelo de desarrollo devuelve a la centralidad del debate público la discusión sobre cuestiones tan esenciales como el ahorro.

El mencionado esfuerzo colectivo se fundamenta en una visión nacional o nacionalista. Aunque el origen de la construcción nacional o sentimiento nacionalista puede diferir en cada uno de los casos, se presentan elementos culturales comunes, como episodios de humillación colectiva recientes, que refuerzan la adopción de una estrategia común. La propia identidad colectiva es un elemento de absoluta vanguardia en el análisis económico, como lo reflejan Akerlof y Kranton (2010), y en el análisis político (Fukuyama, 2018).

El concepto de Estado Desarrollador describe la eficiente red de influencias políticas, burocráticas y empresariales que conforman las estructuras económicas capitalistas en el este de Asia. Como veremos, al igual que en Alemania, esta forma de Estado se originó como respuesta idiosincrásica de naciones atrasadas frente a un mundo dominado por potencias económicas y, a pesar de muchos problemas asociados con esta forma de organización, como la corrupción y la ineficiencia, estas políticas de Estado han sido sorprendentemente exitosas para sacar del atraso a un país y mejorar su competitividad económica, aun en el contexto actual de globalización (Woo-Cumings, 1999).

El concepto de Estado Desarrollador surge del libro MITI and the Japanese Miracle (Johnson, 1982), aunque ello no implica que, como bien apuntan los autores de esta obra, no existieran planteamientos anteriores en torno a esta idea. El libro está basado en una minuciosa observación de la disciplinada burocracia japonesa que estaba encargada de realizar la planificación económica de Japón, el Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI, por sus siglas en inglés), que a los ojos de Johnson constituye un tipo ideal weberiano de un Estado intervencionista que no era socialista (es decir, un Estado de planificación total en que la propiedad y la gestión quedaban en manos del Estado, como en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), ni tampoco de libre mercado (sin un plan y donde el control privado coincide con la propiedad privada), sino algo diferente, en que el Estado fomenta el desarrollo capitalista, planifica la economía y conjunta a la propiedad privada con la dirección del Estado para lograr un desarrollo acelerado. Gracias a este plan racional, el Estado japonés pudo lograr un crecimiento industrial rápido y sostenido. La esencia del argumento del Estado Desarrollador de Johnson es que el éxito económico del Japón de la posguerra, el llamado milagro económico, se debe fundamentalmente a la implementación de un conjunto de políticas gubernamentales conscientes y coherentes.

La propia selección de los países considerados en la presente obra se ha fundamentado en la búsqueda de casos en los que se dieron transformaciones profundas, como el de Japón. En consecuencia, dichos países partían de una situación económicamente precaria. Lo anterior no implica necesariamente que la adopción del modelo de Estado Desarrollador se tenga que dar en el caso de países empobrecidos. De hecho, la continuación de la propia estrategia en algunos casos analizados, una vez que los países han alcanzado ingresos medios, ejemplifica el caso contrario. No obstante, podría sustentarse que una situación inicial particularmente precaria puede facilitar la construcción de consensos en favor de una estrategia de transformación productiva colectiva. Esta dificultad de construcción de consensos puede ser uno de los factores que afecte a la conocida como trampa del ingreso medio.

El Estado, como rector del proyecto de transformación productiva, establece una planeación de hacia dónde quiere dirigir la misma, que ha de estar en la línea del proyecto nacional. Esta planeación no es inmutable. La fijación de objetivos, que se realiza a largo plazo, no impide que éstos se transformen; ya sea por cambio de circunstancias, la observación de dificultades no consideradas o, como se dio en el caso de Japón, la consecución de las metas establecidas y búsqueda de horizontes más exigentes. La realización de la política económica se fundamenta en el pragmatismo en materia ideológica; las políticas o programas infructuosos se corrigen. Esta concepción va en línea con la afamada frase de Deng Xiaoping: Da lo mismo si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones. También es muy cercana a los planteamientos actuales de políticas basadas en evidencia y que desdeñan confrontaciones ideológicas improductivas. De hecho, este pragmatismo se puede extender hacia otros rubros de la acción pública, como la política exterior. Como se puede advertir en el caso de países tan distintos como Finlandia, Vietnam o Corea del Sur, se apartan viejas rencillas a favor de colaboraciones presentes y mutuamente beneficiosas.

La rectoría del Estado es efectiva en la selección de sectores que motivan la transformación productiva. Es decir, la política industrial establecida no es horizontal, limitándose a eliminar barreras administrativas, como desde algunas posiciones se quiso aparcar a la política industrial. El Estado construye una política industrial vertical, con una selección de sectores económicos por cuya transformación se apuesta. Este tipo de estrategia no busca una protección del Estado presente del tejido productivo existente, sino su progreso hacia la incorporación de mayor valor agregado. Se puede fundamentar en una industria existente, como la maderera en el caso de Finlandia, favoreciendo su conversión hacia industrias, dentro del mismo sector, que incorporen mayor valor agregado. También se pueden impulsar nuevos sectores en los que el país no contaba con experiencia previa, como el caso de la siderurgia coreana. Con esta estrategia se puede dar un aprovechamiento de las ventajas comparativas presentes del país a fin de potenciar nuevas y distintas ventajas comparativas futuras.

Un cambio en el tejido productivo de las dimensiones consideradas no se da de manera inmediata y, en consecuencia, los resultados a menudo no se observan rápidamente. En otras palabras, este tipo de estrategia se suele enmarcar en un sacrificio presente (en muchos casos, al menos de una generación) por oportunidades para el futuro. La propia transición puede suponer que durante un tiempo se presente una economía dual, con la convivencia de un sector moderno y favorecido con sectores tradicionales de menor productividad.

Lo anterior es particularmente complejo debido a que los países que optan por un proyecto colectivo de tal envergadura suelen ser países económicamente atrasados que pretenden preservar su propia soberanía y alcanzar a los líderes. Para dar sentido a ese sacrificio colectivo se retroalimenta un nacionalismo fuerte que puede estar basado en un sentimiento de humillación cercano, cierta homogeneidad étnica o lazos históricos muy estables.

La política industrial se sitúa en el núcleo de la acción del Estado Desarrollador. De esta manera, el conjunto de políticas económicas (monetaria, financiera, fiscal, comercial, tecnológica, educativa…) se coordinan para la promoción de los sectores seleccionados y la consecución de la transformación productiva. Es decir, la política industrial se observa como un objetivo común al conjunto de instituciones estatales y del propio contrato social, en vez del objeto de un ministerio aislado cuyo único enfoque es un sector industrial entendido de manera restringida.

La rectoría del Estado no significa que este sea el único agente decisor. Por el contrario, el planteamiento de Estado Desarrollador incorpora la búsqueda de acuerdo y colaboración con empresarios nacionales. Una parte de esa colaboración está dirigida a la potenciación de la inversión nacional, con el fin de establecer un control propio del tejido productivo. En consecuencia, aunque a veces sea necesario atraer inversión extranjera, se le imponen exigencias y restricciones, la materialización de mayores reticencias hacia este tipo de inversión. En la medida en que lo anterior se da en un contexto de transformación productiva, se da la construcción de una nueva élite social, fundamentada en los nuevos sectores impulsados, que muchas veces desplaza a la antigua élite, centrada en sectores tradicionales, como el agropecuario. Esto responde a experiencias históricas concretas. Desde una visión más amplia y actual, el sector agropecuario puede ofrecer oportunidades modernas y de desarrollo perfectamente acordes a los planteamientos analizados para la industria.

La política industrial se basa en la creación de incentivos y de influencia indirecta. Una de las vías para hacerlo es la del control del sistema financiero. Se establece un control sobre la banca, de marcado carácter nacional, y se redirige el crédito hacia los sectores seleccionados. La asignación del crédito se puede ejecutar, de manera más eficiente, por instituciones crediticias que conozcan en detalle el sector en cuestión. Por ello, es usual que se potencie la creación de instituciones de crédito especializadas en cada uno de los sectores: agrícola, industrial, comercial, etc. La búsqueda del cumplimiento de políticas públicas a través de la asignación crediticia permite considerarlos dentro de los policy banks. La canalización del crédito se convierte en el objetivo principal, lo que se complementa con una política monetaria laxa enfocada al crecimiento, que puede generar presiones inflacionarias.

El tipo de cambio puede ser manipulado para desincentivar las importaciones y el consumo interno y fomentar las exportaciones. Las devaluaciones competitivas no han de entenderse como una herramienta de largo plazo, sino como una táctica para evitar efectos perjudiciales sobre el sector exportador de movimientos coyunturales. De manera más directa, se emplean aranceles, cuotas y barreras no arancelarias para proteger los sectores seleccionados. Lo anterior es perfectamente compatible con, por ejemplo, reducir agresivamente los aranceles sobre insumos necesarios cuya producción no se pretende impulsar nacionalmente. Además, se ofrecen estímulos a las exportaciones que pueden facilitar a las empresas, en un primer momento, ser competitivas en un entorno internacional. Estas ayudas son retiradas paulatinamente para inducir una adaptación progresiva a la competencia internacional.

Se asume una política comercial de índole mercantilista, por la cual los países terminan logrando una balanza comercial superavitaria. La competitividad internacional es el objetivo en oposición a, por ejemplo, la competencia nacional. Con base en este planteamiento se puede optar por una política de cartelización que privilegie la búsqueda de competitividad internacional sobre una bajada de precios en el mercado interno que beneficiara al consumo. Esta búsqueda de ganadores puede derivar en la creación de monopolios fuertes que pretenden alcanzar la eficiencia a nivel internacional. Lo anterior no está exento de riesgos. La creación de incentivos mediante monopolios en el mercado interno genera beneficios extraordinarios en perjuicio del consumidor. Sin embargo, estos incentivos se emplean como moneda de cambio junto con exigencias en materia de desarrollo productivo y de valor agregado nacional.

El gasto público se enfoca en todos aquellos rubros que inciden en la transformación productiva, en vez de en mejorar el bienestar presente. En esta línea, se potencia la inversión pública frente al gasto corriente. Se hacen grandes inversiones en infraestructura, en función de las necesidades de los sectores productivos prioritarios. Aunque tradicionalmente se considere el gasto educativo dentro del gasto corriente, por cuestiones prácticas, es indiscutible que tiene un carácter de inversión, en la medida en que promueve la acumulación de capital humano. Así, la política educativa es crucial para cualquier proyecto de transformación productiva.

Este tipo de política pública exige una alta coordinación. Se realiza a partir de una planeación nacional que pretende coordinar las acciones de diferentes instituciones públicas y actores privados. Se establecen metas que, no obstante, son sujetas a modificaciones para una adecuada adaptación a cambios en el entorno o en la ejecución de los anteriores. Este tipo de intervención coordinada exige la creación de una burocracia eficaz, meritocrática y comprometida con el proyecto nacional.

La discusión de los trabajos contenidos en la presente obra no ha permitido establecer una clara línea de influencia ideológica que pudiera catalogarse como una escuela del Estado Desarrollador. En efecto, hay influencias y precursores, pero estos son múltiples y responden a diferentes tradiciones filosóficas: confucianismo, mercantilismo, Hamilton, List, Chang… Se puede destacar el carácter pragmático del planteamiento de Estado Desarrollador y su oposición a cualquier cuerpo ideológico cerrado, entre los que podríamos considerar muchas influencias ideológicas, pero que durante las últimas décadas ha sido protagonizado, por influencia, por las políticas neoliberales.

En el acercamiento a un esquema que incorpora la importancia de un Estado rector con la colaboración con el sector privado, el camino es distinto dependiendo de si hay que construir un Estado fuerte o intensificar un sector privado, en función de las condiciones iniciales de cada país. En otras palabras, pese a los elementos comunes, el modelo de Estado Desarrollador no se concibe como una agenda específica con etapas definidas. Como debiera resultar evidente, el origen, que se puede intuir diferenciado, y el destino, dependiente de cada proyecto, marcan cada camino.

Dependiendo del momento histórico en que cada uno de los ejemplos estudiados aplicaron, el modelo de Estado Desarrollador, las etapas posteriores fueron distintas. Varios países se abrieron bajo la órbita de Estados Unidos, lo que marcó una agenda concreta en materia de liberalización, bajo esta exigencia externa. Es muy posible que nos encontremos ante el ocaso de dicha influencia. Esto puede significar una oportunidad para el propio modelo de Estado Desarrollador, puesto que este desapareció en Occidente bajo las exigencias realizadas por el liderazgo neoliberal. Esta presión de apertura, que alimentó, entre otras, la propia crisis asiática de 1997, fue ejercida a través de muchos canales, por ejemplo de los organismos multilaterales. Como se explica en la obra, algunos países pudieron mantener el modelo, o parte del mismo, reduciendo la capacidad de influencia de dichos organismos.

Lo anterior puede explicar que durante las últimas décadas se haya observado una desaparición parcial del modelo de Estado Desarrollador, puesto que los modelos de apertura han estado influenciados por un planteamiento neoliberal de desmantelamiento de Estado. Algunos países con poder y autonomía suficiente como para enfrentarse a las exigencias de organismos multilaterales han planteado modelos de crecimiento propios, como es el caso de China. Aunque se ha analizado particularmente el modelo de Estado Desarrollador durante procesos de alcance o catching up (Chang, 2003), en la actualidad el caso chino podría ser el reflejo de otras evoluciones institucionales. Al día de hoy, no se puede generalizar que el Estado Desarrollador desaparezca después de alcanzado cierto nivel de desarrollo o que la liberalización económica conlleve irremediablemente una liberalización política.

Se puede establecer un gran número de diferencias entre los casos analizados si nos fijamos en medidas concretas. Algunos países excluyeron totalmente a la inversión extranjera, mientras que otros convivieron con ella, aunque le impusieron condiciones y límites. Por ejemplo, en Japón, Corea y Finlandia quedó prácticamente excluida. Por el contrario, China se abrió, pero estableciendo muchas condiciones a las inversiones. Vietnam ha incorporado la inversión extranjera en las Zonas Económicas Especiales, imitando el modelo chino. Las Zonas Económicas Especiales son una solución interesante para construir regímenes diferenciados dentro de un mismo país, bien sea para ofrecer entornos legales favorables a cierto sector, a la inversión extranjera, o para considerar un cambio institucional interno o propiciar un mayor equilibrio regional interno.

Algunos países contaron con agencias piloto que coordinaban el plan de industrialización, como el Ministerio de Comercio Internacional e Industria en Japón o la Junta de Planificación Económica en Corea. En otros, como Vietnam, no se desarrolló el modelo bajo la coordinación de una agencia de dichas características, si bien Vietnam la crearía más adelante. En algunos países se confiaría en grandes campeones nacionales, mientras que en otros se optarían por un mayor número de empresas de menor tamaño. En ese sentido, es difícil un modelo que especifique la caracterización de la industrialización a impulsar en ese nivel de detalle.

En relación con la política social también hay grandes diferencias. Algunos de los ejemplos considerados se desarrollaron sin un sistema de seguridad social o sanidad universal. La educación, sin embargo, se observa como un generador de oportunidades para las nuevas generaciones, además de cómo una herramienta para la creación de capital humano ya mencionada. Esta ha sido muy importante en países tan diferentes como Finlandia, Corea del Sur y Vietnam. En este último país, se observa un modelo mucho más basado en la equidad, que es muy interesante particularmente para México, debido al gran problema de desigualdad que sufre, como tantos otros países latinoamericanos. En relación con los desequilibrios regionales, estos cobran mayor importancia dependiendo de la propia estructura geopolítica del país. Lo que resulta evidente es que si ni siquiera un mercado único es capaz de ofrecer una convergencia regional dentro del país, ésta definitivamente no se va a dar a nivel internacional gracias al comercio.

El caso de Alemania, que explica José Romero, es ilustrativo, Alemania, tras su unificación en 1871, logró en cuarenta años igualar el tamaño de la economía británica, avanzando además superioridad tecnológica. Esto le permitió a Alemania desafiar al mundo en 1914. El modelo seguido por Alemania fue el llamado capitalismo organizado y en él se revelaron de manera espontánea los principales elementos que produjeron el milagro alemán y que más adelante serían adoptados, de forma deliberada, por Japón a principios de su industrialización.

José Romero argumenta en el capítulo sobre Alemania que el modelo de industrialización de Asia del Este, conocido como modelo asiático tuvo sus orígenes en el llamado modelo de capitalismo organizado alemán del último tercio del siglo XIX. Sus estadistas lograron transformar en pocos años a un grupo de reinos, ducados y ciudades pobres, militarmente ocupados por potencias extranjeras, en un imperio capaz de rivalizar económica y militarmente con Gran Bretaña.

En el capítulo se explica cómo este grupo heterogéneo logró unirse para formar un imperio liderado por Prusia, llegando a retar en 1914 a las principales potencias mundiales de la época e ilustrando la necesidad de un Estado fuerte para lograr el despegue económico. También muestra el nivel de atraso, pobreza y emigración que azotaba esta región durante la primera mitad del siglo XIX, época en que el desarrollo de Gran Bretaña y Estados Unidos era notablemente superior. A pesar de ello, con una dirección adecuada por parte del Estado, Alemania pudo convertirse en una gran potencia económica. Plantea dos requisitos que son indispensables para que el Estado pueda lograr un desarrollo exitoso: el nacionalismo, que hace posible que la población esté dispuesta a soportar sacrificios presentes para lograr un mayor bienestar para las generaciones futuras y la grandeza de la nación; y la segunda, la existencia de burocracia eficiente y comprometida con el proyecto nacional. Estos dos elementos son condiciones necesarias para que un Estado pueda planificar eficientemente su desarrollo.

En materia económica se discute la génesis y la utilización de los principales instrumentos de política económica utilizados por Alemania y que fueron seguidos por otros países: la política comercial, el sistema financiero, la formación de campeones industriales nacionales y la adopción de una política mercantilista. La política comercial en Alemania empieza con la formación de una unión aduanera que contribuyó a la integración alemana, al desarrollo de los ferrocarriles, a la formación de una unión monetaria y a la constitución de un banco central en 1876. Esta unión también sirvió para integrar económicamente a la mayor parte de los Estados alemanes y protegerlos de la competencia extranjera, principalmente de productos de Gran Bretaña. Posteriormente, esta unión sirvió como marco institucional para aplicar una política comercial integral de tipo mercantilista, tendiente a fortalecer la industria y la agricultura alemanas. El segundo elemento que se planteo fue el desarrollo de una banca universal que, en ausencia de un mercado accionario, sirvió para canalizar recursos a los sectores estratégicos que el imperio quería desarrollar. El desarrollo de este tipo de bancos fue tan importante que se convirtieron en las principales compañías alemanas, con intereses en muchas empresas industriales, favoreciendo así la formación de carteles con integración vertical y horizontal. El tercer elemento es el papel de los propios carteles en el desarrollo industrial alemán. Estos conglomerados surgieron, primero, como forma de defensa ante las crisis, evitando así una guerra de precios que hubiera sido muy costosa socialmente por el capital físico instalado, que se hubiera destruido; pero, más adelante, este sistema de concentración también fue utilizado en épocas de prosperidad, como forma de llevar a cabo grandes procesos de inversión, como la siderurgia a gran escala, y para aventurarse en nuevos campos como la electricidad y la industria química; todo ello con el apoyo de la banca, que también era accionista de estos conglomerados y formaba parte del consejo de administración de los mismos. El cuarto elemento que se discute es la puesta en marcha de una política mercantilista, la cual fue central para poder alcanzar esos logros tan espectaculares. Sin embargo, esta política no se implementó de manera decidida sino hasta la formación de la unión y como respuesta a la larga depresión de 1870. Es a partir de este año que podemos hablar del primer milagro económico alemán; la producción industrial se multiplicó por cinco entre 1871 y 1915. Finalmente, se concluye y se mencionan algunas aportaciones del modelo de capitalismo administrado que están presentes y sirvieron de base para las estrategias de otros países.

El segundo caso analizado en el libro es el de Japón, que aborda Francisco Suárez-Dávila. El autor explica cómo, ya en la década de 1930, ante la crisis económica mundial, el país vivió las negativas consecuencias procíclicas de una política contractiva que agravó la situación. Frente a lo anterior, se produjo un primer ejercicio de políticas contracíclicas tan pronto como en 1932. De 1936 a finalizar la Segunda Guerra Mundial, se potenciaría un Estado desarrollista de corte militarista. Una vez finalizado el conflicto, bajo la administración militar de Estados Unidos, se iniciaron políticas de reconstrucción y estabilización.

Durante la década de 1950 se impulsó una nueva fase desarrollista que promovió un crecimiento espectacular. En 1949 se creó el afamado MITI, reconversión de una institución anterior que coordinaba los esfuerzos bélicos; ahora el esfuerzo común sería la industrialización. Los objetivos de crecimiento establecidos fueron ampliamente superados, lo que justificaría la continuación del modelo, que fue transformando paulatinamente una economía que sufría de un marcado componente dual.

Durante la década de 1960 se promovió un plan que, mediante la promoción de la infraestructura, transformación productiva, promoción de exportaciones y avance tecnológico pretendía duplicar el ingreso nacional en una década, objetivo que, otra vez, fue ampliamente superado. El país buscaría mercados a nivel internacional al mismo tiempo que regulaba cuidadosamente la entrada de inversión extranjera.

El planteamiento desarrollista japonés finaliza en 1971. La década de 1970 conllevaría presiones inflacionarias en relación con las crisis del petróleo. Durante la década de 1980 se sucederían una primera parte de bajo crecimiento económico, con el estallido de una burbuja inmobiliaria y un estancamiento que duraría hasta 2004.

El autor recuerda la evolución de la discusión económica que ha motivado el caso japonés. En un primer momento, a inicios de la década de 1990, se interpreta el modelo de crecimiento japonés como un modelo liberal, amigable con el mercado, y se destacan elementos como la estabilidad macroeconómica y la creación de capital humano. En una segunda etapa, a finales de la década de 1990, se subrayan los elementos nocivos de un modelo reinterpretado como intervencionista y creador de ineficiencias que estallan en la crisis asiática de 1997. En una tercera etapa, se otorga el mérito debido a la política industrial en el crecimiento asiático y se pone la apertura financiera en el foco de la causalidad de la crisis.

Se discute en el texto el origen filosófico del planteamiento del Estado Desarrollador en Japón, apuntando a la escuela histórica alemana y la obra de Friedrich List, además de a una escuela de pensamiento propia. El caso del Estado Desarrollador japonés ha motivado la discusión del modelo a través de, entre otros, la obra de Johnson (1982), anteriormente mencionada.

El caso japonés presenta muchas de las características atribuibles a un Estado Desarrollador: planeación de un Estado rector a largo plazo; colaboración con el sector privado; nacionalismo económico; crecimiento económico como motivación central; un poderoso tejido institucional; una burocracia meritocrática; el control del sistema financiero; etc. La política industrial fue coordinada por el MITI, que se alza como un superministerio y que pone de relieve la necesidad de coordinación entre las diferentes políticas. Como consecuencia del modelo