El daño emocional que provocó la masacre de 2011 en el norte de Coahuila ya no se puede reparar, pero el Estado mexicano debe cumplir al menos con la reparación del daño en el aspecto material, reclaman las familias afectadas por la tragedia.
Aseguran que en 2019 la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario Alejandro Encinas y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se comprometieron a cumplir esa obligación y no lo han hecho.
“No nos contestan. Hemos mandado escritos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) y ellos le avientan el paquete a la comisión federal, porque ellos tienen que repararlo, pero Alejandro Encinas no contesta”, asegura Silvia Garza en entrevista realizada en la ciudad de Eagle Pass.
Ella perdió a 19 familiares en los hechos violentos que comenzaron en Allende, Piedras Negras, y la región de Cinco Manantiales a partir del 18 de marzo de 2011. Masacre perpetrada por unos 200 sicarios de Los Zetas.
“Tengo mis familiares desaparecidos, pero según las investigaciones posiblemente ya están hechos cenizas. A mí, sinceramente,
