Creado por el impulso de los colectivos de familiares de personas desaparecidas ante la descomunal cifra de al menos 52 mil cuerpos sin identificar bajo el resguardo de las fiscalías del país, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) es visto como proyecto “sin planeación estratégica”, ineficaz para concretar convenios de colaboración con fiscalías y carente de transparencia y de rendición de cuentas, entre otras deficiencias, según se desprende de una reciente auditoría.
A casi cuatro años de su creación, a partir de un acuerdo de marzo de 2019, y a más de 15 meses de establecido su Grupo Coordinador (GC), la evaluación del MEIF realizada por la consultora Investigación en Salud y Demografía (Insad) encendió las alarmas sobre el impacto de mantener marginadas a las familias de las víctimas en un mecanismo pensado para atender la crisis forense en la que se encuentra el país, derivada de la violencia imparable.
Este semanario tuvo acceso a la evaluación que el Insad le hizo al MEIF, auditoría contratada por la oficina en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organismo mediante el cual la Secretaría de Gobernación contrató a siete expertos (cuatro en materia forense, uno en derecho, uno en cooperación internacional y otro en
