Desde su tribuna en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador desconoció la facultad constitucional del Ministerio Público (MP) federal para realizar investigaciones en el caso Ayotzinapa y la transfirió a su gobierno a través del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Los tres años de investigación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), pertenciente a la Fiscalía General de la República (FGR), reflejados en 70 tomos, fueron desacreditados públicamente por el presidente al señalar que, para su gobierno, la judicialización del caso se concretará al trabajo realizado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), presidida por Encinas.
El Ejecutivo dio a conocer esta atribución de su gobierno luego de que este semanario publicara en su edición anterior (Proceso 2395) que la UEILCA fue ignorada y en consecuencia 21 de las 83 órdenes de aprehensión obtenidas en agosto pasado contra militares y exfuncionarios de Guerrero fueron canceladas a petición de un MP que no tenía facultades para hacerlo.
De esa forma, sólo cuatro elementos castrenses quedaron formalmente presos por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, en los que fueron desaparecidos los 43 normalistas. Los detenidos son los señalados por el subsecretario Encinas.
El pasado 26 de
