La detención de la jueza Angélica Sánchez es una muestra del ataque a la independencia judicial que el Ejecutivo local, encabezado por el gobernador Cuitláhuac García, realiza contra el Poder Judicial de Veracruz, acción que ha alcanzado ya al Poder Judicial de la Federación.
Al respecto, el actuar desaseado de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) ha sido observado y criticado por la ONU y el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), cuya titular de la Unidad de Litigio Estratégico, Jaqueline Sáenz Andujo, en entrevista con Proceso, considera que en esa entidad existe una asimetría brutal, y advierte que la jueza Sánchez está en una situación de gran vulnerabilidad provocada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
El caso de la jueza Sánchez Hernández se originó por una resolución que ella dictó en la que ordenó liberar a Itiel “N”, El Compa Playa, acusado, entre otros delitos, del homicidio de Juan Carlos Molina, diputado del PRI, cometido en 2019.
La decisión de la jueza derivó de un amparo tramitado por Itiel “N”, en el que otro juzgador, éste del fuero federal, ordenó reponer la audiencia de vinculación a proceso porque la carpeta de investigación que armó la Fiscalía General de Justicia de Veracruz contenía diversas irregularidades.
En cumplimiento de ese amparo, la jueza Sánchez Hernández rechazó vincular a proceso y ordenó la libertad inmediata, pero antes de que la libertad de Itiel
