El cuidado que se tuvo en la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) para garantizar una investigación exhaustiva e independiente, bajo la conducción de un titular que contara con la confianza de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, se echó por la borda en un mes, ante presiones por “sincronizar los tiempos judiciales con los tiempos políticos”.
Esa es la apreciación de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), creado por la Comisión interamericana de Derechos Humanos para esclarecer el caso Ayotzinapa, al fijar su posicionamiento ante la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo y su equipo, ante una intervención desaseada que prendió focos rojos en el organismo regional, que el día del aniversario de la desaparición de los estudiantes manifestó su “preocupación por el desplazamiento” de la UEILCA “en sus funciones ministeriales”.
En el informe, los expertos independientes alertaron que la descomposición en la UEILCA coincidió con la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad y (Covaj), el 18 de agosto pasado, desconocido hasta ese momento por el GIEI. Dicho documento incluye como novedad más de 400 capturas de pantalla de supuestas conversaciones por WhatsApp de presuntos perpetradores de la ejecución y desaparición de los estudiantes.
