Democratizar desde la sociedad civil

Por Armando Rendón Corona

Si bien la democracia es la forma de gobierno con mayor presencia en el mundo moderno, en la actualidad se le ha demeritado debido a las dificultades para participar en ella, y por propiciar el aumento de la desigualdad social. Sin embargo, en Democratizar desde la sociedad civil, Armando Rendón reivindica la importancia de la participación ciudadana en la conformación de un gobierno justo y satisfactorio para toda la comunidad. Asimismo, por medio de ejemplos, análisis y reflexiones, resalta lo valioso de las movilizaciones de masas, pues éstas hacen énfasis en lo que necesita cambiarse para mejorar la calidad de vida.

• Idioma: Español
• Editorial: Fondo de Cultura Económica
• Fecha de lanzamiento: 14 ene 2025
• ISBN: 9786071685742

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AGRADECIMIENTOS

En la realización de este libro conté con la laboriosa colaboración de Brayan Misael Quintana Garfias, joven sociólogo de la misma universidad, comprometido con las causas que defiende este libro.

INTRODUCCIÓN

Quizás pueda ser mejor comprendida la intención de este libro confrontándola con la concepción radicalmente antipopular del fascismo, que Emilio Gentile resumió de esta manera: La concepción fascista acerca de las masas excluía a priori la posibilidad de que las masas pudieran llegar a gobernarse por sí solas y a conquistar una conciencia autorreflexiva y autónoma. Consideraba a las masas incapaces de meditación y de pensamiento y dispuestas a todos los lances y entusiasmos, materia dúctil bajo la voluntad de poder de lo irracional, maleable por una fe, un lema o un símbolo que se graba en ellas.¹

Nuestro enfoque es lo opuesto: sostenemos que las comunidades en que se desagrega el concepto de sociedad pueden ser autogobernadas; que desarrollan la conciencia de sí, proceden racionalmente en la vía de transformar el orden político basado en sistemas de dominación-explotación, y son capaces de trascender la enajenación, las ideologías de sumisión y la irracionalidad hábilmente cultivada por las clases dominantes, así como las estrategias desorganizadoras. Las clases dominadas no son una masa inorgánica, disponen de recursos de autodefensa, pero hay que admitir que el gran reto para su emancipación radica en el constante redescubrimiento de sus capacidades para asociarse y autoorganizarse, condición sin la cual la emancipación no es posible.

En torno a la sociedad civil hay numerosos enfoques y posiciones ideológicas. Por nuestra parte, situamos el problema en el campo de la Ciencia Política; en particular, estudiamos la relación democrática entre sus componentes, tanto entre las personas como entre los agrupamientos, y el efecto democratizador sobre las demás dimensiones políticas y económicas. Relaciones democráticas son las que se producen entre iguales, sin subordinaciones ni discriminaciones, a la inversa de las que surgen en las relaciones laborales o en las jerarquías burocráticas. Si la democracia es posible en las relaciones interpersonales y colectivas, éstas pueden modificar los vínculos de mando y obediencia en otras esferas. Entonces, democracia social es un tipo de relación sociopolítica en la vida social, en particular en el espacio de la sociedad civil.

Diversas disciplinas concurren para explicar la naturaleza de la acción ciudadana, entre ellas la sociología política de la diversidad, la estructuración de los grupos, las percepciones de la vida en común, la satisfacción de necesidades, la movilización y el orden social. Esas y otras dimensiones de la sociedad civil estudiadas las seleccionamos por su contribución relevante a la construcción de relaciones sociales alternativas a las de dominación.

Subyace en nuestra indagación un trasfondo de críticas sistemáticas a la sociedad capitalista, al Estado reproductor de desigualdades, a las culturas clasistas y demás, pero solamente usamos sus resultados.

La sociedad civil comprende una constelación de elementos, pero en este libro sólo abordamos algunos aspectos de carácter político (nación, comunidad, ciudadanía, sociedad civil, espacio público, interés público). Empleamos la noción de sociedad civil que delimita a aquella parte de los ciudadanos que participan en los asuntos públicos. Ciudadanía, asuntos públicos y nación son conceptos políticos esenciales a la existencia del Estado; con todo, no es éste el objeto de estudio, sino la dimensión política de la sociedad civil, aquella parte de la ciudadanía activa en el espacio público, diferenciada de la sociedad como totalidad demográfica, territorial, económica, étnica y otras características que no tienen como cometido explícito intervenir en los asuntos comunes.

La noción de sociedad civil contiene la contradicción entre clases sociales, aspecto complejo que haría diluir lo propio de sociedad civil, pues en todas las clases se expresan ciudadanos en la vida pública, pero lo público no significa lo mismo para las clases dominantes que para las clases dominadas; las primeras se adscriben al orden, a la conservación del sistema social, en tanto que, para las segundas, lo público está referido a las condiciones de existencia o de su reproducción. Los límites no son tan rígidos; por ejemplo, la sociedad civil protege un bien general que beneficia a los miembros de las clases dominantes en su condición humana, pero rara vez se verá a la inversa. Por definición, el orden social clasista no es el reino de la igualdad y la libertad, aunque contenga parcialmente ambas.

Damos por supuesto que la sociedad civil se identifica con el interés social mayoritario. De igual modo, lo público es lo que interesa a todos, lo común es beneficioso para la diversidad y pluralidad de intereses participantes en la sociedad civil; en consecuencia, lo público es lo opuesto a las exclusiones, minusvalías, discriminaciones y sometimientos que impone el sistema social.

En este libro nos interesa discutir sobre diferentes significados de la ciudadanía, la sociedad civil y la nación, nociones de gran importancia en una época de capitalismo globalizado, de elevadísima concentración del poder y la riqueza. Nos interesa explorar las posibilidades contrahegemónicas que contienen la práctica de la democracia en la sociedad para trascender una historia de desigualdades, especialmente en América Latina y el Caribe.

Consideramos a la ciudadanía como depositaria de esa posibilidad, entendiendo la ciudadanía no sólo formalmente —como portadora de derechos—, sino como conciencia y organización de las clases y grupos sociales excluidos del Estado y de la nación. Subyacen en la argumentación las experiencias de la historia reciente de los movimientos sociales, frentes populares, programas alternativos, experiencias de organización popular para la gestión pública y cambios de gobiernos.

Nos interesa indagar las condiciones en que pueden cobrar unidad el conjunto de elementos que forman lo popular-nacional, un plano de identidad de las mayorías dispersas. Desde la perspectiva de la transformación del sistema social, es importante el estudio de los grandes movimientos, los movimientos de movimientos, las organizaciones de organizaciones, los liderazgos unificadores, los proyectos de nación: todo eso que materializa la unidad popular, no de masas indiferenciadas, sino protagonizado por ciudadanos libres e iguales recreando el espíritu público.

La exposición está ordenada en campos problemáticos, cada uno con sus propias contradicciones y disyuntivas, con sus debates en torno a conceptos como los de mayoría social, lo popular, el interés común, que cobran sentido en la perspectiva de la superación del orden social dominante.

I. CIUDADANÍA NACIONAL-POPULAR

INTRODUCCIÓN

En este capítulo nos interesa discutir qué significados tienen la ciudadanía, la comunidad y la nación en una época de capitalismo globalizado, pensando en los grandes problemas acumulados históricamente en Latinoamérica y el Caribe. Planteamos las posibilidades contrahegemónicas de la democracia practicada por la sociedad, el mejor medio para contrarrestar la concentración del poder y la riqueza. Consideramos a la ciudadanía como depositaria de esa posibilidad, entendiendo la ciudadanía no sólo formalmente como portadora de derechos, sino como conciencia y organización de las clases y grupos sociales excluidos del Estado y de la nación. Subyacen en la argumentación experiencias de la historia reciente de los movimientos sociales, de organización popular para la gestión pública, los frentes populares, programas alternativos y cambios de gobierno.

Nos interesa explorar las condiciones en que pueden unificarse el conjunto de elementos que forman lo popular-nacional, un plano de identidad de las mayorías dispersas. Sabemos la importancia que tiene para la transformación el estudio de los grandes movimientos, los movimientos de movimientos, las organizaciones de organizaciones, los liderazgos unificadores, los proyectos de nación: todo esto integra la materialidad de la unidad popular.

La exposición está ordenada en campos problemáticos, cada uno con sus contradicciones y proposiciones en torno a las vías de superación del orden social dominante. No entramos propiamente al análisis de clases, pero siempre están presentes. Pensamos en las clases trabajadoras como un conjunto abstracto, como sustancia de la sociedad civil, al mismo tiempo que de la nación; con ese significado empleamos los conceptos de lo popular, de mayoría social, lo que es común. Enfocamos el reverso de lo que los teóricos elitistas ellamaron masa inorgánica; por el contrario, nos referimos al pueblo en l sentido de múltiples vidas colectivas, desarrolladas en comunidades y asociaciones. Colectividades de ciudadanos activos en el espacio público convergiendo, articulándose en el interés común.

Comenzamos la exposición con un breve retrato del ideal de democracia directa a partir del cual se han hecho toda suerte de elaboraciones; el aspecto más importante y a la vez más soslayado se refiere precisamente a esta noción. Al abordarla, nunca se agota la inspiración en la democracia directa nacida en la Grecia clásica, en sus atributos, como la igualdad de derechos de los ciudadanos, la participación en la toma de decisiones sobre asuntos públicos, la subordinación de las autoridades a la asamblea de ciudadanos, la libertad de opinión o los deberes del individuo hacia la comunidad, entre otros. Es esta cualidad directa la que nos interesa resaltar como valor esencial de la democracia al que no puede sustituir la democracia representativa, forma de la que nacen el poder separado del Estado respecto de la sociedad, así como la dificultad para controlarlo. Sin participación directa de los ciudadanos, la democracia se derrumba, pierde el único medio de sujetar al gobierno de pocos. La democracia directa es fuerza de equilibrio en dos sentidos: contrapesa a la democracia representativa y opone su poder a la fuerza de los poderes oligárquicos.

El bloqueo de la democracia hay que buscarlo en la influencia desproporcionada de los poderes económicos, en la concentración de privilegios y, su correlato, la exclusión forzada de los pobres. En nuestro tiempo, el empobrecimiento de la democracia está ligado a la estrategia neoliberal de desestructuración de la sociedad, de eliminación de las resistencias a las nuevas formas de acumulación.

La ciudadanía social comprende una variedad de derechos y libertades individuales y colectivos, entre ellos los relacionados con el trabajo, progresivamente abaratados o suprimidos. El neoliberalismo emprendió una ofensiva sistemática contra los medios de defensa del trabajo frente al capital: contra el sindicalismo impuso la individualización de las relaciones laborales y, así, consiguió desmantelar la negociación colectiva, socavando la estabilidad en el empleo, a la vez que redujo los costos de la seguridad; el despido se convirtió en un instrumento de coacción para obtener la sumisión de los trabajadores al capital, y muchas otras consecuencias de la desregulación. El neoliberalismo, que desplazó a los sindicatos como fuerza reguladora, pero también socializadora, en general corroe la solidaridad entre las personas, provoca un estado generalizado de incertidumbre y desintegra el vínculo moral que une a la sociedad.

La desestructuración del trabajo y de la sociedad es una condición para imponer el nuevo régimen de dominación política. Difícilmente se puede contender contra la pérdida de identidad colectiva y política. La nueva forma de dominación ha logrado, en buena medida, producir una sociedad inorgánica, atomizada, débil para resistir, pseudo ciudadanos sin identificación de clase, de nación o republicana.

Neoliberalismo significa desigualdad económica; la creciente pobreza destruye las condiciones indispensables a la ciudadanía. En las últimas décadas se ha producido una creciente polarización entre pobreza y riqueza, resultado de un proceso global de sobreacumulación y concentración de la riqueza poseída por las burguesías nacionales y, sobre todo, por la fracción internacional. En los países periféricos más de la mitad de la población se compone de excluidos, desprovistos de empleo permanente, así como de seguridad social. En esa masa de población subproletaria los más oprimidos y explotados son los grupos étnicos.¹

La fracción capitalista internacional, que controla la mayoría de la riqueza productiva e influye decisivamente tanto en las políticas públicas como en los procesos políticos, ha construido un entramado de intereses entre los gobernantes y los más ricos. El proceso de concentración de capital sólo en parte proviene de la economía real, puesto que en gran medida se sirve de mecanismos ilegítimos, entre ellos la especulación, la evasión fiscal, las prácticas monopólicas, el cabildeo, el lavado de dinero, la delincuencia, el despojo y, por encima de todo, la privatización de lo público. Para revertir esta distribución regresiva se tendría que separar el poder de la riqueza, reconstruir el poder político sobre bases de democracia social y, a partir de ahí, atacar las causas estructurales de la concentración y centralización del capital.

En la actual fase de acumulación de capital la riqueza se concentra en el 1% de la población; de ella, la oligarquía representa el 0.1%, mientras que, del lado opuesto, la pobreza abarca a cuatro quintas partes. Éstas son las condiciones materiales de la crisis mundial de ciudadanía, que es atacada desde dos frentes: la autosegregación de los ricos a un mundo aparte, y la autoexclusión de los ciudadanos de la vida política. La desigualdad es fuente de conflictividad, de violencia, corroe la unidad nacional. Son estas mismas condiciones las que elevan al primer plano las reivindicaciones de la mayoría popular, apremian la reinvención del interés común, de la ciudadanía como comunidad de ciudadanos, la búsqueda de espacios públicos para la defensa colectiva frente a la globalización capitalista, la acción colectiva mundial frente a problemas vitales que afectan a la humanidad en cuanto tal.

Recuperar lo público significa reconstruir la soberanía popular sobre la base de los ciudadanos, en su calidad de sujetos políticos del Estado, responsables de poner en práctica los derechos de ciudadanía (de la persona, sociales y genéricos) no sólo en la esfera público-estatal, sino también como poder determinante sobre la economía privada, por cuanto el interés público se identifica con el bienestar social y, por lo tanto, supone la equitativa distribución del ingreso y la riqueza, con la mira puesta en la reintegración de los excluidos a la vida económica socialmente orientada, y hace retroceder los privilegios. Tal recuperación no se podría lograr sin separar al Estado de la clase dominante.

Igualdad ciudadana y equidad distributiva son condiciones que facilitan el compromiso de la mayoría social en la realización de un proyecto de integración nacional, único asiento posible del Estado nacional. La democracia, en la esfera de la sociedad civil, dota al pueblo de la capacidad para imponer al Estado y al capitalismo salvaje sus fines económicos y sociales.

En esta etapa histórica dos posiciones se confrontan en torno a la cuestión nacional: obsolescencia o actualidad del Estado-nación. La identificación de la sociedad con el Estado-nación no es cosa del pasado, lo prueban, por ejemplo, los movimientos populares por la liberación nacional del colonialismo y del imperialismo. Por nuestra parte, conservamos la concepción que identifica al pueblo con la nación y a la nación con el Estado; asimismo, retomamos la definición de nación como comunidad de ciudadanos, nociones que resultan de una consciente construcción social.

La ciudadanía es otro campo de confrontación que incide en el diseño del régimen político: por un lado, la teoría liberal entiende la ciudadanía como un todo indiferenciado, entidad abstracta que defiende la igualdad formal de derechos; por otro lado, se maneja la tesis de la ciudadanía concreta, social, diferenciada por sus pertenencias de clase, étnico-culturales, religiosas y otras identidades. La primera advierte que los particularismos pueden llevar a la desintegración de la nación; la segunda objeta la pretensión de homogeneidad de la mayoría hegemónica. En realidad, en ambas se corre el riesgo de desintegración, de modo que se deben buscar explicaciones a la disociación en las relaciones de explotación y dominación de unas clases y grupos sobre otros; en cambio, la integración es auspiciada por la igualdad, la equidad, la inclusión de los intereses diversos en la comunidad. La forma política más coherente con la multiculturalidad es aquella democracia que asegure la pluralidad y el método de acuerdos y consensos. Esta democracia pluralista coincide con el Estado pluricultural o plurinacional, capaz de sintetizar la comunidad de intereses en la vida social y política.

En la sociedad moderna se distinguen tres esferas del orden social: la economía privada capitalista (el mercado), el Estado y la sociedad civil o esfera público-social, clasificación que requiere matizarse en el contexto de la globalización. Los Estados-nación periféricos, por cuanto se articulan a los poderes supranacionales, dejan de representar a la nación; los gobernantes se asocian con la clase dominante, convirtiendo el poder privado en poder público, y éste en poder privado. A su vez, la separación entre las clases se ha modificado, pues la pobreza generalizada disminuye las distancias entre las clases y subclases populares, razón por la que aparecen condiciones de identidad de la mayoría social con lo común, y de éste con la nación.

La ciudadanía no es la suma de átomos: está formada por colectividades de distintos tipos, por su condición social y cultural, asociaciones y organizaciones, étnicas y familiares. La sociedad civil comunitarista se opone a las barreras raciales construidas por el colonialismo, barreras intrínsecamente contrarias a la igualdad ciudadana. Contra las barreras discriminatorias se han levantado nuevas órdenes en varias constituciones latinoamericanas (Venezuela, Bolivia, Ecuador) en las que el Estado es definido como plurinacional e intercultural, el pueblo se constituye por las comunidades indígenas, de origen africano e interculturales. Son reconocidas sus culturas, lenguas, religiones, propiedades colectivas, prácticas económicas y sus derechos consuetudinarios. Forman parte del Estado nacional el autogobierno de las comunidades en sus espacios territoriales, junto con el derecho a definir sus prioridades. El multiculturalismo restablece el vínculo entre comunidad y etnicidad, supone el derecho al territorio dentro de la geografía nacional. En ese sentido, la comunidad es espacio público, ámbito de deliberación colectiva para llegar a acuerdos. En las colectividades los individuos se hacen ciudadanos interactuando con otros ciudadanos.

Las nociones de comunitarismo, multiculturalismo y pluralismo reivindican los principios de igualdad, iniciando por la política, que es indispensable para participar en la vida pública donde se combaten las condiciones de exclusión, explotación, degradación material y espiritual, motivaciones de la acción común.

La centralidad de poderes supranacionales, políticos y corporativos ha transformado los sistemas de dominación a escala planetaria: predominan las potencias capitalistas centrales, que se coaligan sin dejar de competir entre sí. Los términos soberanía, autonomía y autodeterminación se relativizan, los Estados de los países periféricos transitan de una dependencia a otra, resienten la pérdida del control sobre su territorio, sobre sus recursos, sobre sus decisiones. Las clases y fracciones dominantes de los países periféricos, al abandonar la defensa del Estado nacional, se asumen como representantes del sistema mundial de negocios.

Las clases populares no tienen otra opción que defender lo que les es propio, recuperando el Estado para sí, siempre y cuando sean capaces de construir alguna forma de unidad democrática.

La unidad nacional cobra un significado emancipatorio para numerosos movimientos sociales, organizaciones internacionales de la sociedad civil, pueblos, gobiernos y partidos. Es un hecho que los gobiernos populares han podido recuperar sus recursos naturales, planear su futuro, redistribuir los ingresos en función de las necesidades sociales de los más afectados, etc. Queda claro que es de interés nacional controlar la economía nacional, consensuar un proyecto de desarrollo, diseñar las instituciones integradoras del bloque social mayoritario en reemplazo del Estado oligárquico. También es evidente que este Estado no puede sobrevivir aislado en medio de la mundialización de las relaciones: puesto que depende de la solidaridad de los pueblos, no tiene más salida que insertarse en la corriente de la ciudadanía mundial, de la opinión pública y las teorizaciones altermundialistas de las organizaciones internacionalistas.

EVOCACIÓN DE LA DEMOCRACIA DIRECTA ATENIENSE

La democracia directa, experimentada en una etapa de la historia en algunas ciudades de la Grecia clásica, ha trascendido los siglos como ideal a seguir: se la ha tomado como referente para la confección de la democracia occidental que se reclama heredera de la democracia ateniense porque de ella retoma principios fundamentales. De aquella historia los modernos adoptan la separación de dos esferas de la vida social: lo político o público, donde participaba cada ciudadano, y la esfera de lo privado, en la cual cada uno era libre de vivir como le pareciera mientras obedeciera las leyes y no perjudicara a sus conciudadanos. El Estado moderno retoma el concepto de comunidad de ciudadanos, única fuente de legitimidad e instancia de decisión política y judicial.² El pensamiento liberal también recoge el concepto de polis, la sociedad política, gobernada por las leyes y no por los hombres, de donde evolucionó hacia la noción de Estado de derecho. En la polis (ciudad-Estado) los ciudadanos gozaban de igualdad jurídica y política, principio en que se basa la democracia liberal moderna.

Por un lado, el liberalismo afirma ciertos principios inherentes a la democracia, mientras relega lo esencial de la democracia directa, que considera impracticable en las grandes sociedades; la enclaustra en el ámbito de lo local o de lo comunitario, no extendida a la nación. La democracia griega era directa porque los miembros de la sociedad política participaban personalmente en la deliberación y en la decisión de los asuntos comunes; la libertad e igualdad ciudadanas permitían que cualquiera pudiera ser alternativamente gobernante y gobernado.³ Hoy en día siguen faltando esa ciudadanía participante y la supremacía de lo público.

En épocas antiguas, la monarquía de Atenas no era el gobierno de un solo hombre. Los jefes de los clanes eran los reyes, y el más poderoso entre ellos, del clan más numeroso y más rico, era el rey (basileus), una especie de gran sacerdote. Estos clanes poseían la riqueza.⁴ La asamblea de los jefes de clanes rigió durante los siglos VIII al VI, y en ese periodo aumentaron los poderes del rey, dando paso a la autocracia; el sistema jurídico y la guerra estaban en manos de la clase aristocrática, los aristoi, los mejores, en tanto la mayoría, aleccionada por siglos de obediencia, era el demos, el pueblo. El juego político se desarrollaba en torno a un consejo aristocrático, mientras que en las haciendas un hombre gobernaba de manera absoluta: era a la vez alcalde, jefe de policía, magistrado, legislador, recaudador de contribuciones, jefe militar, ministro de los dioses y senador. Por debajo estaba una masa más o menos indiferenciada, la del hombre común.⁵

La oligarquía fue hija de la aristocracia. Tanto en Esparta como en Atenas esa clase tuvo su origen en la conquista por los pueblos aqueo y dorio sobre pueblos antiguamente asentados en la península del Peloponeso; las etnias conquistadoras gozaban de totalidad de derechos, mientras los demás disponían de derechos restringidos o de ninguno; el primer grupo integraba las asambleas y ocupaba las magistraturas. Los conquistadores pasaron a ser la clase dominante.⁶

La organización de la polis se basaba en el parentesco. Una gran familia formaba un genos, y varios de ellos constituían la fratria (hermandad); tres o cuatro fratrias formaban una tribu. La noción de ciudadanía existía en el marco de las tribus. La asamblea y el consejo aristocráticos provienen de una historia larga que antecede al siglo V. Según George Forrest, [h]ubo grandes diferencias entre los diversos Estados en cuanto al número de miembros y las competencias respectivas del consejo y la asamblea, pero el modelo fue constante, e hizo su primera aparición en Esparta; con todo, no permitía la libertad del ciudadano. En cambio, en Atenas, la ciudadanía conquistó derechos reconocidos y creó la noción de persona, el ser humano autónomo, libre para desarrollar sus propias potencialidades. Los ciudadanos, los iguales, eran los conquistadores y sus descendientes.⁷

El abuso de poder de los nobles originó un periodo de luchas de clases durante el que la justicia fue el grito de guerra; el pueblo, a la vez que reclamaba leyes escritas, demandaba que cada ciudadano tomara parte activa en la administración de la justicia y asumiera funciones públicas.⁸ En el siglo VIII comienza la expansión colonizadora y comercial en el mar Mediterráneo hasta las costas del mar Negro, movimiento iniciado por los oligarcas, pero que luego fue seguido por gente común. Aparece entonces un grupo que ha acumulado riqueza, pero que carece de linaje, y encabeza la exigencia por derechos para todos los excluidos, en muchas ocasiones librando las guerras civiles ocurridas durante los siglos VII al VI; este proceso atraviesa la transformación de las oligarquías en plutocracias (gobierno de los ricos) y después en timocracias (gobierno de tipo democrático de aquellos que poseen una renta considerable).

La democracia aparece en un momento de la historia griega, se prolonga entre los siglos V y IV; en algunas ciudades-Estado, se extinguía y reaparecía, lo que inspiró a Polibio (siglo II a.n.e.) para pensar en ciclos la sucesión de formas políticas: de la forma gentilicia a la oligárquica, tiránica y democrática. En muchas ciudades surgieron caudillos poderosos provenientes del grupo de los ricos a los que se llamó tiranos, designando el dominio del jefe de una familia noble sostenida por el común; Solón⁹ prevenía contra ellos porque podían llevar al pueblo al abismo con sus intereses furiosos y ciegos, no administraban los bienes del Estado y sus injusticias entrañaban la disolución de las formas de vida comunitaria, que con el tiempo degeneraron en autocracias (gobierno de uno); éstas, a su vez, fueron combatidas y derribadas para dar lugar a nuevas oligarquías (gobierno de pocos) o para construir la democracia. Las predicciones de Solón se materializaron bajo la tiranía de Pisístrato, quien asumió el poder absoluto; el reformador culpaba de ello al pueblo por permitirlo y de caer en una sumisión vergonzosa.¹⁰

Las instituciones aristocráticas que oprimían a los humildes se volvieron estrechas con la formación de una aristocracia del dinero que reclamaba el desplazamiento de la aristocracia de nacimiento fincada en la propiedad de la tierra. En los siglos V y IV la presión asumió una forma económica distributiva: abolición de las deudas y distribución de la tierra, abolición de los privilegios políticos formales. La forma de gobierno que resultó de esa lucha fue la llamada democracia, en oposición al gobierno de los pocos u oligarquía. La ciudadanía cubrió a todos los miembros de la polis pertenecientes a la etnia dominante, a los nuevos ricos, los asalariados, los campesinos pobres, los marinos, los artesanos, estando las clases unidas sólo en la lucha contra los oligarcas.¹¹ Originalmente, el demos significaba un grupo de tribus asentado en una polis; con la consolidación de la democracia, el demos (ciudadanos) abarcó al conjunto de los atenienses pertenecientes a la polis. El demos define no a una clase, sino a un conglomerado social compuesto de grupos diversos económica y socialmente.

No obstante, la ciudadanía no era universal: excluía a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos, que participaban, sin embargo, a títulos diversos, en la vida social.¹² En realidad la ciudadanía era muy restringida. A mediados del siglo V, Atenas contaría con 480 mil habitantes, la mayor parte esclavos y extranjeros domiciliados (metecos). De cada 14 habitantes, dos eran metecos. Desde el punto de vista étnico, los ciudadanos serían 120 mil, pero, descontando a los niños y a las mujeres, quedarían 30 mil, o sea, por cada 14 individuos, aproximadamente, uno poseía el privilegio de ocuparse de los asuntos públicos. En el año 431 había alrededor de 42 000 ciudadanos; la plaza (ágora) no podría contener tal número.¹³ De hecho, sólo una fracción del pueblo se presentaba a la asamblea: asistían dos o tres mil ciudadanos, cuando para ciertas resoluciones el quórum requerido era de seis mil votos.

La democracia organizada en ciudades-Estado respondía a una sociedad compleja, y a la formación de coaliciones de Estados como llegaron a serlo las grandes confederaciones espartana, ateniense y macedonia. En su máxima expresión, la coalición se convirtió en imperio, en Roma. La expansión creciente de los territorios y las poblaciones imponía un nuevo tipo de relación entre los individuos, y la ciudadanía le fue reconocida a la gran mayoría de los hombres libres, definida en términos de estatus jurídico.

La extensión de la ciudadanía no llevó a que la inmensa mayoría de los ciudadanos tomara parte en la vida pública: sólo una minoría de ellos poseía las características para ser elegible a las magistraturas, mientras la masa de los ciudadanos estaba excluida de todos los cargos públicos. La dirección de los asuntos públicos era el monopolio de los ciudadanos ricos, en parte la aristocracia de nacimiento, hereditaria, y, en parte, abierta a la participación política de aquellos que lograban el éxito económico y social.¹⁴

En los siglos V y IV la ciudad-Estado ateniense, que era una entidad soberana definida en términos de unidad geográfica, no suprimió la aristocracia hereditaria, pero sí la estructura de gobierno de los grupos emparentados. En el siglo V se produjo una profunda transformación materializada en la nueva constitución de la ciudad que emprendiera Solón. Reformó el acaparamiento de la tierra, suprimió la esclavitud y la servidumbre por deudas, limitó la potencia paterna, permitió a la clase de los trabajadores entrar a la asamblea (ecclesia) y sentarse en los tribunales al lado de las clases de los caballeros y propietarios y, en fin, promovió el comercio y la industria atrayendo a los extranjeros.

El trabajo de preparar la asamblea estaba a cargo de un consejo (bulé) de 400 miembros, 100 delegados por tribu. En los tribunales, las clases populares sumaron la mayoría, relegando a la aristocracia. Sin embargo, los ciudadanos siguieron estando separados en cuatro clases con derecho a voto (censitarias) según la cuantía de la cosecha. La reforma política sólo redujo las prerrogativas de las tribus, pero no suprimió las barreras que separaban a la aristocracia de las demás clases.¹⁵

La reforma democrática impuso los principios de libertad de palabra, libertad de proponer mociones y libertad de acceso al oficio público sin distinción de linaje o riqueza. Surgió entonces una cultura abierta a todo aquel que se comportara como griego, combinando la democracia formal con una oligarquía efectiva.¹⁶

Posteriormente, la reforma de Clístenes (revolución isonómica) culmina la obra de Solón y da forma definitiva a la constitución democrática de Atenas (508-507); rompió definitivamente el predominio de los clanes aristocráticos que perpetuaba la inferioridad de los excluidos. En su lugar creó un nuevo sistema no basado en los clanes aristocráticos sino en los ciudadanos (el común). Quienes gozaban de las prerrogativas de la ciudadanía eran los nacidos de padre y madre atenienses, con 18 años cumplidos, que hubieran cumplido el servicio militar y no tuvieran deudas con el Estado. La principal innovación de Clístenes fue establecer como principio básico la igualdad (isonomía) de todos los ciudadanos de Atenas ante la ley. Este principio menospreciaba los derechos en virtud de la herencia familiar (aristocracia) o de la riqueza (timocracia).

A fin de impedir el regreso de la tiranía, Clístenes destruyó la organización de la nobleza por fratrias agrupadas, hasta entonces, en cuatro tribus asentadas en regiones, mediante una división administrativa donde los ciudadanos eran iguales. Las tribus pasaron de cuatro a 10, y de gentilicias se convirtieron en territoriales, compuestas por ciudadanos mezclados. Los ciudadanos fueron repartidos en más de 100 demos, pequeñas comunas que contaban con un jefe (demarca), una asamblea (ágora), magistrados y la administración; se pertenecía a ellos por residir en un territorio.

El Consejo pasó de cuatrocientos a quinientos miembros, cincuenta por cada tribu, designados según el número de habitantes. La asamblea era el cuerpo soberano, mientras el consejo (bulé) era el órgano ejecutivo permanente de gobierno. Esto era así porque, explica Glotz, jamás el pueblo gobierna todo el tiempo; no sesionaba permanentemente para asegurar en detalle la ejecución de sus voluntades ni vigilar la administración pública. El Consejo preparaba las resoluciones de la asamblea, que votaba sobre textos precisos y madurados.¹⁷

La democracia ateniense se funda en dos principios cardinales: en el acatamiento absoluto de las leyes (la constitución) y en una administración despersonalizada; cualquier ciudadano tenía los mismos derechos y la misma obligación de administrarla y conservarla. Son los atenienses quienes tienen el mérito de haber producido el cambio; el pueblo mostró que era capaz de afrontar las nuevas responsabilidades.

El concepto de igualdad estaba asociado al de libertad individual. Reunidos en asamblea, los ciudadanos poseían el máximo de libertad: la asamblea era soberana. El único límite a la libertad individual era el que le imponía la libertad y seguridad de la polis.¹⁸ Igualdad de los ciudadanos ante la ley, derechos iguales significaba, asimismo, igualdad en la participación general activa en los asuntos públicos. Estaba activamente alentada por reglas formales y el ethos (forma de vida) de la polis. Un ciudadano que se apartaba del sentido de pertenencia a la ciudad, negándose a participar en los asuntos públicos, perdía sus derechos políticos, era considerado un ser inútil.

En la asamblea todos los ciudadanos tenían derecho a tomar la palabra, sus votos tenían el mismo peso y tenían la obligación moral de hablar con franqueza. La asamblea estaba integrada por la totalidad de los ciudadanos, no era un cuerpo representativo; legisla y gobierna, asistida por el consejo. Ésa es la democracia directa, afirma Cornelius Castoriadis.¹⁹

Fue la carga insoportable del gobierno aristocrático lo que produjo la invención de la democracia. Los principios de la democracia ateniense que hoy se reivindican con la energía que mostraron sus creadores son los de la igualdad y la libertad, que no se explican fuera de una comunidad unida en la ciudad-Estado. Así la presentaba Glotz en 1928. Reunidos los ciudadanos, saben juzgar sanamente el partido a tomar porque quieren que la luz surja de la discusión. La libertad política es la consecuencia de la libertad de que gozan los ciudadanos en la vida privada. Habituados a vivir así, intervienen en pie de igualdad en la deliberación que esclarece las resoluciones comunes. La democracia ateniense en el siglo V mantuvo un justo equilibrio entre la potencia legal del Estado y el derecho natural del individuo.

La libertad individual era absoluta, ningún ciudadano podía ser reducido a la esclavitud o a la servidumbre. El régimen republicano se distinguía de otros por dos principios: igualdad ante la ley y derecho igual de hablar (isegoría). Los intereses particulares estaban subordinados al interés común, las obligaciones de la ciudad hacia los ciudadanos estaban antecedidas por las de los ciudadanos hacia la ciudad. Los honores públicos se obtenían por mérito y no por la clase de nacimiento. La libertad dejaba el campo abierto al valor personal, teniendo como límite la disciplina pública consistente en la sumisión a las autoridades establecidas, la obediencia a las leyes, una de ellas la de fraternidad que aseguraba la protección de los débiles, y a las leyes no escritas que emanaban de la conciencia universal.²⁰

La democracia era el poder del demos, no tenía ninguna limitación en materia de legislación, y la ley era conocida por todos. La gente habla libremente de política, de todo lo que pueda interesarle al ágora (plaza pública) antes de deliberar en la asamblea; equivalía a la libertad de palabra, de pensamiento, de examen y de cuestionamientos sin límites. "El hecho de que la ecclesia decida sobre las cuestiones gubernamentales de importancia asegura el control del cuerpo político sobre