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BOGOTÁ.– Acorralado por el Congreso, que lo tenía sometido a un juicio político que pudo haber culminado con su destitución, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso optó por disolver por decreto al Parlamento pese a que, con esa decisión, la ley lo obliga a solicitar una convocatoria a nuevas elecciones y abandonar de manera anticipada el cargo.
“Fue un suicidio político de un presidente muy impopular, que ha hecho una pésima gestión de gobierno, y que ahora deja a Ecuador a las puertas de una crisis política y social que puede hacer de este país un polvorín”, dice a Proceso el profesor Daniel Pontón, del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.
Lasso, quien esta semana cumple dos años en el cargo, invocó por primera vez en Ecuador dos artículos de la Constitución promulgada en 2008 por el entonces mandatario Rafael Correa –su principal adversario político–, los cuales se conocen como “muerte cruzada”. Esto, porque si un gobernante disuelve el Congreso, él también deberá dejar el cargo en un plazo máximo de seis meses, mientras se realizan nuevos comicios legislativos y presidenciales.
En un decreto emitido de manera sorpresiva
