La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no está dispuesta a que sus elementos sean vinculados con actividades del crimen organizado, por lo que blindó la defensa de los militares detenidos por el caso Ayotzinapa con abogados particulares que buscarán desligarlos de las acusaciones de desaparición forzada de los 43 normalistas.
En una defensa pro bono, los abogados Alejandro Robledo y César González Hernández, integrantes del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, coordinarán la estrategia jurídica junto con la Defensoría Pública Militar, que representa a los militares involucrados en este asunto.
Por el momento, la Sedeña ha logrado que sólo cuatro militares hayan sido detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas hace ocho años en Iguala. Las cuatro detenciones están muy lejos de las 20 órdenes de aprehensión que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunció el pasado 18 de agosto contra 20 mandos militares y personal de los batallones 27 y 41 del Ejército en Iguala.
Las aprehensiones fueron ordenadas por el juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, a quien Encinas acusó, junto con otros juzgadores, de obstruir el castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas.
En entrevista con los abogados indicaron que cada semana se reúnen con los integrantes de la Defensoría Pública Militar para trazar paso por paso la defensa técnica-jurídica que llevarán a favor
