Empoderado con el respaldo irrestricto del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejército “se resiste a rendir cuentas” y ha sellado un “pacto de impunidad” con la Fiscalía General de la República (FGR) para que altos mandos militares no sean tocados, ni siquiera ante sentencias firmes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A esas conclusiones han llegado abogados y familiares de Rosendo Radilla Pacheco y de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada cometidas por elementos del Ejército mexicano –Rosendo en 1974, y Edmundo y Gabriel en 2007–.
La resistencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a ser escrutada fue más que evidente el lunes 13, a ser la gran ausente por “motivos de agenda” en la audiencia privada convocada desde enero último por la CoIDH para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia condenatoria contra México, emitida en noviembre de 2009 por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida en el contexto del combate contrainsurgente a la guerrilla de Lucio Cabañas, en Guerrero.
“El Ejército en esta administración tiene vía libre para hacer lo que le plazca,
