El gobierno de López Obrador “raya en el desacato” a la CoIDH
La falta de respuesta a víctimas que recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos revela que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es distinto al de sus antecesores.
Peor aun, la decisión del mandatario de desaparecer 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que era operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), muestra sus estragos en el incumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que el Estado mexicano está obligado a cumplir.
Botones de muestra son las sentencias contra México por la tortura sexual a 11 mujeres en San Salvador Atenco en mayo de 2006 y por la desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado, de Chihuahua, cometida por miembros del Ejército en diciembre de 2009, ambas resoluciones notificadas por el tribunal regional en el primer mes de la administración de López Obrador.
Sucede lo mismo con el litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emprendido por más de mil 100 familiares de 65 mineros fallecidos por el derrumbe de una mina en Pasta de Conchos, Coahuila, 63 de ellos atrapados en los escombros.
Ante el incumplimiento de las resoluciones de los casos Atenco y Alvarado
