EL ARRAIGO Y LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, EN EL BANQUILLO
Desde su incorporación a las leyes mexicanas, hace casi cuatro décadas, la figura del arraigo ha permanecido vigente en el país a pesar de las frecuentes recomendaciones y denuncias de organismos nacionales e internacionales, que la han calificado como violatoria de los derechos humanos.
Sin embargo, por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) tiene bajo su escrutinio esta figura, dentro de un procedimiento contencioso instaurado contra el Estado mexicano, que podría recibir una sentencia condenatoria que lo obligaría a derogar el arraigo de la legislación nacional.
Este procedimiento de la Coidh contra el arraigo y la prisión preventiva oficiosa –también considerada violatoria de derechos humanos– responde al caso de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López (fallecido), indígenas nahuas de Zongolica, Veracruz, a quienes en enero de 2006, tras la descompostura de su vehículo en una carretera de esa entidad, la Policía Federal de Caminos (PFC) los detuvo de manera “ilegal y arbitraria”.
Enseguida, fueron sometidos a un arraigo de 90 días y después estuvieron presos dos años y medio bajo la acusación de secuestro y
