El 4 de diciembre de 2020 la Cancillería mexicana provocó desconcierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando sostuvo, en nombre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que Ernestina Ascencio Rosario había fallecido en febrero de 2007 por una gastritis, y no a consecuencia de ser violada brutalmente por cuatro soldados en el municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
Seis días más tarde, el 10 de diciembre, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, descalificó la postura oficial del gobierno: denunció que era la misma argumentación “inaceptable” que el expresidente Felipe Calderón había utilizado para exculpar al Ejército en la muerte de la mujer indígena de 73 años, semanas después de declarar la “guerra contra el narcotráfico”.
En la conferencia matutina de López Obrador de ese día, Encinas aseveró que la postura “no representa las instrucciones que el presidente nos ha dado para atender estos asuntos”.
En realidad, ante la CIDH, el representante de la Cancillería, Christopher Ballinas Valdés, leyó la versión de la Sedeña, plasmada en un oficio que la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) de esa dependencia le envió en septiembre de 2019, firmado por su titular, el general
