El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, mediante el cual el gobierno federal invalidó la “verdad histórica” presentada en enero de 2015 por la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada entonces por Jesús Murillo Karam, da cuenta del nuevo sentido que tomó el asunto.
Además de la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de quienes –según el informe– no hay evidencia de que estén vivos, la nueva etapa en la que ha entrado el caso es el inicio de las investigaciones y procesos penales contra los exfuncionarios implicados en la integración de la averiguación.
En el informe hay nombres de exfuncionarios que participaron en diversas diligencias o que estaban encargados de áreas por las que el expediente “pasó” mientras se construía la verdad histórica… y otros nombres simplemente no aparecen.
El documento señala que faltó coordinación entre las áreas de la PGR
