La fórmula de la descalificación
Con el argumento de erradicar la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha colocado en la mira a organismos autónomos, entidades descentralizadas de la administración pública central e inclusive al Poder Judicial.
Además, en sus posiciones públicas respecto de cada caso presentado en el actual sexenio, siempre expuestas en sus conferencias de prensa matutinas, el mandatario ha personalizado críticas y cuestionamientos e instruido investigaciones contra funcionarios ajenos a su autoridad, forzando renuncias y retiros anticipados, aunque sin consecuencias judiciales.
El episodio más reciente tuvo su origen en la primera de varias suspensiones provisionales concedidas a particulares inconformes con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que en semanas previas fue aprobada con la mayoría de votos de Morena y sus aliados en las dos cámaras legislativas, sin que el debate parlamentario posibilitara mover ni el mínimo detalle a la iniciativa presidencial de reforma.
La primera reacción del presidente López Obrador, el lunes 15, fue pedir una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó el primer amparo y posteriormente varios más. Mediante una solicitud al Consejo de la Judicatura que amplió el jueves
