Cuatro capítulos de una tragicomedia inconclusa
La actuación del gobierno de López Obrador en el asunto de la extinción de los fideicomisos públicos está pletórica de ocurrencias, ineptitud y falacias.
Primero la emprendió por la vía de un decreto presidencial y luego mediante sucesivos intentos de reforma legal llevados a cabo por dóciles legisladores.
Como ya es costumbre, el gobierno morenista cubrió de frases grandilocuentes lo que no es otra cosa que un tongo mezclado con la búsqueda desesperada de dinero por parte del Ejecutivo, que pretende rellenar el boquete de los ingresos gubernamentales que produjeron la crisis económica y la emergencia sanitaria.
Según la legislación, los fideicomisos públicos son instrumentos jurídicos creados por la administración pública para fomentar el desarrollo económico y social a través de la administración de los recursos del erario mediante una institución fiduciaria. Esta figura posibilita que los recursos públicos depositados en ellos puedan ser aplicados más allá del ejercicio
