La experiencia de visitar la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es, sin lugar a dudas, desagradable. La razón es evidente: me encontraba examinando precisamente el contenido relacionado con los requerimientos financieros del sector público. En esencia, estos requerimientos financieros son una modalidad que, para una comprensión clara, implica que el gobierno redirige fondos asignados para un propósito hacia otro. Esta ha sido una habilidad en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha especializado, liderando las decisiones en este ámbito. Debo expresar mi sorpresa ante esta situación. Previamente, en este mismo espacio, compartí con ustedes cómo este gobierno había mantenido una disciplina fiscal encomiable. Sin embargo, al observar los datos actuales, disponibles en la sección de requerimientos financieros del Sector Público en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me veo obligado a rectificar mis afirmaciones anteriores.

Permítanme presentarles los hechos concretos. En el transcurso del año 2022, es decir, el año pasado, la práctica de redirigir fondos de un propósito a otro alcanzó la asombrosa cifra de 1 billón 261 mil millones de pesos. Esta magnitud de fondos movidos resultó en un saldo total de requerimientos financieros que ascendió a 14 billones de pesos, representando un alarmante 49% del Producto Interno Bruto del país. Para comprender mejor, cabe comparar estos números con los del 2018, cuando los requerimientos financieros totalizaron 10.6 billones de pesos, equivalentes al 45% del Producto Interno Bruto en ese momento. Sin embargo, este año ha sido aún más preocupante en términos de requerimientos financieros. En los primeros seis meses de 2023, estos incrementaron significativamente, alcanzando la cifra de 496 mil millones de pesos.

Estos datos, evidentemente, plantean una situación de inquietud. Se hace necesario contextualizar estos requerimientos financieros para entender su impacto. El año pasado, en el mismo período de tiempo, los requerimientos ascendieron a 337 mil millones de pesos. El panorama es innegablemente complicado. No obstante, pese a su monumentalidad, estos requerimientos financieros todavía son manejables debido a un margen de compromiso con respecto al Producto Interno Bruto, lo que implica que aún existe cierta flexibilidad. Aunque esto no debe interpretarse como una justificación, es importante mantener una perspectiva equilibrada.

El problema subyacente en esta situación es el legado que esta administración está dejando para la siguiente. Los movimientos y redirecciones de fondos están generando un enorme desafío para las áreas de seguridad y educación. La próxima administración, independientemente de su afiliación política, se verá en la obligación de abordar y revertir los recortes en estos sectores vitales. Las finanzas públicas, ya comprometidas por los gastos en programas sociales, enfrentarán un desafío adicional debido a los requerimientos financieros. Esta situación se traducirá en una presión fiscal sin precedentes, comprometiendo aún más el futuro del país, que ya estaba enfrentando serios problemas económicos. En este contexto, la salud y la educación, dos áreas en las que México ya tiene carencias notables, han sido gravemente afectadas por estas decisiones.

Es crucial resaltar que estos hechos están documentados y respaldados por la información disponible en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No se trata de afirmaciones infundadas, sino de cifras concretas y datos verificables. En última instancia, es imperativo comprender la gravedad de la situación y considerar sus consecuencias a largo plazo.



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