Crónica de un año perdido
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Cuatro elecciones en cuatro años: la incompetencia de los partidos para llegar a acuerdos con otras fuerzas parlamentarias con el fin de formar Gobierno provoca perplejidad e irritación. Los ciudadanos no lo entienden. Un año desperdiciado se suma a los tres anteriores. Vamos mal. Del bipartidismo se ha pasado al pluripartidismo, pero los partidos no comprenden que las elecciones no son únicamente para elegir representantes sino también para formar Gobiernos: es su obligación y su responsabilidad. Para ello, todo país con multipartidismo necesita pactos entre partidos afines que permitan crear Ejecutivos sólidos y coherentes. Al no entenderlo así, hemos pasado cuatro años de inestabilidad gubernamental, de Gobiernos débiles incapaces de gobernar para hacer frente a los importantes desafíos que España afronta. Es el momento de rectificar. No con apaños a corto plazo, sino con acuerdos cuyo objetivo sea atender a los intereses de todos.
Francesc de Carreras
Francesc de Carreras ha sido catedrático de Derecho Constitucional hasta su jubilación. Colaborador habitual de prensa desde su juventud, actualmente escribe cada semana en el periódico El País. Fue uno de los firmantes del manifiesto que está en el origen del partido Ciudadanos.
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Crónica de un año perdido - Francesc de Carreras
PRÓLOGO
En este volumen se recogen algunos artículos publicados en el diario El País entre junio de 2018 y septiembre de 2019, poco más de un año. Si estos artículos se publican en forma de libro es porque no se trata de piezas inconexas sino que, vistas en su conjunto, creo, tienen cierta unidad.
Esta unidad se articula en torno a las dificultades de formar Gobierno en España durante este periodo, a pesar de la experiencia de los años anteriores, exactamente desde las elecciones del 21 de diciembre de 2015. Las enseñanzas que debían deducirse de estos cuatro años no fueron asumidas por la clase política, pese a la complicada situación general por la que atraviesa nuestro país.
La frase canónica sobre este periodo, utilizada por todos los comentaristas, suele ser: «Cuatro elecciones en cuatro años, un fracaso de los políticos». Y así es, no se puede concluir de otra manera: los políticos, concretamente los líderes de los partidos con capacidad para formar Gobierno, no supieron interpretar los cambios que transformaron el escenario político español a partir de 2014. Creyeron que los Gobiernos debían formarse, como siempre había sucedido en el pasado, en torno a un partido hegemónico con apoyo parlamentario externo, sin intentar siquiera explorar otras fórmulas basadas en pactos y acuerdos entre partidos a muchos niveles, tan habituales en los países de nuestro entorno cultural.
La búsqueda de responsabilidades a esta ceguera política es una de las preocupaciones latentes en todo el libro, desde la moción de censura que consiguió investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno hasta los dos intentos de investidura, en julio y septiembre, tras las elecciones del 28 de abril pasado. Veamos uno y otro aspecto.
Como se explica en la Primera Parte, la moción de censura se planteó, en principio, para dar a conocer al candidato, Pedro Sánchez, que había dimitido de su condición de diputado antes de ser elegido secretario general del PSOE y no estaba siendo la cara visible de su partido en el Congreso. Sin embargo, al menos en términos políticos, esta moción se resolvió mal porque quienes la apoyaron —populistas de Podemos y nacionalistas, en su mayoría radicalizados como independentistas catalanes— formaban un conjunto heterogéneo con el cual era indudable que el nuevo presidente no podría desarrollar una acción coherente de gobierno, tal como se comprobó en los meses siguientes hasta la disolución de las Cámaras, y se recoge en los artículos agrupados en la Tercera Parte.
Desde un punto de vista jurídico, dicha moción no vulneró frontalmente la Constitución al reunir los requisitos formales previstos en sus artículos 113 y 114, pero, dado su carácter de moción de censura constructiva y siendo parlamentaria nuestra forma de Gobierno, no respondía a la finalidad que la Constitución pretende: investir a un presidente con capacidad de gobernar porque ha obtenido un número de apoyos parlamentarios suficiente y con la coherencia programática necesaria para sostener a un Gobierno.
En definitiva, la moción fue destructiva del Gobierno Rajoy pero no constructiva del Gobierno Sánchez. Es por ello que el candidato Sánchez no presentó un programa político detallado, por el que se le pudiera exigir responsabilidad en lo que le quedaba de mandato, sino únicamente unos vagos principios de acción gubernamental que no le comprometieran en el futuro. Solo así pudo lograr los votos necesarios para sacar la moción adelante.
La situación hubiera tenido, quizás, una salida políticamente efectiva y viable si el nuevo presidente hubiera disuelto inmediatamente las Cámaras y convocado elecciones, pero ello no se llevó a cabo y tuvieron que transcurrir largos meses con un Gobierno sin proyectos a medio y largo plazo, sin apenas capacidad legislativa, aprobando decretos-ley carentes del requisito de la «extraordinaria y urgente necesidad» que prescribe el artículo 86 de la Constitución. En conclusión, un año perdido, como dice el título de este libro, y hasta un año y medio, por ahora y como mínimo, o más todavía si nos atenemos a la perspectiva que tenemos por delante.
En la Cuarta Parte se recopilan artículos sobre las causas y los perjuicios de las investiduras fallidas de julio y septiembre de 2019. Es lo que en el título de esta Parte denominamos «El fracaso de los políticos», porque, efectivamente, con un grado distinto de responsabilidad, los grandes partidos políticos, en especial sus líderes, han fracasado por algunas de las tres razones que pasamos a enumerar:
1ª. No han entendido estos políticos que al pasar de un sistema bipartidista a uno multipartidista es ineludible establecer pactos entre partidos, y, mientras dure el multipartidismo (que dado sus magros resultados quizás desaparezca pronto), forzosamente los Gobiernos deberán ser el producto de un acuerdo entre ellos. No en vano la democracia parlamentaria está basada en el diálogo y la cooperación entre partidos.
2ª. Solo pueden pactar aquellos partidos que, además de sumar mayorías parlamentarias suficientes, tengan una proximidad ideológica que les permita formar, mediante acuerdos programáticos, Gobiernos coherentes. Otra fórmula solo puede conducir a la ineficacia gubernamental y a la inestabilidad política.
3ª. La gran división en la España actual es la formada por dos grandes bloques, el constitucionalista y el nacional-populista, de mucha mayor relevancia a la hora de formar Gobiernos que la clásica división entre derechas e izquierdas, la cual, en todo caso, puede darse dentro de cada bloque. Cualquier acuerdo sólido de Gobierno debe pasar por establecer pactos entre partidos situados dentro de un mismo bloque, muy difícilmente, aunque por excepción quizás en algún caso sea posible y conveniente, el acuerdo gubernamental puede incluir a partidos de bloques distintos.
Estas razones causan una gran inestabilidad política, es decir, los Gobiernos son de corta duración, cuentan con escaso apoyo parlamentario o están en funciones. Esta situación es un mal que dura desde hace cuatro años e impide establecer políticas de largo alcance en materias importantes y urgentes, entre ellas, a título de ejemplo, la sostenibilidad de las instituciones del Estado Social, la productividad y las relaciones laborales, la reducción de la deuda pública, la transición energética, el modelo educativo o la reforma fiscal. Todas estas políticas se ven obstaculizadas porque, debido a la inestabilidad gubernamental, no hay en perspectiva acuerdos parlamentarios con fuerza suficiente para abordarlas.
A su vez, como tema distinto pero no al margen de los problemas del periodo, en la Segunda Parte se recogen artículos sobre la cuestión catalana y su irradiación en el resto de España, porque, ciertamente, no está circunscrita solo a Cataluña, sino que repercute en la política general española.
* * *
La idea inicial de este libro no es mía, sino de la editorial que lo publica. Al principio la consideré con algo de escepticismo, después pensé que tenía un cierto sentido, especialmente por la acumulación de elecciones en tan poco tiempo y, sobre todo, por la ineptitud política demostrada en los últimos meses para nombrar un presidente que formara un Gobierno sostenido por una mayoría parlamentaria sólida, que fuera capaz de acordar y aplicar un programa político coherente.
Debo dar las gracias al diario El País, que ha permitido que estos artículos, publicados en sus páginas, pudieran también editarse en forma de libro. Y, muy especialmente, a mis editores de Espasa, que me contagiaron su entusiasmo en esta relativa aventura, cuidaron de los textos con inteligentes supresiones y añadidos, además de preocuparse de toda su edición con gran esmero, cordial paciencia… e impecable profesionalidad.
I
LA MOCIÓN DE CENSURA Y SUS CONSECUENCIAS
El Estado democrático parlamentario es un juego de equilibrios entre instituciones sometidas a principios estructurales y reglas de procedimiento. Si se alteran estos equilibrios todo el edificio comienza a venirse abajo y se impide su razón de ser: gobernar.
Esto es lo que sucedió con la moción de censura: no se correspondió con su diseño constitucional porque en lugar de constructiva fue, simplemente, destructiva. Solo se cumplió su primera parte, «echar a Rajoy», no la segunda, «elijamos a un presidente que pueda formar un Gobierno con un apoyo parlamentario sólido». Esto se vio desde el primer momento al no exponer el candidato Pedro Sánchez un programa de gobierno mínimamente detallado sino solo un conjunto de buenas intenciones que no le comprometían a nada y que no podían, por tanto, generar un rechazo de las heterogéneas fuerzas políticas que votaron a favor de la moción.
Sánchez no presentó un programa porque hacerlo le hubiera impedido contar con los votos necesarios para salir elegido. Pero ello implicaba, inevitablemente, dejar la moción de censura a medias, no cumplir con la función que le asigna el artículo 99 de la Constitución. Fue una victoria en el corto plazo, pero una derrota a la larga por la imposibilidad de gobernar al no tener los apoyos necesarios.
Olvidó Sánchez que en una democracia los gobernantes son elegidos pero también controlados. Por consiguiente, exponer un programa político antes de ser elegido es democráticamente imprescindible para después poder controlar al Gobierno: solo si incumple este programa y no se dan argumentos razonables que justifiquen ese incumplimiento, puede demandársele responsabilidad política, y, en su caso, si se considera oportuno, pedirle la dimisión. Por tanto, la ausencia de programa genera gobiernos débiles e incapaces de gobernar que a la postre habrán de presentar su dimisión y, sin mayoría alternativa, como ha sido el caso, disolver las Cámaras y convocar nuevas elecciones.
En este caso, durante este año ello ha sido así, agravado además por la contradictoria composición de la mayoría que aprobó la moción. En efecto, además del PSOE, casi todos los demás partidos que la apoyaron eran de carácter populista, bien de un populismo social (pero con el derecho de autodeterminación en su programa), bien de un populismo nacionalista (mayoritariamente independentistas). Discrepaban en casi todo pero coincidían en un punto esencial que les unía y era absolutamente inasumible por el PSOE: el cuestionamiento de la Transición política que había contaminado los cuarenta años siguientes a los que llamaban, despectivamente, «régimen del 78». Como consecuencia de todo ello, los populistas de los dos signos estaban de acuerdo en propugnar el derecho de autodeterminación de los pueblos de España y en suprimir la monarquía parlamentaria. En dos palabras, estaban por la secesión y por la república.
Como es obvio, con estos socios gobernar resultaba imposible, las trampas preparadas al Gobierno de Pedro Sánchez, ingenuo en muchos casos, han sido constantes. Además, la división en el ámbito constitucionalista, el PSOE en un bando y PP y Ciudadanos en el otro, debilitaban al Gobierno, que, desamparado desde su mismo origen, alegando que no podía aprobar los Presupuestos,
