CHIHUAHUA, Chih.- Los índices de violencia que ha alcanzado la Sierra Tarahumara han obligado a un sinnúmero de comunidades completas al desplazamiento forzado intemo, en su mayoría de población indígena, y la impunidad ha permitido la diversiñcación de negocios para los grupos delictivos que operan y controlan los municipios serranos.
El homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, el 20 de junio de 2022, mostró sin simulación el control del territorio por proyectos empresariales, autoridades omisas y la impunidad en la que trabajan los grupos delictivos, que ahora no sólo se dedican al narcotráfico.
A un año de esos homicidios, el rostro del problema no ha cambiado y, en algunos casos, problemáticas como la impunidad, el suicidio de niños y adolescentes y el dominio de grupos criminales han empeorado.
Con los sacerdotes Campos y Mora fue asesinado el guía de turismo Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, también dentro de la parroquia San Francisco Javier de Cerocahui; horas antes, el mismo asesino mató al joven Paúl Berrelleza Rábago.
José Noriel Portillo Gil, El Chueco, fue señalado por varios testigos como autor de estos cuatro crímenes. Él controlaba el municipio de Urique, Uruachi y Guazapares, hasta que su cuerpo apareció en Sinaloa el 22 de marzo último. Se presume que lo habían asesinado cuatro días antes.
Autoridades de Chihuahua informaron a representantes de la Iglesia un mes antes que el gobierno federal ya había detenido a El Chueco, que pidieran información. Pero era falso. La presión social y eclesial llevó a instalar mesas de diálogo con los representantes de la Compañía de Jesús y de la Diócesis de la Tarahumara.
Han pasado 15 años de la primera masacre reportada en el país, en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna, en el contexto de la Guerra
