Para los desterrados por la violencia, ni solución duradera ni retorno seguro
“¡No sabemos dónde están las personas que sufrieron episodios de desplazamiento forzado debido al crimen organizado! ¿Qué ha sido de ellos? Llevan décadas viviendo en esa situación y nadie les ofrece una solución duradera ni posibilidades de retorno seguro a sus hogares. No existe autoridad que les restituya sus derechos.”
Así resume el problema Brenda Gabriela Pérez Vázquez, quien coordina el Área de Desplazamiento Interno Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), único organismo en México que analiza la situación de casi 240 mil personas afectadas por desplazamiento forzado a causa del crimen organizado, sin contar los desplazamientos provocados por cuestiones religiosas, políticas, sociales o territoriales.
Entre octubre y noviembre de 2020 hubo al menos mil 200 casos de desplazamiento forzado en varias entidades, principalmente en Chiapas y Oaxaca. En enero de 2021, 620 personas huyeron a causa de la violencia, en marzo se sumaron otras 850 de pueblos de Guerrero; lo mismo pasó en Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas.
En Chiapas los desplazamientos generados por el crimen organizado son conocidos, aunque aún no hay suficiente evidencia para documentar fehacientemente el fenómeno; igual en Oaxaca, donde todos los años se registran
