XALAPA, VER.– Edel Álvarez Peña tomó protesta como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz el 1 de diciembre de 2016. Apenas 46 días después entregó cuatro contratos a un sospechoso grupo de empresas. Pero sólo fue el comienzo. Álvarez, quien ha transitado del PRI a simpatizante de Morena, siguió el mismo esquema durante los siguientes tres años de su mandato.
Una investigación de CONNECTAS, AVC Noticias y Proceso revela que el Consejo de la Judicatura que él presidía entregó contratos que suman más de 350 millones de pesos a un grupo de 20 empresas vinculadas entre sí por socios y direcciones, algunas fantasma. Formadas a 900 kilómetros de distancia, se les pagó por tareas tan básicas como cortar el césped o limpiar vidrios.
Dos de esas empresas fueron declaradas fantasma por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por no tener empleados ni activos fijos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a cuatro socios de esas firmas por otros casos de corrupción en México, como la llamada Estafa Maestra.
Mientras el Poder Judicial de Veracruz proclamaba un discurso de austeridad, en las entrañas de la administración se entregaron cifras millonarias a compañías creadas entre 2015 y 2017 e inscritas por los mismos notarios, relacionadas por socios, apoderados legales y domicilios comunes en Quintana Roo, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México.
Ingeniería financiera
Para burlar la ley de adquisiciones de
