El traslado del control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es para la Sedena el peor de los escenarios previstos desde que el Ejército comenzó a organizar ese cuerpo armado al inicio del gobierno de la Cuarta Transformación.
De acuerdo con una evaluación, el traslado operativo y administrativo de la GN –de la Sedena a la dependencia civil– implicará la pérdida de experiencia institucional, se abren las puertas a la corrupción y a la indisciplina, crecen las probabilidades de fracaso en las operaciones y se terminará debilitando a la corporación.
