VIOLENCIA
GUANAJUATO, GTO.- Entre multihomicidios, la incesante desaparición de personas, los constantes hallazgos de fosas clandestinas, la presencia de grupos criminales que se suman a la disputa territorial, la impunidad y las fallidas estrategias en materia de seguridad, Guanajuato está convertido en una fosa clandestina.
Frente a la realidad, las autoridades responsables de la seguridad intentan ocultar y matizar la información, como lo hicieron en sus respectivas comparecencias ante el Congreso el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, en su cuarto informe como titular de la institución, y el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, en la glosa del cuarto informe del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
La entidad acumula 32 años gobernada por Acción Nacional. Zamarripa cumplió 14 años al frente de la procuración de justicia e, inamovible y sin que lo alcancen las exigencias del presidente de destituirlo o responsabilizarlo por “proteger intereses”, ha visto pasar a cuatro gobernadores panistas: Juan Manuel Oliva, Héctor López Santillana (interino), Miguel Márquez Márquez y el actual, Rodríguez Vallejo, que terminará su mandato antes que el fiscal, sin que ninguno de los dos cumpla la promesa de devolver la seguridad a la población.
Sin embargo, Cabeza de Vaca aseguró el 26 de marzo pasado, frente a policías estatales y autoridades de los tres órdenes de gobierno, en su discurso por el 190 aniversario de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado: “No, no hemos fracasado.
