INTERNACIONAL /FRANCIA
PARÍS.- Jueves 16 de marzo. Tres de la tarde. La tensión es máxima en el Palacio Borbón. No falta un solo diputado en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. No cabe un alfiler en las galerías reservadas a la prensa y al público.
Ya se sabe que el gobierno reunido en Consejo de Ministros extraordinario acaba de tomar la decisión de activar el artículo 49.3 de la Constitución que le permite prescindir del voto de los dipu tados para forzar la aprobación del proyecto de reforma de las pensiones, rechazado por 70% de los franceses, 93% de la población activa y millones de ciudadanos que llevan dos meses manifestándose masivamente en su contra a lo largo y ancho del país.
El Ejecutivo actuó por iniciativa de Emmanuel Macron. El presidente ya no se puede cegar. Entiende que, pese a las numerosas concesiones hechas traslinas a Los Republicanos (derecha), sobre la nueva versión de su reforma emblemática –aprobada por el Senado a las 11 de la mañana de ese mismo día 16– se cierne la amenaza de que la Asamblea Nacional la rechace.
