MATAMOROS, TAMPS.– En un contexto de crisis de seguridad pública permanente en Tamaulipas, causada por el crimen organizado, con miles de desaparecidos y homicidios sin resolver, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Américo Villarreal Anaya se aprestaron a colaborar con el gobierno de Joe Biden para localizar en cuestión de horas a cuatro ciudadanos estadunidenses, que fueron secuestrados el viernes 3 en este municipio fronterizo.
Mientras se acumulan las desapariciones y los reclamos de miles de mexicanos que demandan la búsqueda y localización de familiares, en esta ocasión todo el aparato de Estado, fuerzas federales y estatales emprendieron el rastreo de los estadunidenses procedentes de Carolina del Norte, que ese viernes 3, cuando cruzaron la frontera por Brownsville, fueron interceptados, baleados y secuestrados por integrantes del Grupo Escorpiones del Cártel del Golfo (CDG).
La participación de las organizaciones estadunidenses –específicamente del FBI– en las investigaciones “con todos los niveles de gobierno” en México fue señalada por la propia dependencia y por el embajador Ken Salazar, con todo y que el presidente López Obrador y el gobernador morenista Villarreal mantuvieron el discurso de que no había tal intervención.
El día del secuestro la Fiscalía de Tamaulipas sólo dio a conocer que había una situación de riesgo
