POLÍTICA
Aunos días de que se emitan los informes de fiscalización del periodo de precampaña para los aspirantes a las gubematuras de Coahuila y el Estado de México, el fantasma de la judicialización asoma en ambas entidades, donde el llamado Plan B de la Reforma Electoral no aplica.
Los partidos políticos y sus abanderados están sujetos a la normatividad electoral de años pasados debido a los tiempos en que se aprobó el Plan B; el precedente de las elecciones hace seis años (en 2017) es que sus comicios terminaron en tribunales, con movilización social y validaciones de último minuto previo al cambio de poderes ese año.
Ya en 2021 los aparatos jurídicos del PRI, PAN y PRD pusieron en aprietos a Morena y sus aliados, al grado de tirarle dos candidatos competitivos a los ayuntamientos de Torreón y Ciudad Acuña, así como la candidatura a reelección de Evaristo Pérez Lenin Rivera, quien desde 2018 ocupaba una curul federal.
Además, la judicialización consiguió problematizarción de recursos para el partido Unidad Democrática de Coahuila, dirigido por el propio Pérez Rivera, que en esa ocasión era aliado de Morena.
