La Ley General de Comunicación Social, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, se está convirtiendo en una de las más impugnadas de la historia: durante la última semana de enero y la primera de febrero se espera que al menos 320 municipios demanden su invalidez ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dicha ley tiene errores en su redacción y en su artículo 26, penúltimo párrafo, mandata limitar el gasto en publicidad a 0.1% del presupuesto de cada uno de los poderes de la Unión, así como de los estados, municipios, los órganos autónomos y toda dependencia o entidad del Estado.
Como se sabe, en 10 días y sin análisis, discusión ni consenso, las bancadas oficialistas (Morena, PT y PVEM) aprobaron el 15 de diciembre dicha ley que, junto con la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, forman parte del paquete conocido como “Plan B”, cuya polémica se centra en la restricción al gasto en publicidad, tomando por sorpresa a las administraciones públicas e inclusive a los gobiernos emanados de Morena, excepto el federal.
En la conocida como , la restricción se basa en imponer a todo
