La suspensión es una medida cautelar que tiene como principal objeto paralizar los efectos de los actos reclamados o reestablecer provisionalmente los derechos afectados mientras se decide el juicio de amparo. Esta finalidad obedece a la necesidad de asegurar la eficacia de la sentencia que se dicte.
La relación que guardan los efectos de la suspensión con los de las sentencias es indisoluble, porque en aquellos casos en que la medida cautelar no logra anticipar los posibles alcances de una sentencia, no consigue su principal objetivo: restituir al quejoso en el goce del derecho vulnerado.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) ha modulado el principio de relatividad. Esta modulación ha permitido tutelar derechos de naturaleza colectiva o difusa, de manera que la concesión del amparo pueda beneficiar a personas que no hubieran sido parte en la controversia.
Hasta hace unos años, la interpretación del principio de relatividad era muy estricta, al grado de considerar que el juicio de amparo era improcedente en todos los casos en que el juzgador advirtiera que los efectos de una eventual concesión de amparo podían quebrantar ese principio.1
En la décima época, la scjn reconoció que el juicio de amparo es un medio de control constitucional con efectos únicamente para el caso concreto; sin embargo,
