En la entrega anterior hablé del convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y la empresa Airbnb, y ofrecí datos para poder afirmar que este tipo de decisiones no sólo profundizan la desigualdad de viviendas dignas, sino que reflejan niveles de colusión entre el poder público y el privado.
Hice notar también que la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas empresariales y la corrupción en todos los niveles del gobierno mexicano incrementan el riesgo de la mercantilización de los derechos que, paradójicamente, nos acerca más a una ciudad de privilegios que a una de derechos
