La reparación integral del daño a las víctimas de la llamada “Masacre de Allende” -compromiso del Estado reivindicado por la Secretaría de Gobernación en diferentes oportunidades desde 2019- permanece incumplido.
Más aún, ante las peticiones de explicación, la dependencia no ofrece respuestas y ni siquiera admite el carácter de defensores a un grupo de abogados derechohumanistas que intenta representar formalmente a las víctimas en esta causa.
El pasado 5 de octubre, tres de las víctimas del oscuro episodio hicieron llegar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas, una misiva en la que se dicen extrañadas por el incumplimiento.
En la carta, Yuliana López Ibarra, Mónica Garza Villarreal y Silvia Garza Villarreal recuerdan que tanto el propio Encinas como Olga Sánchez Cordero, cuando era secretaria de Gobernación, se comprometieron públicamente a cumplir la recomendación 10, por violaciones graves
