Luego de dos días de discusión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron de nuevo acotar la prisión preventiva de oficio. En consecuencia, la medida que actualmente se aplica de manera automática para delitos de alto impacto quedó intocada.
Pese a la oposición del Ejecutivo federal, por mayoría calificada los integrantes del pleno invalidaron una reforma publicada en noviembre de 2019 con la que los delitos de defraudación fiscal, contrabando y simulación de operaciones con comprobantes fiscales (factureros) fueron añadidos al catálogo de los ilícitos que merecen prisión preventiva de oficio.
El debate de la Corte tuvo su origen en las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no por los senadores de la oposición, contra la reforma de noviembre de 2019 que adicionó los tres delitos fiscales al catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, según la Constitución, a través de leyes secundarias.
Sin embargo, el análisis de la prisión preventiva de oficio en general no fue planteado por ninguno de los quejosos.
El 25 de octubre de 2021 el ahora ministro en retiro Fernando Franco González Salas presentó su proyecto de resolución de estas impugnaciones en el que planteó la constitucionalidad de la reforma impulsada por el gobierno federal, proyecto que fue rechazado por la mayoría de ministros en el pleno, por lo que el asunto fue
