En menos de un año como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche no sólo ha provocado un movimiento estudiantil y académico en su contra por su nombramiento irregular, sino que dejó que este centro de excelencia académica pasara de ser un ente educativo paraestatal a una empresa privada con fines de lucro, con la anuencia de Raquel Buenrostro cuando era directora general del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ahora es titular de la Secretaría de Economía.
Ese cambio de régimen fiscal agrava la situación financiera del Centro, pues ahora está obligado a pagar millones de pesos en impuestos aplicados de manera retroactiva e ilegal y en detrimento de sus trabajadores, alumnos y su actividad académica.
Además, el Consejo Directivo, en el que participa la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, emitió nuevos y polémicos lineamientos para el uso de sus recursos autogenerados que afectan a sus alumnos, profesores y administrativos. Y, por si fuera poco, en 11
