‘250,000 dólares en efectivo en una bolsa de papel’. Cómo la marihuana legal desató la corrupción en California

En el Valle de San Gabriel, un concejal exigió sobornos a las empresas que querían obtener licencias de cannabis, de acuerdo con una fuente que coopera con el FBI.

En otra pequeña ciudad del Condado de Los Ángeles, un grupo de la industria del cannabis ofreció 15,000 dólares a los candidatos a concejal que se comprometieran a apoyar los cambios en la normativa de la ciudad que querían las empresas de hierba, un intercambio que, según un experto legal, "coqueteaba con los límites" de la ley.

Y, en la zona rural del norte de California, una funcionaria electa presionó para ampliar la cantidad de hierba que las granjas podían cultivar legalmente, una propuesta solicitada por un negocio de cannabis que les estaba pagando a ella y a su marido cientos de miles de dólares para comprar su rancho.

La decisión de California de legalizar el cannabis recreativo en 2016 dio paso a un mercado comercial de hierba de miles de millones de dólares que los funcionarios de muchas comunidades pequeñas y en dificultades esperaban que trajera nuevos empleos y una infusión de ingresos fiscales para gastar en la policía, los parques y las carreteras, pero, para algunas ciudades, las riquezas nunca se materializaron.

En lugar de ello, la llegada del cannabis comercial desató una ola de corrupción, juicios y acusaciones que ha sacudido a los gobiernos locales de todo el estado y los ha dejado con pocas herramientas eficaces para combatir el problema.

Desde las escarpadas montañas cercanas a Oregón hasta el desierto a lo largo de la frontera mexicana, una investigación de Los Angeles Times descubrió que la corrupción u otras conductas cuestionables abarcaban un amplio abanico de actividades: funcionarios públicos que exigían dinero en efectivo a los propietarios de negocios de cannabis para aprobar licencias; funcionarios del gobierno amenazados con violencia física por las regulaciones sobre la hierba; y funcionarios electos que aceptaban dinero de los negocios de cannabis incluso mientras los regulaban. Además, la industria ha donado un torrente de dinero de campaña a los funcionarios de los gobiernos locales a medida que el cannabis se convertía en un nuevo y poderoso interés especial.

Los grupos de presión, los empresarios de la marihuana y los funcionarios públicos afirman que los sobornos y las estafas se han convertido en algo tan habitual en la concesión de licencias de cannabis que parece una parte normal de los negocios.

Rubén Guerra, presidente de la junta directiva de Latin Business Association (LBA), con sede en Montebello, dijo que ha trabajado con 10 solicitantes que tratan de obtener licencias de cannabis de las ciudades del sur de California. Fue testigo de las estafas en efectivo de la mitad de esos solicitantes y notificó a un agente retirado del FBI que conoce.

"Yo estaba justo en medio de las negociaciones y [los funcionarios públicos] me decían que necesitaban esta cantidad", dijo Guerra, añadiendo que la petición de soborno suele oscilar entre 150,000 y 250,000 dólares.

El flujo de dinero corrupto tiene sus raíces en la forma en la que California elaboró su ley de legalización del cannabis para regular una industria que hasta hace poco operaba en la clandestinidad. La Proposición 64, la medida estatal que