Marginada de los procedimientos judiciales, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) fue pasada por alto por la Fiscalía General de la República (FGR) y por un juez federal en la cancelación de órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, desaparición forzada y contra la administración de la justicia giradas en contra de 21 servidores públicos, 16 de ellos miembros del Ejército Mexicano.
Entre esos servidores exonerados por la FGR se encuentra quien fue comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro, el coronel Rafael Hernández Nieto, así como el exfiscal de la entidad, Iñaki Blanco Cabrera, y la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.
En vísperas del octavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, reprochó al juez Enrique Beltrán Sanies, titular del Segundo Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, haber admitido una solicitud para cancelar órdenes de aprehensión concedidas el 19 de agosto pasado, presentada por agentes de la FGR, adscritos a su juzgado y a la delegación estatal de la institución, funcionarios que son ajenos a la tramitación de la
