TREN MAYA: LA ESTRATEGIA DEL DESACATO
Desde 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador sabía que el Tren Maya representaba un potencial conflicto jurídico de gran envergadura por las afectaciones ambientales, impactos arqueológicos, uso de suelo y derechos de propiedad de la tierra.
Ordenó entonces a las dependencias implicadas en la obra agilizar los procesos “para facilitar la tramitología de los tramos ya designados de trabajo”, señaló el entonces director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, en entrevista telefónica con Proceso, el 12 de julio de 2021.
Las dependencias que debieron apurar los permisos fueron las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En ese momento la obra ya llevaba un retraso de cinco meses y para Jiménez Pons era un reto que en diciembre de 2023 el tren estuviera en funcionamiento.
“No sólo son las lluvias o la pandemia. Hay muchas cuestiones; por ejemplo, en el Tramo 3, que se jalan los cabellos los contratistas, van más de 14 mil hallazgos arqueológicos y no se puede avanzar tan rápido porque entran los arqueólogos y, por muy buenas intenciones que tengan, pues les lleva trabajo”, declaró en esa entrevista.
Jiménez Pons fue relevado en junio pasado por Javier May en medio de la
