Gustavo Salas y el espionaje desde la PGR
El espionaje y vigilancia que la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó contra la periodista Marcela Turati, la abogada Ana Lorena Delgadillo y la perito forense Marcela Doretti, bajo una falsa acusación de secuestro y en una aparente represalia por evidenciar irregularidades en la indagatoria oficial sobre la segunda masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, contó con el aval del entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gustavo Rómulo Salas Chávez.
El mando de la PGR, que actualmente es subsecretario de Control de la Legalidad, Procesos y Atención Jurídica a Instancias Federales, del gobierno de Sonora, recibió los informes solicitados de forma “extraurgente” y “confidencial” a diversas compañías telefónicas sobre las llamadas telefónicas entrantes y salientes de las tres mujeres que, desde sus respectivas especialidades, intentaban desentrañar el secuestro y homicidio de 196 personas, cuyos restos fueron encontrados en abril de 2011 en decenas de fosas localizadas en zonas aledañas a las
