En juego, la autonomía y la legitimidad del TEPJF
Promovida por sus pares, la destitución de José Luis Vargas Valdez como presidente del TEPJF refleja un largo proceso de desencuentros entre magistrados en el que convergen las acusaciones por enriquecimiento inexplicable, una historia profesional destacada en áreas y momentos oscuros, así como su desempeño en el órgano jurisdiccional caracterizado por servir siempre al grupo de poder en turno.
“Crisis constitucional”, según el propio Vargas; “crisis institucional” según el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, en sus referencias del jueves 5, luego de que los desencuentros entre los siete magistrados de la Sala Superior desembocaran en una votación para destituir, en ausencia, a su presidente.
En un contexto recargado de litigios pendientes y con la premura de resolver los relacionados con la elección de diputados federales (entrarán en funciones el 1 de septiembre), la crisis detonó en el análsis de Michoacán, donde un distrito fue anulado y la elección de la gubernatura está impugnada y se perfila la nulidad, a diferencia de otros casos en los que Vargas Valdez intentaba dar carpetazos y ejercía una torpe presión que lo confrontó con la
