Con o sin consulta, los expresidentes están en la mira
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que una consulta popular decida si debe investigarse y, en su caso, procesar a cinco expresidentes o no, arrojó luz sobre el cauce que tomarán las investigaciones en caso de que proceda y que, de hecho, independientemente de la consulta, se desarrollan en expedientes ya abiertos.
Se trata de la reapertura, activación o cumplimiento de sentencias que incluyen investigaciones mayoritariamente relacionadas con procesos represivos, violaciones masivas de derechos humanos y la actualización de algunos delitos patrimoniales por los que se sigue pagando –y por lo tanto, se actualizan a cada abono–, que se encuentran en la mira del gobierno de la República, en muchos casos coincidentes con las reivindicaciones de las izquierdas históricas y del propio López Obrador.
Entre éstos destaca, según una consulta realizada al equipo presidencial, el de 295 perredistas asesinados por motivos políticos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y 349 durante el de Ernesto Zedillo, en cuyo periodo ocurrió la matanza de Acteal, en Chiapas, cuando 45 indígenas tzotziles fueron masacrados el 22 de diciembre de 1997. El caso fue procesado en una corte civil estadunidense en un intento de probar una política de Estado, un proceso que en 2012 se frenó respecto a la inclusión del expresidente del fin de siglo,
